LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD: EL JUICIO DE AMPARO Y EL COVID-19

Las personas privadas de su libertad, en esta emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que el juicio de amparo se torna en el medio mediante el cual se garantice su derecho al mínimo vital, la salud y a su vida. Lo anterior, porque en el país hace falta una guía nacional y publica que aborde la manera en como lidiar con la enfermedad en las prisiones y en todo lugar de retención o detención.  

Sin duda, el garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, como sociedad nos impone un reto desafiante pero es necesario que todas las autoridades se ocupen al respecto pues los derechos humanos no se detienen ante los muros de las prisiones.

Nos queda claro que la realidad al interior de las prisiones, es distinta a nivel Local y Federal, por lo que los abogados deben analizar los actos reclamados para obtener el acceso a la justicia y a la tutela judicial de forma eficaz.

En dicho contexto, les compartimos el siguiente documento para que les sirva como una guía, para hacer valer los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad y de sus familiares.

Armando Juárez Bribiesca

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO

ESCRITO INICIAL

JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN TURNO.

P R E S E N T E

ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA, por propio derecho y designando como domicilio legal para oír y recibir notificaciones, el ubicado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; autorizando en términos de lo instaurado por el Legislador en el artículo 12 de la Ley de Amparo a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer, lo siguiente:

Que por medio del presente escrito vengo a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal que Usted representa, en contra de los actos que adelante se especifican, y que violan los derechos fundamentales de que es titular el quejoso. A fin de cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo y demás relativos aplicables, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, lo siguiente:

I. El nombre y domicilio del quejoso: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

II. El nombre y domicilio del tercero interesado: xxxxxxxxx.

III. Las autoridades responsables:

ORDENADORAS

 1.- PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;

2.- SECRETARIO DE SALUD FEDERAL

3.- SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

4.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

5.- SUBSECRETARÍA DE CONTROL PENITENCIARIO EN EL ESTADO DE MÉXICO.

6.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

EJECUTORA

1.- CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCION SOCIAL XXXXX

IV. LOS ACTOS RECLAMADOS

a) La omisión de brindar la información suficiente, detallada y transparente en relación con el virus denominado coronavirus COVID 19, así como su impacto en la salud de las personas privadas de su libertad.

b) La omisión de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico para evitar contagio de las personas privadas de su libertad.

c) La omisión de implementar las medidas y medios tecnológicos necesarios para poder seguir en contacto con los familiares y abogados, pues con la suspensión de visitas se da la pauta a la incomunicación de las personas privadas de su libertad;

d) La omisión de establecer y/o elaborar un protocolo para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus al interior del centro penitenciario con la finalidad de proteger la salud y la vida de las personas privadas de su libertad.

e) La omisión elaborar acuerdos o convenios con instituciones públicas y/o privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender la urgencia derivada del COVID 19 al interior del centro de reinserción social, designado personal médico suficiente que proporcione servicios de salud de manera continua y permanentemente a las personas privadas de su libertad.

f) Se solicita que con motivo de la interposición del presente juicio de amparo no se le imponga ningún castigo y/o medidas de represión al quejoso, consistente en el confinamiento en solitario y/o el cambio de celda y/o dormitorio por parte de las autoridades penitenciarias.

g) La omisión de establecer medidas de salud suficientes, y medidas sanitarias adecuadas, así como el distribuir cubrebocas, alcohol y desinfectante en aerosol a todas las personas privadas de su libertad.

h) Omisiones que, por su naturaleza, violentan la esfera jurídica del quejoso, al poner en riesgo su salud y su vida conforme a lo establecido en el artículo 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo vigente con lo que se transgrede el derecho al mínimo vital.

i) La omisión de realizarle al quejoso la prueba mediante la cual se descarte que padece la enfermedad covid-19 y en caso de ser positivo el resultado, ordenar el tratamiento médico correspondiente de forma urgente.

V. Protesta legal. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos que en seguida se narran y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamento de los conceptos de violación, son ciertos.

VI. LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: 1º, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 94, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 15 de la ley de amparo vigente.

