UNA VISIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN CHILE Y SUS NUEVOS DESAFÍOS.

Marco Antonio Medina Ramírez[1]

Introducción.

La enseñanza del derecho en Chile, en los últimos años ha sido materia de ardua discusión, ya que existen diversos factores que han hecho aumentar cuantitativamente los abogados en ejercicio profesional, sin duda que uno de los factores que incide en ello es la creación de universidades privadas, lo que permitió la masificación de estudiantes de derecho, fenómeno que no es menor, según las cifras que se entrega por los órganos especializados y departamentos autorizados, como la oficina de títulos y grados de la Corte Suprema o la misma Academia Judicial, de 1997 a 2014 se cuadruplicaron los abogados que juran anualmente, sumando en esos 17 años un total de 32.661 abogados en Chile.

Desde el año 2010 las críticas a la formación de los licenciados en ciencia jurídicas, se hizo más aguda, ya que el mismo Presidente de la Corte Suprema de la época don Milton Juica, expresó su gran preocupación.

La profesión de abogado cada día plantea nuevos desafíos y aptitudes que deben ser desarrolladas por quienes ejercen la profesión. Sin embargo, hay características propias de la abogacía que trascienden a los años y vienen siendo en sustento que es la base del profesional del derecho.

El presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Señor Sergio Muñoz, en un discurso de juramento de nuevos abogados y abogadas, realizado en Agosto de 2014, resumió estos pilares de la siguiente manera:

Primera cuestión: el abogado en su ejercicio profesional cumple una función pública, porque son los únicos a quienes el Estado le confiere la autoridad de defender ante los Tribunales de Justicia, los derechos de las partes litigantes, quienes a su vez por mandato constitucional tienen siempre derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. De modo que la responsabilidad que asumen es trascendente.

Segunda cuestión: La profesión de abogado, por los derechos comprometidos, se nutre esencialmente de reglas, desde luego las jurídicas y también de modo principal, las morales. De modo que hay que atender a los requerimientos que la deontología exige, ésta se basa en códigos de ética que de modo principal hay que observar, ya que dicho texto se preocupa de cuestiones esenciales para el prestigio de la abogacía, partiendo por exigir de un jurista el de cuidar el honor y la dignidad de la profesión; que las actuaciones del mismo deben promover, y en caso alguno afectar, la confianza y el respeto por la profesión, la correcta y eficaz administración de justicia, y la vigencia del estado de derecho. Hay muchas más que es útil aplicar y para ello, parece necesario interesarse por las asociaciones gremiales que promueven el comportamiento ético y también el reproche por las inconductas. Si se acercan a dichas nobles instituciones recibiréis el código que les enseñará a asegurar la dignificación de la profesión.

Aparte de lo anterior, la literatura se preocupa de otros temas relativas a la actitud deseable del ejercicio profesional y entre ellas el respeto recíproco que debe existir entre los jueces y abogados, porque como decía Calamandrei : “El juez que no guarda respeto al abogado, como el abogado que no se lo guarda al juez, ignoran que la abogacía y magistratura obedecen a la ley de vasos comunicantes; no se puede rebajar el nivel de una sin que el nivel de la otra descienda al mismo grado”.

Por otra parte, es necesario cultivar otras virtudes que, además del respeto y lealtad, son consustanciales en el ideal del buen abogado, como es la exigencia de la sabiduría, la conducta y el estilo, que no voy a profundizar por ahora, para no abrumarlos de responsabilidades futuras, pero que sin duda con el estudio constante del derecho, se irán incorporando en el conocimiento para mejorar su acervo cultural y moral.- Testigos de esta promesa de cumplir los deberes que se exigen para ser buen abogado, son sus parientes y amigos que con esperanza y alegría los han acompañado en esta ceremonia solemne, traten por todos les medios de no defraudarlos, que en el fondo es defraudar a la sociedad.[2]

Del precedente discurso se pueden extraer dos ideas fundamentales.

El control ético de los abogados y el desempeño de estos profesionales en tribunales.

Es de sumo interés del máximo Tribunal de nuestro país, la Excelentísima Corte Suprema, el velar por que las personas que juran como abogados cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley, pero además de ello, es de gran preocupación el aumento de los abogados que juran cada año.

En marzo del año 2009, en cumplimiento de las obligaciones que la ley impone, el entonces Presidente de la Corte Suprema, ministro Urbano Marín, dio cuenta de la labor de los tribunales el año 2008. Dentro del apartado VII, en el punto 4 (p. 13) de su exposición el alto magistrado declaró:

Es preocupante el número de abogados que se han titulado en el último tiempo. Desde 1997 y hasta 2008 han recibido sus diplomas 15.894 profesionales, a los que se suman los 350 que juraron en enero pasado. Como le corresponde otorgar el título, a la Corte Suprema le inquieta no sólo la cantidad de profesionales que se han incorporado a la abogacía, sino la calidad de su preparación y los riesgos que un alto número de letrados en competencia representa para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal[3].

Dos problemas, por consiguiente, se asocian, en la exposición del entonces Presidente del máximo tribunal nacional, el de la preparación, es decir, el de la calidad de la formación de los profesionales y el de los riesgos que correría la ética profesional a raíz de un número excesivo de los mismos.

Han pasado más de seis años de esta exposición y no han sido las aguas muy calmas sobre esta temática, en especial por la Corte Suprema , quien otorga o niega el título de abogado a los licenciados en ciencias jurídicas de la universidades chilenas, que presentan sus antecedentes a la oficina de títulos y grados, y es en esta sede donde se verifican todos y cada uno de los requisitos legales y académicos de los postulantes al juramento de abogado.

Frente a este acalorado debate, como formador de abogados por muchos años en diversas universidades chilenas y actualmente con la gran responsabilidad y honor de dirigir como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Aconcagua , es que escribo este aporte como ideas que aporten a la formación de nuestros futuros abogados chilenos.

