Unir sin confundir y separar para distinguir.
Armando Juárez Bribiesca
Nuestra sociedad ha logrado avances importantes respecto de nuestra democracia y la vigencia de los Derechos Humanos, así como de sus garantías. Pero, la preservación de los avances garantistas ya materializados en nuestro ordenamiento jurídico, sólo se logra a través de dos mecanismos: por un lado, mediante el respeto al estado de derecho y el adecuado ejercicio de la profesión por parte de los abogados; del otro, tenemos a los ciudadanos, quienes deben exigir el respeto y preservación de dichas conquistas.
En este contexto, no se debe pensar en la ideología que impera en los sistemas totalitarios, en los que se exige e impone a los ciudadanos la lealtad absoluta al sistema jurídico que se propone e impone, mediante la represión que es lo que distingue al ejercicio arbitrario y absoluto del poder.
Al analizar las formas y no presentar el paquete de reformas, se advierte bastante improvisación y desconocimiento; e incluso, es posible identificar que se desdeña la evolución de la materia penal y la justicia en los últimos 12 años. Es dable considerar que existe una gran cantidad de material, para analizar los avances y retrocesos que acontecieron desde el Código Modelo de la CONATRIB, los Códigos de corte acusatorio de los Estados que estuvieron vigentes y que fueron superados con la entrada en vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. Habría que considerar además, las reformas que ya ha tenido éste último, pues se ha pretendido asimilar y perfeccionar las nuevas instituciones, estructuras y formas de organización conforme a nuestro contexto y cultura jurídica. Al mismo tiempo, se ha generado una tendencia a concretar la expansión del Derecho Penal Autoritario y que se denomina como derecho penal del enemigo. Que al final, es una legislación de guerra, orientada por postulados y la lógica del derecho penal nazi.
En consecuencia, al estar analizando los paquete de la reforma al sistema de justicia penal, filtrado en las redes sociales se debe considerar que de un análisis a dichos documentos, se advierte que NO es posible identificar innovaciones orientadas a consolidar los derechos fundamentales de naturaleza procesal y los Derechos Humanos ya establecidos en nuestra Constitución Política y en los Tratados Internacionales; por el contrario, es posible identificar una pretensión de retomar las viejas instituciones y prácticas inquisitivas a partir de confeccionar un Derecho Penal Autoritario que anteponga al sistema por sobre el justiciable.
Es posible también posible identificar, que las debilidades con las que cuenta el Ministerio Público en la investigación de los delitos (debilidad institucional), se pretende solucionar a partir de limitar y/o restringir los Derechos de los justiciables mediante la presunción de responsabilidad. Llegando al extremo de retomar la vieja idea de detener para investigar, mediante la figura inconvencional del arraigo y la valoración de pruebas ilícitas o que deberían declararse nulas.
Por otra parte, del discurso oficial por parte de quienes impulsan la contrarreforma se advierte que se escudan el argumento de la puerta giratoria, y respecto a éste “argumento” (sic), es claro que comprende todo el cumulo de malas prácticas que fueron heredadas por el sistema inquisitivo mixto y que aún no han sido superadas institucionalmente. Un indicativo que refuta también dicho argumento, es el abuso de la prisión preventiva ya que esta procede en automático cuando se trata del catalogo de delitos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se pretende que puedan ser trasladadas a cualquier prisión especial sin la autorización previa de un Juez. En estos supuestos, basta que el Ministerio Público invoque el delito de que se trata y el Juez de Control procede a imponer la prisión preventiva oficiosa, transgrediendo con ello la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal y limitando gravemente el recurso, juicio o medio de defensa que se interponga, pues se parte de una hipótesis de presunción de culpabilidad.
Se plantea desaparecer a los Jueces de Control y regresar al esquema del sistema inquisitivo que imperó en todo el siglo pasado en el que conocían de todo el proceso penal. Se establece la facultad de designar jueces y magistrados por el Congreso de la Unión, con lo que se le quita dicha facultad al Poder Judicial y con ello se afecta la división de poderes, así mismo se generan las condiciones para criminalizar a los jueces.
Con base en el somero análisis de los documentos en que se comprende la contrarreforma planteada, se advierte un populimos penal radical basado en el desconocimiento y una negativa plena por cambiar la metodología de trabajo inquisitiva, así como superarla por aquélla que corresponde a los sistemas acusatorios y adversariales más evolucionados. El miedo a buscar otro tipo de soluciones satisfactorias es evidente, por lo que se afecta al incipiente debido proceso institucional que se comienza a gestar. Los avances significativos en el ámbito penal, en nuestro país deben preservarse y no arriesgar lo logrado, sólo por la pretensión de instaurar un Derecho Penal Autoritario que se pretende justificar en un discurso sujeto a temas secundarios como podemos advertir.
Es por lo anterior, que molesta e indigna el silencio de los juristas e instituciones vinculadas con el ámbito penal, ante el paquete de reformas propuestas al sistema de justicia que están orientadas por una lógica autoritaria e inquisitiva que pertenece a grupos antagonistas que forman parte del gobierno oficialista.
Véanse las propuestas de contrarreformas que, de concretarse, darían la pauta al gobierno más autoritario de toda la historia de México (Links):
Nota:
Para quienes nos leen, y analicen todos los documentos de la contrarreforma divulgada en redes sociales, les recomiendo tener muy en cuenta los siguientes conceptos a partir de los siguientes autores:
Derecho penal nazi: irracionalismo penal, se recomienda analizar el nuevo libro de zaffaroni al respecto y el clásico de Muñoz conde sobre un estudio de Edmundo Mezguer y su tiempo.
Derecho penal del enemigo: Estamos ante un derecho penal de velocidades como lo refiere Silva Sánchez o una idea conforme al Estado Democrático de Derecho como lo establece Polaino Orts, pues este comprende el tema de proporcionalidad, que se considera hasta en las llamadas medidas de alejamiento que han sido aceptadas y que también deviene en derecho penal del enemigo.
Derecho penal autoritario: Este va más acorde al lenguaje Ferrajoliano versus derecho penal mínimo, partiendo de una estructura en donde la postura positivista incluyente opone barrera al derecho penal con un corte axiologica, muy centrado en el disvalor del resultado más que de acción.
________________________________ De: WordPress.com Enviado: viernes, 17 de enero de 2020 18:29 Para: licjoan@live.com.mx Asunto: [New post] Contrarreforma y Derechos Humanos
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