VII. ANTECEDENTES:

  1. Que el quejoso, es mayor de edad y de nacionalidad mexicana.
  2. Que el quejoso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  3. Que el quejoso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
  4. El suscrito se encuentra privado de su libertad en xxxxxxxxxx
  5. Que, el presente juicio de garantías se encuentra vinculado con los diversos xxxxxxxx
  6. Que, en el mes de diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan perteneciente a la República Popular China, inició un brote de neumonía denominado como coronavirus “COVID-19” que se expandió y consecuentemente, está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México.
  7. Que, de conformidad con la información difundida por las instancias internacionales y nacionales en materia de salud, dicha enfermedad es de tipo infeccioso y, por tanto, pone en riesgo a muchos grupos vulnerables, incluyendo el sistema penitenciario, en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas o por tocar los objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca; etc.
  8. Que, el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la denominada “COVID-19” pasó a ser una pandemia; y que con fecha 24 de marzo, el Estado Mexicano entró la fase 2 de emergencia sanitaria, en relación con el virus identificado mundialmente coronavirus COVID-19.
  9. Que con fecha 24 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Del mismo se advierten diversas medias medidas preventivas a implementar en relación con diversos sectores de la población y grupos vulnerables. Cabe destacar que, de su redacción, no se menciona el Sistema Penitenciario de manera específica, dada la condición particular de confinamiento y considerado como grupo vulnerable.
  10. Por su relevancia cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo principal objetivo es lograr para todos los pueblos el máximo grado de salud y cuya tarea consiste principalmente en gestionar políticas de promoción, prevención e intervención en salud a nivel mundial. Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación. (S.F.). Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
  11. Que con fecha 30 y 31 de marzo del presente años, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, ACUERDOS por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada respectivamente.

Consultable en:

https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2020&month=03&day=30 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020

  1. Que, en fecha de 12 de abril del 2020, se reportaron en medios de comunicación cinco casos positivos de COVID-19 en el CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINCERSIÓN SOCIAL, CUAUTITLAN MEXICO, y se precisó que hay 19 casos sospechosos de COVID-19 de Personas Privadas de la Libertad (PPL), así como un elemento de seguridad y custodia del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Cuautitlán por el periodista EULALIO VICTORIA.

Consultable en:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reportan-cuatro-casos-positivos-de-covid-19-en-penal-de-cuautitlan

VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

 PRIMERO. DERECHO A LA SALUD Y AL MINIMO VITAL. El artículo 1, 4 Y 22 de la Constitución Federal garantiza a los gobernados el acceso a una SALUD Y A UN MINIMO VITAL DE RECHOS ya que estos derechos fundamentales adquieren toda su relevancia social y jurídica cuando se encuentran comprometidos los más importantes bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico, como sucede en el caso de la materia penal.

Se reitera que estos principios señalados, deben observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y, en general, en toda conducta estatal que afecte derechos. Se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales; es decir, que los contenidos asignados a su actividad no decrezcan lo ya logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho.

Se trata de evaluar a quién beneficia la medida, a quién perjudica, en qué medida cumple el derecho y, en su caso, cómo lo amplía. En este sentido, y específicamente al principio de progresividad con su correlativo al de no regresividad de los derechos humanos, garantiza que no pueden disminuirse, haber retroceso, sólo aumentarse en la mayor medida posible. Efectivamente, los Estados al suscribir instrumentos internacionales, como el propio Estado Mexicano, contraen obligaciones de cumplirlos, en especial cuando se trata de los derechos humanos.

De acuerdo con el principio pacta sunt servanda establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, constituye un deber jurídico para los Estados parte cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas. Por su parte, el artículo 27 de la misma convención establece que un Estado Parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. El incumplir con las obligaciones contraídas provoca la responsabilidad internacional del Estado, según las normas generales del Derecho Internacional. En ese sentido, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, establecen que cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del propio pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en ese instrumento y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

En efecto, todas las autoridades del Estado mexicano conforme a los citados instrumentos y sentenciadas, se encuentran obligados a sujetar sus prácticas a los estándares de protección internacional, principalmente en los supuestos que ofrezcan las mayores protecciones.