Experiencia chilena de la enseñanza universitaria del Derecho

Para entender el fenómeno en estudio, presento un breve análisis histórico de la enseñanza del derecho en nuestro país.

En Chile, específicamente la Universidad da a luz en el año 1622, fecha en que se erigió una universidad conventual dedicada a los estudios religiosos y su nombre fue “Universidad Nuestra Señora del Rosario” o “Santo Tomas de Aquino”; su limitación era que sólo impartía ciencias religiosas, dicho centro deja de funcionar con la creación de la primera universidad laical denominada “Real Universidad de San Felipe” creada en el año 1738.

En esta universidad se inician los Estudios laicales y por ende los estudios de derecho en Chile, sus clases se basaban en dos grandes ramas, Derecho Canónico y Leyes.

Así los programas eran una copia fidedigna de las clases de la Universidad de Lima y a su vez estas de la Universidad de Salamanca, España.

Desde los albores de la Universidad en Chile la enseñanza del derecho, el sistema fue rígido, desde las crónicas de los historiadores del derecho nos indican “en el 9 de Enero de 1758, en la Real Universidad de San Felipe, se leyeron las primeras cátedras en presencia del Gobernador del Reino de Chile, vicepatrono de la nueva casa de estudios, de su Rector y de su cuerpo académico y de los demás asistentes ahí congregados . Los catedráticos a cargo de las dos ramas del derecho estudiadas eran eruditos y destacados abogados titulados en la Universidad de San Marcos en Lima.

Los estudiosos y catedráticos del derecho continuaron con la enseñanza del derecho común, al igual que sus inspiradoras universidades europeas.

Durante el siglo XIX, se inicia un proceso de codificación, en que los países que logran su independencia de la Metrópolis, logran una independencia jurídica, lo que manifiestan en sus propias legislaciones, a través de un proceso de codificar sus leyes antiguas, sin embargo esta nueva forma de legislar no significó dejar a un lado los principios informadores del derecho, ya que nuestro principal redactor del Código Civil Chileno, fue don Andrés Bello López, insigne y erudito jurista, quien era un conocedor del derecho romano y los grandes principios del derecho[4].

En el año 1842, se promulga la Ley Orgánica de la Universidad de Chile estatal, académica y con superintendencia de la educación chilena. Esta ley establece una universidad con un marcado interés por lo nacional, su finalidad práctica es el conocimiento de Chile y de su gente, en las más variadas expresiones, hay una preocupación por el entorno físico, histórico, literario y social del país. Los estudios de derecho, se basan en la misma raíz del derecho romano y canónico, las clases eran dirigidas por el profesor, denominadas clases magistrales, donde la participación del educando es más pasiva y toma de apuntes y los profesores dictaban.

En cuanto a los estudios superiores de leyes, duraban cuatro años, para posteriormente ingresar a la Academia de Leyes y Práctica Forense, luego debían obtener autorización de la Corte de Apelaciones para ejercer la profesión de abogados.

En 1867 La Corte de Apelaciones de Santiago comunica su preocupación por la falta de conocimiento de los postulantes al título de abogado, ya que había reprobado a varias personas, por lo que se recomendó mayor severidad en los exámenes de derecho. (Anales de la Universidad de Chile, 1868, pp.26-27).

La Constitución Política de la República de 1925, dentro de las garantías constitucionales, consagró la libertad de enseñanza, agregando que la educación era una función primordial del Estado Chileno.

Desde la fundación de los estudios del derecho hasta el siglo XX, la metodología basó en la formación positivista de profesionales que debían superar ciertos requisitos, primordialmente basados en la memoria, existiendo un rol de jerarquía y autoridad incuestionable del catedrático, específicamente en Chile ése era el panorama desde los primeros ciento cincuenta años de la Universidad, cuando una elite muy pequeña accedía a la educación superior para seguir estudios del derecho.

A partir de la década del 80 surgen las denominadas universidades privadas, las cuales copiaron el modelo de las universidades de mayor trayectoria, que se denominan “tradicionales”. Muchos docentes fueron reclutados en la filas de las nóveles universidades y trasplantan la forma de educar, las que a su vez fue tomada de sus maestros en derecho. Este fenómeno trae la opción a más personas de acceder a los conocimientos jurídicos, con nuevos desafíos y problemas a solucionar, lo que tanto a docentes como a estudiantes inquietan.

La enseñanza del derecho y sus concepciones.

Para determinar, qué se enseña como derecho, se debe tener presente a qué tipo de concepción de Derecho se adscribe para luego enseñarlo. Desde ese punto de vista se plantea la interrogante, sobre qué metodología se utilizará y los objetivos a lograr por parte de los educandos.

El jurista Rodolfo Vásquez, citado por Jorge Witker Velásquez, señala que se distinguen tres puntos de vista en que se entiende la concepción tradicional , el derecho como metodología , como teoría y como ideología, se refiere a una concepción formalista o positivista ortodoxa, crítico realista y argumentativa y democrática[5].

Concepción formalista o positivista ortodoxa. 

Es la enseñanza del Derecho que se basa en el estudio de las normas emanadas de los órganos creados para el efecto, dentro del ordenamiento jurídico propio, de acuerdo a la legislación vigente, los estudiantes deben conocerlas y entender, la actividad crítica, la investigación sobre la norma no es posible, no hay resolución de casos, análisis de la legislación en forma crítica es inexistente.

Una concepción del derecho como un conjunto de normas, trae diversas consecuencias entre otras, el criticar una norma es imposible, ya que ha sido creada en forma legítima, por los órganos descritos y según, los procedimientos establecidos.

Se desincentiva el estudio de normas particulares como son la creación de sentencias, que dan solución a un caso concreto, por lo que queda relegado a un segundo plano la actividad emanada de los Tribunales de Justicia como son los Fallos o la denominada Jurisprudencia.

