Tópicos en torno a la suspensión o el aplazamiento del juicio oral en el ámbito penal.

§1. A causa de la emergencia sanitaria nacional y la pandemia mundial, ocasionada por el covid-19; los operadores jurídicos nos enfrentamos a la suspensión de las audiencias en el proceso penal acusatorio y oral (necesario distinguir procesalmente entre interrupción y suspensión del proceso) de forma general. Lo que genera una afectación a los derechos de los justiciables derivado de la limitación y restricción de derechos fundamentales por la suspensión de labores en la administración e impartición de la justicia (local y Federal).

§2. Para los operadores jurídicos en el ámbito penal, es bien sabido que el problema de la suspensión o el aplazamiento de las audiencias en el proceso judicial, lo que no sólo se ocasiona por consecuencia del covid-19 (extraprocesal), y ello es posible aseverarlo, porque en condiciones de normalidad resultaba una cuestión común que el juicio oral en el ámbito penal al ser la etapa más importante del proceso penal fuera suspendido o aplazado (intraprocesal); y la importancia que refiero, no es menor o trivial, pues es precisamente en el juicio oral que se sigue ante un Tribunal de Enjuiciamiento que se materializan los principios que rigen el proceso penal y el sistema de prueba de manera plena.

§3. Para fines prácticos solo nos ocuparemos de las audiencias comprendidas en el juicio oral que se sigue ante un Tribunal de Enjuiciamiento y su aplazamiento en el ámbito penal, así como la suspensión o aplazamiento, lo que puede generar con el transcurso del tiempo: desconfianza y descrédito en la administración de justicia ante la falta de administración e impartición de justicia.

§4. Es dable avocarnos, a la identificación de las causas legitimas por las que se puede suspender o aplazar válidamente el proceso penal, e identificar aquellos casos en los que puede resultar ilegal dicha suspensión o aplazamiento; por lo que, en caso de estar ante una hipotesis ilegal por supuesto que el proceso penal debe reactivarse a través del recurso, juicio o medio de defensa. Por tanto, es necesario considerar lo establecido por el legislador en el Libro Segundo del Procedimiento, Título VIII, de la Etapa De Juicio, en su Capítulo II Principios del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en lo que interesa se transcribe:

Artículo 351. Suspensión

La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de diez días naturales cuando:

Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata;

Tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones;

III. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública;

El o los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate;

El Defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior, o en caso de muerte o incapacidad permanente, o

Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación.

El Tribunal de enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. El Tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 352. Interrupción

Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un Tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo.

Artículo 353. Motivación

Las decisiones del Tribunal de enjuiciamiento, así como las de su Presidente serán verbales, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión.

No debemos perder de vista el debate con base en el que se pretenda definir y establecer, si las audiencias en juicio oral en el ámbito penal se deben realizar conforme a determinados protocolos de actuación y en los que también se proponga la utilización de los medios tecnológicos en su realización. El debate indicado, no es sencillo pues trasciende e impacta en el Derecho de Defensa del justiciable y los Derechos de la Víctima.

§5. Con base en la incipiente experiencia de quien escribe y siguiendo las consideraciones de inicio planteadas, considero que es indispensable no perder de vista que el principio de concentración (que impacta en el plazo procesal y el término), e impone la obligación de que todas las actuaciones procesales y en especial lo referente a las pruebas, se realicen con el mínimo de aplazamientos posibles a fin de que el proceso penal acusatorio y oral no se fraccione.

§6. Por otra parte, tenemos el principio de inmediación que se encuentra íntimamente vinculado con el Derecho a la Defensa del justiciable y de la víctima en el juicio oral, pues deben tener bien asimilado que la inmediación no es sustituible y que podría verse limitado dicho principio, por la falta de contacto directo con el Tribunal de Enjuiciamiento; por lo que se debe analizar cuidadosamente por las partes la pertinencia del uso de las nuevas tecnologías, en la impartición y administración de justicia (videoconferencia).

§7. Luego entonces, para que la suspensión o aplazamiento del proceso penal acusatorio y oral, mantenga la validez de los actos es necesario encontrar su justificación a partir del principio de concentración y conforme a lo establecido en el Código Nacional y los acuerdos emitidos por el Poder Judicial Federal y Local; y es bajo este parámetro, nos resultará posible identificar si la suspensión o aplazamiento del proceso penal, es breve o si es prolongada; si afecta o no derechos fundamentales conforme al caso concreto.

§8. Los presentes planteamientos, tienen la finalidad de estar en condiciones de analizar las consecuencias de la suspensión o del aplazamiento, desde el principio de unidad de acto y su impacto en el desarrollo del Derecho de Defensa, así como en el derecho a la prueba (considerando los limites intrínsecos y extrínsecos que impactan en el proceso penal) en juicio oral.

§9. Es necesario considerar también que, el principio de publicidad importa, porque permite que las actuaciones ante los Tribunales de Enjuiciamiento en tratándose de un juicio oral en el ámbito penal, sean presenciadas por la sociedad a quienes les debe interesar el tipo de justicia que imparte el Estado, y con ello, se busca fortalecer y legitimar la confianza en la administración e impartición de la justicia.

§10. Sobra decir que, la publicidad de las audiencias permite, incluso limitar las actuaciones arbitrarias de cualquiera de las partes. Y también es necesario considerar, que este principio tiene excepciones, pensemos por ejemplo en los casos en los que se decide un caso en el que intervienen víctimas menores de edad.