Por otra parte, se trata de un imperativo de adecuar el derecho interno a los instrumentos supranacionales, y en el caso que nos ocupa, cobran mayor relevancia con los criterios que sobre el derecho a la protección de la salud para personas internas en un centro carcelario, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacando lo siguiente:

a) El derecho a la integridad personal, en lo que se refiere a personas privadas de la libertad. El propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Parte. En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano (párrafo 85).

b) Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado, debido a que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre ellas. El Estado debe asegurar que la internación no someta a la persona a una angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida.

c) La posición de garante que tiene el Estado, respecto a los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia, implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención; por lo que -concluyó- su falta de cumplimento puede resultar en una violación de la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La demanda de amparo debe analizarse íntegramente, como un todo y estudiarse todos los conceptos de violación que se adviertan en cualquiera de sus capítulos, privilegiando el estudio de aquellos que de resultar fundados redunden en el mayor beneficio para los quejosos, en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo.

Es causa de agravio y se violan de manera continuada en perjuicio del quejoso, el acceso y derecho a la salud, reconocido en los artículos 1°, 4°, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 1, 2 , 3 de la Ley General de Salud, 11 del Reglamento de la Ley General de Salud, 72, 73, 74, 76, 77 y 80; artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y que el Estado Mexicano se comprometió internacionalmente a respetar, entre los que destacan universal y convencionalmente, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 14 (2000), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15 (2002), así como el diversos artículos 24, 25, 26, y 27 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, y la jurisprudencia internacional derivada de los casos: “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay , Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, Yvon Neptune contra Haití y Vélez Loor contra Panamá, entre otros; en la medida en que las Autoridades Responsables a esta fecha, ante la nueva amenaza mundial (COVID-19) considerada ya pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y en donde el estado Mexicano recientemente entró la Fase 2 de contingencia (24 de marzo del presente), atendiendo a la situación fáctica del quejoso dada su reclusión en un centro penitenciario, en donde subyace hacinamiento, y éste propicia la propagación de enfermedades, y dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud, no han sido capaces ni efectivas (por omisión), en brindar la información suficiente, detallada y transparente en relación al virus señalado, así como de proporcionar de manera individual equipo sanitario específico para evitar contagio, y tomar las medidas necesarias para poder seguir en contacto con los familiares ante un eventual suspensión de visitas al interior; y es por ello, se asume inexistencia de un protocolo para prevenir, o en su caso, contener y evitar la propagación del virus al interior.

Debe decirse, que las omisiones referidas, dada su naturaleza, violentan la esfera jurídica del quejoso, y ponen en riesgo dada su naturaleza, la salud física y emocional, al encontrarse en un estado de incertidumbre permanente, colocándolo en una situación grave de riesgo sanitario y que puede atentar contra la vida misma.

Es por ello, que la inactividad Estatal ante dicha situación configura una pena inusitada y trascendental prohibida por la Constitución Federal, que debe ser restituida a la brevedad, elaborando un verdadero plan de acción que mantenga informado al quejoso como parte de la población penitenciaria, a los visitantes y personal institucional sobre las medidas preventivas que deberán adoptarse, estableciendo un programa de seguimiento sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19. Asimismo, se deberá sensibilizar a los visitantes y personal penitenciario que se encuentra en contacto con el quejoso sobre las zonas de mayor peligro, evitando hacinamiento en las instalaciones, dotando de productos necesarios suficientes, entre los que encuentren agua y jabón, cubrebocas, alcohol en gel y desinfectante en aerosol.

Lo anterior, en estricto apego las disposiciones señaladas en el capítulo respectivo, en concordancia la Ley General de Salud y de Ejecución Penal, bajo la premisa de que las bases de la organización del sistema penitenciario deberán respetar los derechos humanos, como el de la salud, pues este, es uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud.