De la misma forma hay un desinterés por analizar y criticar la falencias que en la práctica se detecta por los Tribunales al ser aplicada una legislación deficiente. Los jueces, al ser unos verdaderos esclavos de la Ley, no pueden más que acatar lo prescrito en ellas, aunque en su fuero interno sepan las falencias y que su fallo no favorece a los principios de justicia, es nula la crítica a los poderes legislativo y Ejecutivo, quienes son en definitiva los formadores de las leyes aplicables. Los docentes que forman con esta metodología son autoritarios dentro de sus propias aulas y la actividad crítica de sus educandos es mínima. La cátedra magistral es lo fundamental en el aula, no existe una búsqueda de la fuente, no se percibe la creación de la norma, la aplicación del derecho, los objetivos políticos y económicos, consideraciones morales e ideológicas.

En esta concepción del derecho, el estudiante es un mero reproductor y legitimador de contextos, por ello solo debe repetir, no puede criticar ni cuestionar el contenido de las normas jurídicas y debe entender que los juicios de orden político moral deben reservarse al orden extrajudicial.

Concepción crítico realista

Esta escuela, según los jurisconsultos que han estudiado el tema, señalan que pone énfasis en la dimensión histórica y social del Derecho, caracterizada por un reconocimiento a la interdisciplinariedad, un análisis mayor de la norma reconociendo sus lagunas o faltas de regulación en ciertas materias y las contradicciones implícitas en ellas.

Esta concepción va de la mano con el razonamiento jurídico, un análisis del porqué de la norma, un reconocimiento mayor a otras fuentes del Derecho y no solo la exclusividad de la Ley. El Derecho no se considera aislado: otras disciplinas coadyuvan a su formación como son la sicología, la sociología, la antropología, la historia, todo lo que lleva necesariamente a comprender los fenómenos del ser humano y como va dando soluciones a conflictos de relevancia jurídica. Aquí sí son considerados elementos extrajurídicos, a diferencia de la concepción positivista. Para esta escuela el jurista se encuentra comprometido con los diversos cambios de la sociedad, un compromiso con la constante búsqueda de soluciones reales a los casos que afectan a la comunidad.

En esta concepción del Derecho, el estudiante es un personaje comprometido con el cambio social, en un motor de cambio, tiene una actitud crítica frente a una norma.

Concepción argumentativa demostrativa.

Esta corriente considera al derecho como razones que se hacen presentes por medio del lenguaje, la actividad del jurista no es guiada solo por el éxito, sino de justificar racionalmente las decisiones, es aplicación del razonamiento jurídico. Es decir el Derecho integra más allá de buscar soluciones a problemas eminentemente jurídicos, se trata de integrar los valores, una moral basada en los principios fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico que son transversales, comunes a toda la normativa.

La formación de los estudiantes, en esta corriente fomentan el respeto a la dignidad humana, a los principios que inspiran la mayor dignidad de las personas, un respeto a los derechos fundamentales que emanan de la persona humana, juristas íntegros, que resuelvan con una sólida racionalidad, reconociendo los límites y favoreciendo más que sus propios intereses a las personas a quienes representan.

Esta labor se traduce en formar abogados orientados con compromiso a la reforma o transformación social, que asuma con responsabilidad su función en la sociedad, que vaya tras la justicia.

Analizadas las concepciones precedentes, es menester determinar en que punto se encuentra adscrita la educación del derecho en Chile, existen diversas posturas, las cuales expondré a continuación.

Experiencia de un magistrado y docente chileno, respecto a la enseñanza del derecho en Chile.

Como una opinión autorizada en cuanto al fenómeno de la educación del derecho en Chile, podemos citar al Magistrado de la República y profesor de Derecho Procesal don Jaime Salas Astrain[6], quien comparte sus reflexiones en su blog y describe muy fidedignamente la situación actual de los estudios jurídicos en Chile, señalando:

“La flexibilización de las políticas educacionales destinadas a “democratizar” el acceso a la educación superior posibilitó la incorporación al mercado educacional a una serie de universidades nuevas, mayormente privadas, e instó al Estado y a la banca privada a ofrecer créditos de largo plazo que facilitaron el ingreso a la universidad de quienes, probablemente, jamás podrían haberlo hecho en el pasado. Este diagnóstico se deduce de constatar que las dos barreras históricas para el acceso a la universidad (medios económicos / méritos académicos) fueron sorteadas por el nuevo modelo educacional.”

Lo anterior, ha producido un doble efecto. Por un lado, en apariencia, la educación superior no constituye hoy el patrimonio de una elite económica y/o intelectual, sino una alternativa para amplios sectores que, históricamente, estuvieron excluidos de ella. Por otro lado, aumentó exponencialmente el número de profesionales en el mercado, produciéndose de este modo, áreas de saturación en los servicios, pérdida del promedio de calidad en la formación de los alumnos al egreso y una reducción drástica del ámbito laboral y en el promedio de los ingresos económicos de los nuevos profesionales, en relación con las proyecciones que tuvieron sus pares hace 30 ó 40 años.

La abogacía no está ajena a este escenario, de modo que, la realidad que conocí de esta actividad cuando niño hoy no es más que el producto del pasado que yace en el mismo lugar en que duermen mis viejos juguetes, al interior de un baúl apolillado.

Unos días atrás, mientras conversaba con un colega en uno de los pasillos de la universidad en la que hago clases, me decía que le incomoda el actual escenario del ejercicio profesional de abogado. Precisamente, por las razones que ya he señalado y, básicamente, porque a menudo se transforma en un oficio incierto, sometido a altas exigencias que, muchas veces, no es retribuido del modo que debiere. Y es que el ejercicio de la profesión de abogado también se ha transformado en un terreno agreste. No sólo para los nuevos, sino también para aquellos abogados que llevan años de ejercicio y contemplan asombrados cómo la dogmática legal cambia día a día a pasos agigantados, sufriendo verdaderas expropiaciones de los conocimientos que cultivaron desde siempre y que con cada reforma legal se van al tarro de la basura. En el mismo sentido, la hostilidad del mercado laboral suele producir abogados mucho más agresivos y competitivos que antaño. Se trata de un simple mecanismo de defensa destinado a la sobrevivencia del novato en el ambiente jurídico en el que se inicia.