§11. Las excepciones indicadas respecto de la suspensión, aplazamiento, el principio de concentración y el principio de publicidad del proceso penal acusatorio y oral, impactan directamente en el derecho fundamental a tener un proceso penal en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, por ello es dable tener en cuenta: las inadecuada conductas procesales de las partes, el exceso de rezago judicial en los Tribunales de Enjuiciamiento, la defectuosa organización en los Tribunales de Enjuiciamiento, y el comportamiento poco profesional del Tribunal de Enjuiciamiento o de las partes.

§12. En consecuencia, es necesario considerar el principio de celeridad procesal y el de economía procesal, ya que impactan en la administración e impartición de justicia en tratándose del Juicio oral que se realiza ante un Tribunal de Enjuiciamiento en el proceso penal acusatorio y Oral.

§13. Considero que ya es tiempo de contar con estudios objetivos en los que se analice lo correspondiente a la paralización de la actividad procesal en el ámbito penal, para contar con datos objetivos para su interpretación. Pues, abordar este tema en las condiciones actuales, nos obliga acudir a la experiencia que se obtiene en la práctica, por lo que se pueden tener visiones contradictorias o adentrarse al análisis de las manifestaciones particulares.

§14. Las causas que afectan el desarrollo de un juicio oral ante un Tribunal de Enjuiciamiento en el ámbito penal, es claro que impactan y afectan en el desarrollo del asunto; y pueden ocasionarse por factores intraprocesales o extraprocesales, lo que impacta en el alcance y forma de la suspensión emitida conforme a la legislación procesal por ser un hecho extraordinario que torna imposible su continuación.

§15. Es dable concluir, que algunos justiciables y sus abogados enfrentan dos problemas en sus procesos penales; por un lado de forma intraprocesal, tenemos que previo a la pandemia y con el argumento del rezago judicial, así como la adecuada conducta procesal de las partes, se diferían sus audiencias en juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento por un lapso considerable (entre quince días a un mes en promedio), por el otro y de forma extraprocesal, estamos ante una suspensión de actividades que muy probablemente se extienda hasta julio del 2020 por la falta de acciones efectivas por parte del gobierno y la irresponsabilidad de nuestros gobernantes ante la pandemia. Lo que, da como consecuencia a limitación y afectación a Derechos Fundamentales en grados diferenciados que deben combatir por medio del recurso, juicio o medio de Defensa comprendido en la legislación.

§16. Respecto de la limitación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, considero de inicio que se podría pensar que las limitaciones que se ocasionan por causa de la pandemia por el covid-19, devienen en un exceso; e incluso, se podría exigir que con extremar las medidas sanitarias y establecer los protocolos de actuación en las salas de audiencias, se tendrían las condiciones para proseguir con los procesos penales. Lamentablemente la realidad no corresponde y basta acudir a las Fiscalías para percatarse por sí mismo, que los funcionarios públicos trabajan en condiciones deplorables respecto de los medios que se necesitan para realizar su trabajo en el contexto de una pandemia. Y, deviene en un exceso la pretensión punitiva del Estado, que omite el poner en riesgo la salud de los operadores jurídicos y por consecuencia su vida, así como de la sociedad.

§17. En esta lógica, podemos aseverar que el principio de concentración comprende excepciones para su materialización, y la suspensión ocasionada por el covid-19, es un buen ejemplo. Por lo que, en el ámbito local se debe tener en consideración el contenido de los ACUERDOS 6/2020, 39-14/2020, 3-15/2020, 39-14/2020, V-15/2020 y V-19/2020 emitidos por el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Consejo de la Judicatura local, y con base en éstos, resulta posible identificar la ampliación de supuestos en los que es posible actuar en el proceso penal y las características que corresponden a un caso urgente para su judicialización procurando en todo momento no poner en riesgo la salud de los operadores jurídicos ante el covid-19 en la Ciudad de México.

§18. En este contexto en el ámbito Federal, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus Covid-19 y determinó la suspensión de la totalidad de las labores en los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte; además, que con motivo de ello, no correrían los plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias ni sesiones de los Plenos de Circuito, entre otras cosas.

§19. Posteriormente, mediante el Acuerdo General 6/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que la suspensión de la totalidad de las labores en los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación se postergaría hasta el cinco de mayo de dos mil veinte; y permitió la calificación de asuntos urgentes, partiendo de un análisis de los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia.

§20. Luego, por Acuerdo 8/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, incluyó un catálogo de “casos urgentes”, a fin de dar certeza tanto a los titulares como a los justiciables, dejando al prudente arbitrio de los juzgadores para determinar los casos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que los rijan y consideró necesario la prolongación del período de contingencia hasta el treinta y uno de mayo de la presente anualidad. Por lo que, para la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe justificar que los actos reclamados se encuadren en alguno de los supuestos contenidos en el “catálogo de casos” que contempla el Acuerdo General 8/2020.

§21. En esta ocasión, hemos planteado diversos aspectos que nos interesan a los operadores del sistema penal, y consideramos que ante la pésima gestión de la pandemia ocasionada por el covid-19 por parte de nuestros gobernantes, es que los invitamos a extremar medidas sanitarias. De los asuntos que nos ha tocado atender en la emergencia sanitaria, nos ha resultado posible identificar el valioso trabajo de los funcionarios públicos pertenecientes a las Fiscalías y al Poder Judicial, pero también nos hemos percatado de las precarias condiciones laborales que potencializan el riesgo de la salud y de la vida de todos, ante un virus altamente contagioso y muy letal.

 

Licenciado Armando Juárez Bribiesca