Sobre el particular, cobra suma relevancia los resuelto por la jurisprudencia internacional y obligatoria en el caso Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay, mediante sentencia de fecha 2 de septiembre del 2004, y que en su parte conducente por lo que concierne al Derecho a la Vida Digna, Reclusos y detenidos y Deber de respeto y garantía determinó lo siguiente: “.Este tribunal ha establecido que quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Frente a las personas privadas de la libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de su libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar.

En suma, el Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias practicas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida… Tratándose de personas privadas de la libertad el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que ejerce un fuerte dominio sobre este grupo de personas, generándose una relación particular entre el Estado y la persona 2 (Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112). [Escriba aquí] privada de su libertad, en primer lugar, por la capacidad del agente estatal de regular los derechos y obligaciones de la población específica, y en segundo lugar, porque la situación de restricción de libertad impide a las personas que la padecen satisfacer sus necesidades esenciales para el ejercicio de una vida digna. Es justo en este punto donde el Estado adquiere una posición particular frente a los gobernados en reclusión, pues es menester que asuma responsabilidades e iniciativas particulares para garantizar el ejercicio de los derechos de que todo ser humano goza, excepto de aquellos que por la condición especial de la privación de la libertad se ven restringidos.

Así las cosas, adicional a la obligación del Estado y sus autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, se suma la condición de que su ejercicio no depende de situaciones de hecho o de derecho, sino las que la misma ley establece. De manera que en todos los casos los seres humanos tienen derecho al pleno ejercicio de las prerrogativas reconocidas en instrumentos nacionales y nacionales, incluyendo a las personas que por cualquier motivo se encuentren privadas de su libertad, pues restringir o suspender el ejercicio de sus derechos humanos por esta condición atentaría de manera directa y flagrante contra la dignidad humana. Habida cuenta el hecho de estar privado de la libertad no es circunstancia suficiente para restringir el derecho a la salud, no obstante la condición de encierro si resulta un obstáculo para que yo pueda por propios medios garantizar el ejercicio de mi derecho frente a la actual pandemia por Coronavirus (Covid-19), es aquí donde el estado en su posición de garante debe asumir iniciativas particulares que garanticen la propagación, contagio y debida recuperación de la población recluida en este centro de reinserción social, en especial las medidas que garanticen la protección de mi derechos pues al no asumir la responsabilidad que le atañe y no tomar las medidas necesarias se vulnera de manera directa y flagrante mi derecho a la dignidad humana.

Efectivamente, las Autoridades señaladas como Responsables, y en general todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad tomando en consideración de manera obligatoria, no sólo el derecho interno, sino el internacional. Décima Época Núm. de Registro: 2019358 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.) Página: 486:

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Tesis de jurisprudencia 8/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos mil diecinueve.

Época: Novena Época Registro: 169316 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [Escriba aquí] Tomo XXVIII, Julio de 2008 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 1a. LXV/2008 Página: 457:

DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

De las anteriores transcripciones, se desprende con claridad el reconocimiento del derecho a la salud y su efectividad, de tal manera que los sujetos obligados a prestar o brindar dicho servicio, lo hagan de manera efectiva y, en caso de no ser así, los tribunales emitan resoluciones en las que se logre el respeto y, en su caso, restitución del derecho violado, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos tratados internacionales en la materia, han establecido que los derechos económicos, sociales y culturales generan tres tipos de deberes para el Estado: 1) proteger el núcleo esencial del derecho; 2) realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 3) no adoptar injustificadamente medidas regresivas. Efectivamente, las autoridades legislativas y administrativas a quienes se les encomienda la creación de las normas jurídicas, están obligados a cuidar el cumplimiento de los principios enunciados en el artículo 1° constitucional, entre ellos el de progresividad y su correlativo de no regresión o regresividad, conforme al cual una vez reconocido un derecho humano, no puede haber retroceso, de manera que los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales tienen una protección reforzada.