Al mismo tiempo, estos nuevos abogados, cada vez más, buscan compensar la aridez de los programas del pregrado y ganarse una ventaja comparativa respecto de los “viejos”, abrazando estudios de post grado en universidades nacionales o extrajeras. Es curioso, pero parece haber acá una nueva reedición de la antigua fórmula descrita que intentó eliminar la masificación de los estudios superiores según criterios económicos y/o de méritos académicos. Claro está, porque las universidades más prestigiosas que imparten los mejores programas de post grado no reciben a cualquier alumno ni cobran una minucia por sus servicios educacionales. En esta misma línea argumentativa, otras veces ha sido el mismo mercado o la propia ley los que han establecido criterios restrictivos para el acceso de los abogados a ciertos cargos o funciones, como ocurre con las pruebas de habilitación ante la barra de abogados o los programas de post grado impartidos por las academias diplomáticas o judiciales, entre otros. Así es que, por lo visto, la llamada “democratización” de la educación superior sólo lo es en los tramos más básicos, pero el modelo mantiene las mismas facilidades para que la educación de excelencia no sea sino el refugio de una elite económica y/o intelectual claramente minoritaria. Tal como lo explicaba hace muchos años el Doctor Alejandro Guzmán Brito en una de sus clases en la Universidad Católica de Valparaíso, estos fenómenos gatillan la conformación de una suerte de “proletariado profesional” al interior del cual sobresale una pequeña elite de abogados que son los que, verdaderamente, hegemonizan los cargos y funciones más relevantes. ¿Y no es obvio que esto ocurra? Salvo las restricciones por razones de orden económico que, por sí mismas, son discriminatorias, me parece razonable afirmar que jamás podrá esperarse estándares educacionales idénticos entre los abogados, simplemente, porque hay profesionales más competentes e inteligentes que otros. La ley debe garantizar la igualdad de oportunidades y no estandarizar competencias que no son reales. Es por esta razón, por ejemplo, que muchos buenos profesionales cubanos han dejado la isla al no aceptar que todos ganen lo mismo. No se trata de una reacción egoísta, sino un imperativo de justicia y cordura. Sin embargo, mi objetivo no es describir un panorama desolador, ya que los vertiginosos cambios que hoy experimenta el mundo del Derecho hacen que el ejercicio de la profesión de abogado tenga varias aristas. A vía ejemplar, podría decir que la obtención de un título de post grado “de peso contundente” en una universidad prestigiosa, por ejemplo, extranjera, no garantiza el éxito profesional, ya que el dinero, el tiempo y el esfuerzo invertidos, suelen desvincular a los jóvenes abogados de los contactos laborales necesarios para obtener empleos que se condigan con el sacrificio desplegado. Además, estos títulos, en alguna medida, se han masificado en relación al escenario existente años atrás, de modo que los post grado en universidades prestigiosas no siempre conducen a la obtención de empleos remunerados de la forma que se creía cuando se tomo la decisión de profundizar o especializar los estudios de Derecho.

Reconozco que el asunto es complejo y no pretendo agotar el tema en este breve posteo. Sin embargo, si algo tengo sumamente claro, es que el ejercicio de la profesión de abogado ya no puede sujetarse a los cánones ancestrales, salvo claro, que se desee terminar de “picapleitos” o “tinterillo”.

Por estas consideraciones, me parece que el abogado que desea ser dignamente exitoso en esta profesión debe, por estos días, plantearse sobre la base de una reingeniería de los conocimientos proporcionados en el pregrado. Como diría un experto en autoayuda, hay que saber reinventarse a partir de un análisis de la situación actual y de la posterior implementación de los cambios que se adecuen a estas nuevas circunstancias. Este proceso de análisis y reestructuración debe ser permanente si se quiere ser exitoso, porque ya no sirve “dormirse en los laureles” como los abogados de antaño. En efecto, cualquier mozalbete recién titulado, pero inteligente y con buenas ideas, puede derribar de un plumazo a una “vaca sagrada”. Para comprobarlo, basta con ir a una audiencia oral ante un tribunal para ver como “connotados abogados” pueden llegar a ser ridiculizados por jóvenes contrapartes que dominan a la perfección algunas técnicas de litigación aplastantes.

La reingeniería debe comenzar en los estudios de pregrado de la universidad, cuestión nada fácil, porque los abogados tradicionalmente hemos sido conservadores y la innovación constante no forma parte de la esencia de la profesión. En consecuencia, a lo evidente deben agregarse diversas cosas nuevas. Por lo evidente, entiendo la comunicación de los contenidos curriculares necesarios para que los futuros abogados puedan comprender y desempeñar este oficio de forma eficiente. Este traspaso de información debe concretarse a través de técnicas idóneas, tales como: utilización de TICS en el aula, supresión de las clases dictado, reemplazándolas por lecturas guiadas y apuntes confeccionados por los propios docentes; masificación de las clínicas jurídicas y de los talleres de discusión de casos y jurisprudencia en todos los ramos; consolidación de los talleres de teatro, debate y simulación de audiencias; implementación obligatoria de talleres de actualidad nacional e internacional, innovación y emprendimiento; empleo de diversas técnicas de evaluación de los alumnos, a fin de incentivar el desarrollo de competencias globales ( orales, escritas de desarrollo, escritas objetivas, trabajos prácticos, uso de aula virtual, blogs u otros, desarrollo de videos atingentes a los diferentes ramos mediante el soporte youtube, etc.) ¿Parece excesivo? En absoluto, es perfectamente posible. Esta es la única forma de trasmitir a los alumnos del pregrado que ser abogado hoy no es sólo recordar información y saber aplicarla a casos concretos. El germen transmitido en la escuela de derecho servirá para que los alumnos, más tarde abogados, consideren la innovación como algo inherente a la profesión.

Ahora bien, una propuesta para la reingeniería de la profesión en el caso de los abogados, ya en ejercicio, pasa por hacerse cargo de los mismos ámbitos expuestos, a propósito de la formación del pregrado.

En primer lugar, el proceso de aprendizaje de la dogmática jurídica ha de ser permanente. Quedaron atrás los tiempos en que a la universidad se asistía una sola vez en la vida. Esta capacitación debe estar orientada, preferentemente, a la especialización en una sola área del derecho y habrá de concretarse a través de estudios de grado, como el magister o doctorado, o, sencillamente, mediante la recapitulación exprés vía diplomado.

Este ejercicio, en especial el último de los descritos, debiere ser una práctica más o menos frecuente, según sea necesario. Por lo demás, dudo que en el futuro existan las universidades presenciales como las concebimos hoy, cuestión que facilitará aún más el retomar los estudios en “universidades” ubicadas en diversos lugares del planeta a partir de plataformas que utilicen internet o la tecnología que reemplace a esta última. Por otro lado, es evidente que los avances tecnológicos, la globalización, la evolución moral y cultural de los países, los cambios laborales, energéticos, demográficos y climáticos, entre muchas otras más consideraciones, han creado la necesidad de contar con expertos en la resolución de los conflictos jurídicos asociados a estas nuevas realidades. Hay aquí un enorme campo que debe ser explorado y explotado por los nuevos abogados.

Lo que quiero decir es que no imagino a un abogado prestigioso del futuro dedicado exclusivamente a tramitar cobranzas judiciales y a redactar minutas de escrituras públicas. Los conflictos de aguas, los derechos de los inmigrantes, de los pueblos indígenas y de las minorías sexuales, la regulación antimonopólica del mercado, el derecho minero, la regulación de las tecnologías de la comunicación a distancia y el respeto a la individualidad, los derechos vinculados a la ancianidad (el futuro masivo que nos espera), la contratación internacional y tantas otras materias, son ejemplos de las nuevas tierras que deben comenzar a conquistar los nuevos abogados.

En todo este escenario, tampoco concibo a un abogado desvinculado de la realidad en la que vive, ya que es precisamente ella la que lo nutre de los conflictos que probablemente deberá asumir. Esta integración se logra a través de la prensa, de la participación en foros civiles y políticos, en la utilización de redes sociales de internet y mediante cualquier otro medio que lo informe de lo que sucede a su alrededor. Esta “internalización social” permite, al mismo tiempo, descubrir nuevos ámbitos respecto de los cuales proyectar la actividad profesional. Me parece que una reingeniería de la profesión de abogado también exige de una actualización tecnológica, pues el destino de nuestra sociedad se verá notablemente determinado por este aspecto. Esta actualización debe ser funcional a las necesidades laborales del abogado. Es decir, la tecnología por la tecnología no sirve; se requiere imaginar cómo puede ella facilitar nuestra profesión y, eventualmente, servir para crear una diferencia comparativa respecto de otros profesionales. Por ejemplo, podemos diseñar una página en la web dotada de las herramientas necesarias para que se transforme en nuestra “oficina virtual”. De este modo, podría establecerse el contacto con los potenciales clientes, agendar reuniones y entrevistas, realizar transacciones, etc. sin necesidad de contar con una oficina física permanente, ahorrando todos los gastos asociados a ésta.

La materia prima existe. Sólo se requiere de la capacidad de innovar y abandonar la vieja práctica decimonónica de los abogados que esperan sentados en su oficina a que su secretaria haga pasar al cliente que aguarda en la sala de espera.”[7]

Destacable de lo señalado precedentemente por el profesor Salas, se pueden extraer una propuesta interesante para los futuros abogados.

La enseñanza del derecho ha variado sustancialmente desde hace 30 o 40 años, dado al surgimiento de nuevas Escuelas de Derecho, que facilitan la mayor difusión del saber jurídico, en diversas zonas del país y en áreas de interés de sus respectivas regiones, es por ello que los abogados deben conocer las necesidades de sus propias localidades, de sus regiones, conflictos jurídicos a solucionar, verbigracia el llamado conflicto indígena en la zona sur del país, las políticas de desarrollo sustentable de energías limpias, el desarrollo de los recursos marítimos, y un interminable etcétera.

No es posible creer que una escuela mantenga los mismos mecanismos de formación que hace siglos y que prepare a profesionales de espalda a la sociedad que lo requiere, con ausencia de solucionar los reales problemas que aquejan a la sociedad.

La columna vertebral de la enseñanza del derecho en la actualidad son el derecho Civil y derecho Procesal, el abogado ha sido formado como litigante, para buscar la razón querida por su cliente, en el litigio no se busca más que ganar el pleito, sin más diálogo o razonamiento, por el contrario, se señala, que la verdad jurídica, la que sale a la luz en el juicio es la que nos sirve, sin importar que fue lo que ocurrió en la realidad.

La metodología usada para enseñar a los abogados es la denominada clase magistral, es decir la concepción positivista que son clases teóricas en que un profesor habla a un grupo de estudiantes, que se encuentran obligados reglamentariamente a concurrir a clases, esto se ve interrumpido alguna vez por un estudiante que solicita alguna explicación.

Esto lleva a que se aprenda lo instruido por el docente, se repita en el examen y luego se olvide con facilidad.