En este sentido, es claro que las Responsables, no tienen justificación alguna para haber omitido la creación de Normas, Acuerdos, Circulares o cualquier otra disposición de emergencia, que permita al quejoso prevenirse contra la propagación del virus COVID19, pues las Autoridades señaladas tienen facultades para realizarlo, e inclusive, ante la falta de disposición o protocolo expreso, poder realizar los ajustes razonables a las disposiciones vigentes en el centro de reclusión, entendidos como aquellos modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas al caso particular para hacer efectivo el derecho a la salud ante este nuevo virus a fin de establecer medidas y lineamientos específicos con base a la Organización Mundial de la Salud. Además, de que el Estado no puede invocar razones económicas para dejar de cumplir con sus obligaciones, en el entendido que la Corte IDH ha sido enfática al señalar que las personas privadas de la libertad serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y que de conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes.

En tal sentido, los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano. Lo anterior, cobra sentido cuando la sanción es privativa de la libertad, la persona adquiere derechos que corresponden a actividades prestacionales por parte del Estado, cuyo contenido es muy similar al de los derechos sociales con la diferencia de que, fuera de los reclusorios, esos derechos son de satisfacción progresiva mientras que, en reclusión, los mismos se vuelven exigibles, asimilándose en su naturaleza a los derechos civiles, en tanto no están sujetos a las disponibilidades del Estado (por ejemplo, el derecho a no ser arbitrariamente detenido, que no se puede limitar alegando falta de presupuesto). Esto es así porque, de lo contrario, la pena de prisión se vería agravada al privarse a los internos de satisfactores básicos para preservar su dignidad, como se examina al referirnos a los derechos implícitos. Y al no actuar así los Estados, por obvias razones, se desprenderán consecuencias jurídicas importantes para las autoridades que ejercen este control y que, incluso, pueden tener efectos penales ante conductas omisivas por parte de las autoridades penitenciarias.

No es óbice señalar que, ante el supuesto de que las responsables refieran no tener recursos económicos, deberá probar que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y tutela de un derecho humano COMO LA SALUD Y LA VIDA no pueden justificarse al pretenderse argumentar la supuesta falta de recursos.

Los responsables del sistema penitenciario y de la atención a la salud en la República Mexicana, deben atender la situación que se vive actualmente en los centros de reclusión del país, para que el quejoso goce del pleno derecho a la salud, bajo los estándares nacionales e internacionales.

Al respecto, Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, van encaminadas a garantizar la obligación de proteger la salud física y mental de las personas internas, y de prevenir y tratar las enfermedades, así como prever la responsabilidad del Estado de prestar los servicios médicos de acceso gratuito a la población, sin discriminación, gozando de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior.

De tal forma, para una adecuada organización del Sistema Penitenciario, es indispensable tener presente y atender lo previsto en el artículo 1º de la Carta Magna, respecto a que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en este caso específicamente el derecho a la salud, lo cual incluye a las personas que se encuentran en prisión. Finalmente, habrá que decir que todas las normas e instrumentos referidos, ponen de manifiesto que el Constituyente Federal y la comunidad internacional han tenido como tarea primordial, la creación de normas cuya finalidad es obtener el ejercicio pleno del derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción.

Esa obligación se maximiza tratándose de grupos vulnerables de la sociedad, como son aquellos integrados por personas recluidas en los centros de reinserción social, pues carecen de medios propios para acudir libremente a los servicios médicos públicos o particulares para atender sus padecimientos; de ahí que, en ese aspecto, dependen absolutamente de las autoridades penitenciarias.

Por tanto, los entes gubernamentales encargados de la administración de los centros de reclusión deben privilegiar el destino de los recursos para contar con instalaciones adecuadas y personal calificado para prestar el servicio mencionado, en coordinación permanente y eficaz con el sistema de salud pública.

SEGUNDO. DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 17 de la Constitución Federal garantiza a los gobernados el acceso a una justicia pronta y expedita. Este derecho fundamental adquiere toda su relevancia social y jurídica cuando se encuentran comprometidos los más importantes bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico, como sucede en el caso de la materia penal.