De acuerdo con el profesor Jorge Witker, estamos frente a la concepción formalista o positivista ortodoxa, es decir en donde “el estudiante es un mero reproductor y legitimador de contextos, por ello solo debe repetir, no puede criticar ni cuestionar el contenido de las normas jurídicas y debe entender que los juicios de orden político moral deben reservarse al orden extrajudicial”.[8]

El problema se plantea es, si hay un cambio de legislación sustancial, ¿podrán los abogados por sí mismos comprender y aplicar la norma?, muchos especialistas señalan que la respuesta es negativa.

Algunos autores señalan, que los abogados formados de esta manera se encuentran mal formados, no tienen internalizados los hábitos mentales, las experiencias de aprendizaje.

Aumento explosivo de titulados en las últimas décadas.

El total de abogados que se titulan en Chile, ha ido en un aumento Según información obtenida por la oficina de títulos y grados de la Corte Suprema la estadística al año 2014 es la siguiente:

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Tomando los datos precedentes, desde el discurso del Sr. Ministro Urbano Marín del 2008, hasta el año 2014, en que juraron 3.384 nuevos abogados, hacen un total de 18.260 nuevos profesionales en siete años. Duplicando de este modo el número de abogados, en menos de diez años, por lo que le preocupación del aquel entonces Presidente de la Corte Suprema, se mantiene vigente en todos los Ministros del Tribunal Superior de Justicia.

En enero de 2015, la página oficial del Poder judicial pone de relieve en su portal, la noticia de cuantos son los nuevos abogados que han jurado ante la Corte Suprema y hace un análisis de las Universidades que más han titulado hasta hoy.

La noticia señala lo siguiente:

12/01/2015 3.384 NUEVOS ABOGADOS Y ABOGADAS JURARON ANTE LA CORTE SUPREMA DURANTE 2014.

1.659 mujeres y 1.725 varones provenientes de escuelas de derecho de todo el país prestaron juramento como abogadas y abogados ante el pleno de la Corte Suprema, durante el año recién pasado.

En 2014, se realizaron 71 ceremonias de juramento, superando las 66 efectuadas en 2013. En tanto, el número de nuevos profesionales que juraron en 2014 (3.384) superó en 479 a quienes lo hicieron un año antes; periodo en que prestaron juramento un total de 2.905 licenciados: 1.342 abogadas y 1.563 abogados.

Además, durante 2014, las diez universidades con mayor cantidad de titulados que prestaron juramento, fueron:

Universidad de Chile 313

Pontificia Universidad Católica de Chile 312

Universidad Central 201

Universidad Diego Portales 200

Universidad Andres Bello 188

Universidad Adolfo Ibáñez 128

Universidad del Mar 127

Universidad de Concepción 120

 Universidad Bolivariana 109

Universidad de Los Andes 105[9]

Abogados titulados de la Universidad de Aconcagua.

Los egresados de la Universidad de Aconcagua inician su juramento a partir del año 2010, y hasta el año 2014 han jurado 162 abogados de esta casa de estudios. Según la estadística proporcionada por la Oficina de Títulos y grados de la Corte Suprema, se puede graficar de la siguiente forma los abogados egresados de esta casa de estudios:

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Debate en cuanto a la calidad de la Formación de los abogados.

En relación al aumento considerable de los abogados en Chile, consecuencias y calidad en la formación ha sido tratado por varios autores, pero de manera científica lo ha hecho el Decano de la Universidad de Antofagasta y Doctor en Derecho don Patricio Lazo González, del cual extraeré algunas ideas relevantes para este estudio.

Según el Doctor Lazo, a la vista de las características del debate que se generó a comienzos de 2009 a partir de la Cuenta del Presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, es posible concluir que existe una percepción más o menos generalizada, al menos entre los encargados de la formación de abogados, magistrados y del Ejecutivo, acerca de las actuales deficiencias formativas de los profesionales del Derecho, las que estarían concentradas en los siguientes aspectos:

Conocimientos, destrezas prácticas, consistencia ética. A su vez, estos reproches guardan ciertos puntos de conexión con algunas de las premisas más importantes del movimiento de reformas curriculares inspirado en la formación basada en competencias.

Es decir, algunas de sus críticas (aquellas que se refieren a destrezas, habilidades y a resolución de problemas de índole ética) apuntan directamente hacia el concepto de competencias. Si lo expresamos, entonces, en estos términos, lo que tenemos ante nuestros ojos, junto al problema del déficit del conocimiento, es el de una débil formación en competencias consideradas básicas por actores clave del sistema jurídico.

Si se atiende a esa suerte de consenso que ha acompañado a las quejas antes vistas, se percibe que, en la medida en que dicho consenso gana adeptos, exige de los demás actores una actitud reflexión, pero también de acción.

A su turno, como se ha observado del debate antes descrito, las propuestas de solución han apuntado hacia el diseño de un examen nacional, voluntario y a cargo de las universidades interesadas en él. Con todo, no parece que haya existido mayor avance en su elaboración, y es posible que ello se deba a varias razones. Entre las posibles, es que una iniciativa de esta naturaleza debería estar apoyada en un cierto corpus de literatura científica apropiada, así como de una visión amplia y muy documentada de las experiencias comparadas, que hoy parece no existir, por lo menos, en las revistas jurídicas nacionales que debieran servir de cauce a este debate. Todo ello vuelve más difícil la elaboración del examen.

Uno de los problemas que señala el Doctor Lazo, es que en opinión de los Ministros de tribunales superiores de justicia, las destrezas exhibidas por los nuevos abogados son deficientes. El desempeño en tribunales, particularmente en alegatos, es percibido por los Ministros de distintas Cortes como una cualidad decisiva en los litigios.

Como idea, frente a este problema el actual Presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz, pretende crear un mecanismo de habilitación para abogados, previo examen para litigar en Cortes de Apelaciones y Suprema.

Dicho mecanismo se está estructurando en comisiones de los Ministros de este Tribunal.

Si se tienen en cuenta las expresiones “competencias”, “destrezas”, “habilidades” que son utilizadas en el documento del Ministerio de Educación, es inevitable pensar como primer insumo los productos del llamado proceso de Bolonia y de lo que viene a ser un documento que, a su vez, se ha constituido en uno de los más importantes puntos de referencia. Me refiero al Informe Tuning para Latinoamérica, ampliación al ámbito latinoamericano de un estudio de parecidas características y de los mismos autores, centrado en el ámbito europeo. Se trata de un documento cuya lectura puede ser útil -pero no necesariamente decisiva- para dar inicio a la revisión de los problemas de educación jurídica en una perspectiva de formación basada en competencias, aun cuando algunos de sus resultados debieran ser objeto de una mejor discusión.

Otro insumo sin duda interesante lo constituye el documento Criterios de evaluación para la carrera de Derecho, de la Comisión Nacional de Acreditación. Vigente al (2014). Este documento es particularmente relevante por cuanto sugiere un perfil de egreso que resulta ser el modelo conforme al cual se someten a acreditación todas las carreras de Derecho chilenas. Este documento no adopta la terminología propia de las competencias ni tampoco pretende elaborar un catálogo de éstas; sin embargo, constituye un material de obligada discusión, puesto que, no obstante carecer de toda sanción que le dé un carácter normativo general, impera de hecho a través de los procesos de acreditación de la carrera de Derecho.

En la actualidad la CNA, se encuentra en un proceso modificación y validación de nuevos criterios de evaluación, y expresa en su página “en el que adquiere preponderancia central la existencia de un perfil de egreso que debe ser declarado públicamente y mostrar plena consistencia con el título y grado que se otorga. En cuanto a lo académico, se requiere que la carrera o programa cuente con personal docente suficiente e idóneo de modo de cumplir cabalmente con el plan de estudios.

El nuevo documento detalla doce aspectos relativos a la calidad y resultados del proceso educativo que se espera encontrar en las carreras y programas de pregrado. Estas incluyen mecanismos transparentes de admisión, seguimiento del perfil de ingreso de sus alumnos y programas de nivelación cuando estos sean necesarios. Se espera que tengan una baja tasa de deserción y una alta tasa de titulación oportuna, o el análisis detallado de las causas y acciones remediales si esto no es así. Finalmente, se evaluará la sustentabilidad y respaldo institucional con que cuenta el programa y la integridad de la información y publicidad que difunde”.[10]

Conclusiones

En resumen, las clases de los estudiantes de Derecho en Chile, es decir la formación recibida por los que son actualmente los abogados y jueces en ejercicio, se han basado en una concepción formalista o positivista ortodoxa, un sistema memorístico, allegado principalmente a la repetición de artículos, sin la posibilidad de modificación de una palabra, ya que le puede cambiar el sentido a la norma. Muchos docentes de las escuelas de derecho continúan examinando y evaluando a sus educandos, por la capacidad de repetir un artículo determinado. Los profesores critican si se modifica una expresión, incluso algunos tradicionalmente, la vieja escuela, como se le denomina a los más tradicionales, les recrimina si algún estudiante usa una palabra similar, enrostrándole al examinado, que pasa a tener la calidad de “legislador”, por cambiar una palabra de la norma.

Sin embargo, estos profesionales, en el quehacer diario, se ven enfrentados a una realidad absolutamente distinta a una mera repetición de artículos, a desafíos de aplicación e interpretación diaria, a una atención extrema en los juicios orales, a la utilización las TICs, en tramitación de una carpeta digital, ya que las Reformas Procesales, les obligan a ello.

Las universidades chilenas, en las áreas de derecho han introducido tímidamente a partir de año 2.000, apoyos tecnológicos en sus aulas, como el data show y el uso de computadores en sus aulas, siendo usado, para algunas presentaciones. Algunos casos muy esporádicos los docentes empiezan en esa época utilizar sus correos electrónicos para responder preguntas de sus estudiantes. Sin embargo, en los últimos años y gracias a los avances de la interconexión estas herramientas se han masificado como medio de comunicación vía coreos electrónicos, pero no se ha visto en la práctica como herramienta educacional, plataformas de uso cotidiano, para el desarrollo y comprensión de las clases con usos de las TICs. Lo fundamental no se trata de uso o no de las tecnologías, sin no existe una generalizada utilización de esta herramientas en la metodología de la enseñanza del derecho.

Es fácil utilizar un proyector de imagen con los artículo del código y leerlos, sin hacer mayor análisis, comprensión más allá de la norma, la utilización de la Tecnología debe ir acompañada una metodología que implique un cambio sustancial en la forma de educar.

El desarrollo de las sociedades modernas a partir del proceso de globalización económica y cultural, experimentado también por la sociedad chilena ha presionado a los sistemas de administración de la justicia para modernizar su procedimientos y actualizar en quienes la administran, los conocimientos necesarios para hacerla eficiente.

Las sociedad de masas se ha visto obligada a buscar nuevos procedimientos que permitan en plazos breves la actualización de reformas del sistema y para ello ha tenido que comenzar a echar mano a las TICs como un recurso que permite atender a un número mayor de personas en menor tiempo y con menor costo. Especialmente en los cambios vertiginosos y sustanciales en los procedimientos judiciales, que tanto jueces y abogados deben estar al día para una acertada y correcta administración de Justicia.

Han existido grados de resistencia a estos nuevos “métodos” de actualización por parte de sus potenciales usuarios principalmente en aquellos más apegados a la tradición academicista para la actualización o la formación. Muchos de ellos son analfabetos digitales, algunos abogados, por la brecha generacional, salvo excepciones, solicitan ayuda a sus secretarias para poder enviar un correo electrónico. No así en los jueces quienes se han visto en la necesidad de incursionar en las tecnologías, toda vez que los Tribunales trabajan con las denominadas carpetas digitalizadas, que son todos los antecedentes de una causa que se ingresa al sistema del poder judicial.