Pues bien, en la especie, la autoridad responsable ha sido omisa en dar seguimiento correspondiente a la carpeta de investigación de mérito respetando el derecho a la salud del quejoso y a la libertad, con lo que se obstaculiza en forma injustificada el acceso de mi representada a dichos derechos fundamentales, máxime que con su actuación omisiva se mantiene una situación que genera sucesivos perjuicios. Resulta aplicable el siguiente criterio:

Época: Novena Época Registro: 171257 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Página: 209

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

 De modo que las promociones y peticiones que insistentemente se han enderezado a autoridad responsable para que accione debieron recibir atención y merecer un acuerdo conforme a los protocolos que aplican en tratándose de personas pertenecientes a grupos vulnerables, sin que dicha circunstancia se actualizara, causando con ello un grave perjuicio a mi salud a y a mi libertad, debido a que se mantiene el estado de indefensión e incertidumbre jurídica. En efecto, la omisión de dar seguimiento conforme a los protocolos de actuación o proveer de alguna manera lo necesario para proteger la salud del suscrito en atención al covid-19 me causa en severo perjuicio. Resultan relevantes los siguientes criterios:

DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

IX. COMPETENCIA

 Es competente para conocer de este Juicio de Amparo Directo un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones  III, inciso a), V, fracción c), VI y XI de la Constitución General de la República; 33, fracción II, 34 y 176 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción III, 33 y 37, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales  de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de Febrero del año 2013, en sus puntos marcados como PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I, punto 1, y TERCERO, fracción I, y el Acuerdo General número 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona al similar anterior.

X. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO

 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 130 y 131 de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva de los actos reclamados, aplicada como una medida cautelar de carácter negativo con efectos positivos, atendiendo a la naturaleza de los derechos violados, mismos que se traducen en penas inusitadas y trascendentales de tracto sucesivo, destacando la violación al derecho a la salud por omisión. Época: Décima Época Registro: 2018959 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 11 de enero de 2019 10:12 h Materia(s): (Común) Tesis: I.18o.A.22 K (10a.)

PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE AMPARO, A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO HOMINE, LLEVA A CONSIDERAR QUE CIERTOS RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD QUE CONSTITUYAN UN RIESGO DE VIDA ACTUALIZAN EL DEBER DE LOS JUZGADORES DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE LA SUSPENSIÓN, AUN CUANDO NO SEAN COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO, DE MANERA PREVIA A DIRIMIR CUALQUIER CUESTIÓN COMPETENCIAL. El artículo 48 de la Ley de Amparo establece que, por excepción, los Jueces deben pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado aun cuando consideren que no son competentes para conocer del juicio y previo a plantear su incompetencia, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado implique “peligro de vida”. Este precepto no admite solamente una interpretación literal conforme a la cual, “el peligro de vida” se actualice sólo en casos en que haya una persecución letal o una pena de muerte o casos como los que, en otras épocas históricas, eran esperables entender que quedaban referidos en tal expresión, en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo. Una interpretación de tal expresión, sensible a las problemáticas actuales y a la protección de los derechos humanos, lleva a considerar que son diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo a las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplazable y de carácter urgente proveer sobre la medida cautelar. DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Conflicto competencial 9/2018. Suscitado entre los Juzgados Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 21 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: Carlos Eduardo Hernández Hernández.

Época: Décima Época Registro: 2015786 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.10o.A.6 K (10a.) Página: 2005

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO O DE EJECUCIÓN CONTINUA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Los actos positivos de ejecución continua o de tracto sucesivo, son aquellos que se traducen en un hacer por parte de la autoridad, cuyos efectos no se consuman inmediatamente, sino hasta que se desarrolla un número determinado de actuaciones subsecuentes. En ese sentido, si el acto reclamado establece un procedimiento que se traduce en la consecución de una serie de etapas previamente establecidas, que habrán de culminar con el resultado pretendido por la autoridad, atento a que tiene la misma naturaleza de los señalados, procede conceder la suspensión en el amparo promovido en su contra, en términos del artículo 150 de la ley de la materia, siempre que se cumplan los requisitos del numeral 128 del propio ordenamiento. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 318/2017. Verificación 100 Metros, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Moisés Chilchoa Vázquez. Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