Por lo anterior, se requiere de una actualización permanente, es por ello que se hace necesario que los abogados, reciban una capacitación, sobre sus áreas de desempeño, los que muchos por no abandonar sus zonas de trabajo se ven físicamente imposibilitados de hacer, para ello existe la tecnología que lo haca factible, a través de cursos e learning o b learning, facilitando a los estudiantes de cualquier lugar del planeta, puedan tener una correcta formación, para lo que se debe contar con docentes capacitados para ello y muy buena plataforma virtual. Experiencias de la Unión Europea a partir del año 2000, dan luces suficientes de la efectividad de esta moderna forma de enseñar temáticas del derecho.[11]

De acuerdo al contexto y situación actual de la carrera de Derecho en Chile y su visión respecto a las proyecciones y tendencias relacionadas con el ejercicio de la profesión, el plan de estudio de la carrera de Derecho de la Universidad de Aconcagua al año 2009, no consideraba adecuadamente algunos elementos del estado actual y futuro de la carrera, tales como; nuevas orientaciones en el ámbito de litigación, tramitación ante nuevos tribunales tributarios y aduaneros, tribunales medioambientales, Cortes Internacionales, entre otras. Lo anterior, orienta y define la reestructuración del curriculum existente en la carrera. Es por ello que la malla de la carrera de Derecho y sus planes de asignatura, fueron actualizados para el año 2015, con cátedras que se encuentran en sus programas al día a los requerimientos del ejercicio profesional actual, y se incorporan cátedras de litigación durante toda la carrera profesional. Siguiendo con la misma idea de preparar a los futuros abogados, se amplió todo un año nuestra Clínica Jurídica, lo que significa un acercamiento a casos concretos a los estudiantes de la carrera, quienes tienen una formación en lo teórico, y que no conocen una realidad de casos concretos. Todo ello se suma a la litigación básica, media y avanzada que se incorporan, los que pretende ser un apoyo a la formación del futuro litigante, dando asesoría a las personas que no pueden por razones económicas contratar un abogado, por lo se asiste jurídicamente a las personas más desposeídas.

Es decir, una formación más acorde a la concepción argumentativa demostrativa, en que a los estudiantes se les fomenta el respeto a la dignidad humana, a los principios que inspiran la mayor dignidad de las personas, juristas íntegros, que resuelvan con una sólida racionalidad, reconociendo los límites y favoreciendo más que sus propios intereses a las personas a quienes representan.

La carrera de derecho tiene por Misión formar Abogados capaces de asumir la defensa de los intereses de sus patrocinados con conflictos de relevancia jurídica, desde la protección de los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, hasta el más mínimo derecho en conflicto, los que no pueden ser vulnerados por la arbitrariedad, por lo que se requiere el establecimiento y respeto del Derecho, todo con un sentido ético, de responsabilidad social y espíritu de servicio; educando, previniendo, promoviendo y gestionando el respeto por el derecho.

Véase:

[1] Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad de Aconcagua, Abogado, docente universitario, Magister en Docencia universitaria por la Universidad Autónoma, egresado del Magister sociedad democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco, Abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. El presente artículo fue publicado en la Revista de derecho “Aportes académico jurídicos” número 1 Noviembre 2015, ISSN 0719-7667 – Facultad de Humanidades Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Aconcagua, Santiago de Chile.

[2] Muñoz Sergio, Discurso Juramento de abogados de Agosto 2014, página visitada el 7 de Octubre de 2014 http://www.pjud.cl/documents/10179/1478806/Discurso+Juramento+de+abogadas+y+abogados+%2814+de+agosto +2014%29.pdf/1132e609-a3be-4e6e-b191-d9a25b0819f4?version=1.0

[3] Marín , Urbano, “Cuenta pública del Presidente de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial 2009”, 2009, p. 13. En: http://www.poderjudicial.cl . A diferencia de lo que ocurre con los demás títulos profesionales, el de abogado no es otorgado por las universidades que imparten la carrera de Derecho, sino por la Corte Suprema. Así lo dispone el art. 21 del Código Orgánico de Tribunales: “El título de abogado será otorgado en audiencia.

[4] Almeyda Aniceto, “ El doctor don Santiago de Tordesillas”, en Revista Chilena de Historia y Geografía N° 102 pp.20-57 Santiago de Chile. 1943.

[5] Witker Velásquez, Jorge “Metodología de la enseñanza del derecho”, Editorial Purrua, México 2008.

[6] Juez del 15º Juzgado de Garantía de Santiago. Profesor de la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y de la Universidad Ucinf.

[7] Salas Astrain, Jaime 2011 http://jaimesalasastrain.blogspot.com/2011/01/el-futuro-de-la-profesion-de-abogado.html consultado el 10 de Febrero de 2014.

[8] Witker Velásquez, Jorge “Metodología de la enseñanza del derecho”, Editorial Purrua, México 2008.

[9] Poder Judicial de Chile, página visitada en Enero de 2015 http://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/- /asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/3-384-nuevos-abogados-y-abogadas-juraron-ante-la-corte-supremadurante-2014?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pjud.cl%2Fnoticias-del-poderjudicial%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26 p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_advancedSearch%3Df alse%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_keywords%3D%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_delta%3D5 %26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_kV6Vdm3zNEWt_cur%3D7%26_101_INSTANC E_kV6Vdm3zNEWt_andOperator%3Dtrue

[10] LAZO GONZALEZ, Patricio. FORMACIÓN JURÍDICA, COMPETENCIAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA: PREMISAS. Ius et Praxis [online]. 2011, vol.17, n.1 [citado 2014-11-10], pp. 249-262 . Disponible en: . ISSN 0718-0012. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122011000100011. Página Visitada el 15 de Octubre de 2014.

[11] http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11046_es.htm página visitada el 2 de Noviembre de 2014