La naturaleza de la medida cautelar solicitada, supone evitar perjuicios tanto de imposible como de difícil reparación, y que una vez ponderada la apariencia del buen derecho con el perjuicio del interés social o al orden público para el caso concreto, se llega a la conclusión de que no existe afectación alguna, máxime que existe disposición legal y jurisprudencial que lo permite. Por su parte, la Corte Interamericana en su jurisprudencia, ha referido que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones o por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia. Así, el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. Dada la condición del quejoso al estar privado de su libertad, haciendo valer el derecho a la salud, mismo que se encuentra constitucional y convencionalmente protegido, y atento al acto reclamado precisado consistente diferentes omisiones que realmente lo garanticen, en los términos precisados. 

Estimar una actuación diversa, en donde subsista la omisión reclamada, se traduciría en un avance del virus al interior del centro, y la propagación en un área confinada, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute del derecho humano a la salud y la vida. Debe indicarse, que en tratándose del derecho a la salud se debe considera r que las omisiones vulneran el mínimo vital al que todo recluso debe tener acceso y que las autoridades penitenciarias están obligadas a proveer los medios necesarios para preservar la vida del quejoso, sin que puedan alegar la insuficiencia de recursos como un impedimento para satisfacer la obligación de asegurar el disfrute de los derechos dentro de las circunstancias existentes, como lo ordena el artículo 1o., 4 y 22 constitucional.

Al respecto, son aplicables los siguientes criterios: Décima Época Núm. de Registro: 2015908 Instancia: Plenos de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: PC.XVI.P. J/1 P (10a.) Página: 1421

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo. PLENO EN MATERIA PENAL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. Contradicción de tesis 1/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito. 25 de septiembre de 2017. Mayoría de tres votos de los Magistrados Roberto Hoyos Aponte, quien hizo uso del voto de calidad que le otorga el artículo 42 del Acuerdo General 8/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Jorge Luis Mejía Perea y Alberto Augusto De la Rosa Baraibar. Disidentes: Francisco Javier Araujo Aguilar, Arturo Rafael Segura Madueño y José Nabor González Ruiz. Ponente: Roberto Hoyos Aponte. Secretario: José Alejandro Gómez del Río.

Décima Época Núm. de Registro: 2020430 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 55/2019 (10a.) Página: 1270

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión } de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento.Contradicción de tesis 42/2018. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 7 de noviembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Ricardo Monterrosas Castorena.

Décima Época Núm. de Registro: 2017844 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2018 (10a.) Página: 827

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto –al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación–, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido.Contradicción de tesis 367/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de enero de 2018. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jorge Vázquez Aguilera. Décima Época Núm. de Registro: 2020283 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 68, Julio de 2019, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.18o.A.33 K (10a.) Página: 2160

Suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, señalando día y hora para que tengan verificativo las audiencias Incidental y Constitucional respectivamente, requiriendo a las Autoridades Responsables para que dentro de los términos legales rindan sus respectivos informes previos y justificados Asimismo solicito copia certificada de la resolución que conceda la suspensión solicitada.

         Por lo anteriormente expuesto a Usted Juez de Distrito en materia penal del Segundo Circuito, en Turno, respetuosamente solicito y se sirva:

         PRIMERO. – Téngase por interpuesta la presente demanda de amparo indirecto en tiempo y forma; por señalado el domicilio indicado para oír y recibir todo tipo de notificaciones y por autorizados en términos del artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo a los profesionales en derecho señalados en el proemio de esta demanda.   

            SEGUNDO. – Provéase y otórguele la suspensión de oficio y de plano.

          TERCERO. – Notifíquese a las partes la interposición del juicio de amparo indirecto; requiérase a las Autoridades Responsable para que de manera urgente remitan su informe con justificación.

            CUARTO. – De Usted Juez de Distrito, provéase la admisión de la demanda de amparo indirecto y notifíquese a las partes.

         QUINTO. – Se ordene la protección de los datos de la aquí quejosa conforme a las leyes aplicables.

ARMANDO JUAREZ BRIBIESCA