Tópicos en torno a la declaración del testigo colaborador

Armando Juárez Bribiesca

I. Introducción

Recientemente en los medios de comunicación el caso de “Emilio L“, ha ocasionado que adquiera relevancia la figura del Testigo Colaborador; pero, son de larga data las reflexiones en torno a este tipo de declaraciones. Incluso en 1764, el tratadista italiano Cesare Beccaria, al comentar esta figura señaló:

“…Algunos tribunales ofrecen la impunidad al cómplice de grave delitoque descubra sus compañeros. Este recurso tiene sus inconvenientes y sus ventajas.

Los inconvenientes son que la nación autoriza las traiciones, detestables hasta entre los malvados; porque son menos fatales para una nación los delitos de valor que los de vileza; porque los primeros no son frecuentes por sus autores y porque sólo esperan una fuerza benéfica directora que les encamine hacia el bien público; en tanto que los delitos de carácter vil son más comunes y contagiosos, concentrándose siempre en sí mismos.

Además, el tribunal pone en evidencia su misma incertidumbre y la debilidad de la ley, que implora la ayuda de quien la ofende.

Las ventajas, en cambio, son la prevención de delitos importantes que atemorizan al pueblopor ser manifiestos sus efectos y ocultos sus autores, además de lo cual, contribuyen a mostrar que quien falta a la fe de las leyes o sea, al público, probablemente faltará a los particulares.

A mi me parece que una ley general que prometiese la impunidad al cómplice delator de algún delito, sería preferible a las declaraciones en cada caso particular, porque de este modo podrían preverse las maquinaciones con el temor recíproco que cada cómplice tendría de no exponerse más que a sí mismo; por lo cual el tribunal no acrecería la audacia de los malvados que ven solicitada su cooperación en un caso particular…

Pero en vano me atormento por ahogar en mí el remordimiento que siento al decir que las sacrosantas leyes, el monumento de la confianza pública, la base de la moral humana, autoricen la traición y el disimulo. ¿Qué ejemplo se daría a la nación si se faltase a la impunidad prometida y tras largas cavilaciones, se arrastrase al suplicio, con vergüenza de la fe pública, al que hubiese respondido a la invitación de las leyes?

No son raros en las naciones tales ejemplos, y por lo mismo no son raros tampoco los que no tienen de una nación otra idea que la de una máquina complicada cuyos engranajes mueve a su talante el más diestro o el más poderoso; fríos e insensibles a todo lo que constituye la delicia de las almas delicadas y sublimes, suscitan con imperturbable sagacidad los sentimientos más caros y las pasiones más violentas tan pronto como les resultan útiles para sus fines, tañendo los ánimos como los músicos los instrumentos…” .

En este contexto, sí un indiciado que forma parte de un grupo delictivo, decide cooperar de forma espontánea en la investigación de un hecho probablemente delictivo, es porque a cambio, recibirá un beneficio procesal.

Bajo esta lógica, es dable considerar que precisamente en el Derecho italiano ese tipo de acuerdos y criterios de oportunidad negociados con el testigo colaborador, atienden al principio de oportunidad y se le denomina Derecho premial por prever una diversidad de beneficios penales:

  • Atenuación de la pena señalada al delito;
  • La exención; o
  • La total remisión de la pena misma en ciertos casos y bajo determinadas condiciones

El Derecho premial solo tiene trascendencia procesal, e impica que, por un lado, el testigo colaborador acuerda apartarse o alejarse de la organización criminal; por otro lado, ayuda a las Autoridades en las pesquisas e indagatorias del hecho probablmente delictivo y a obtener la identidad de los copartícipes del mismo, con el fin de lograr su captura y posterior sometimiento ennjuciamiento, a cambio siempre de un premio o beneficio. Por otra parte, debemos considerar que al testigo colaborador se le denominade muy diversas maneras:

  • Arrepentido,
  • Colaborador,
  • Delator,
  • Testigo principal,
  • Testigo de la Corona,
  • Soplón,
  • Etc.

La cuestión relevante en este tipo de evidencia (testigo colaborador), es determinar la eficacia de sus declaraciones en contra del resto de los coimputados, y delimitar su impacto respecto de la presunción de inocencia, cuando se presenta como única evidencia de la Fiscalía.

II. Tópicos en torno al testigo colaborador

Es claro que, cuando nos referimos a la institución de testigo colaborador, al final nos referimos al coautor o partícipe que con fines de obtener beneficios procesales, quien presta colaboración a la autoridades judiciales; es decir, estamos ante un imputado que decide cooperar con los órganos de la investigación (principalmente con la policía y los fiscales) para evitar que se cometan otros delitos o para probar la implicación de otros autores o partícipes, cuya conducta es más reprochable que la suya o en atención a interés políticos ajenos al propio proceso penal.

El testigo colaborador por tanto, es aquel justiciable que ha participado en un hecho probablemente delictivo y que luego aporta evidencias para esclarecer el hecho delictivo e individualiza a los otros intervinientes responsables ante la ley penal, o para prevenir su consumación, o detectar otros hechos conexos.

El criterio de oportunidad se actualiza por tanto, en atención a la información que aporte y a los intereses que se actualicen (procesales, utilitarios o políticos) con la finalidad de obtener beneficios procesales(en atención al criterio de oportunidad).

Si atendemos a los casos concretos, y advertirnos que en nuestro sistema jurídico, la Fiscalía General de la República supuestamente es autónomay la secrecía de la investigación es un aspecto que por ley debe imperar en la fase de investigación inicial de hechos delictivos que comprenden prisión preventiva oficiosa; resulta relevante que nuestro Presidente conozca y divulgue lo que declare el imputado ante ministerio público.

Y la relevancia indicada resulta indispensable, para aseverar que la colaboración del testigo en cuestión, atiende a intereses netamente políticos. Por otra parte, debemos considerar que en nuestro sistema jurídico no esta adecuadamente regulada la declaración del testigo colaborador y su construcción debe desarrollarse desde el ámbito de la jurisprudencia.

Y ello es así, pues la declaración incriminatoria que un coimputado en lo que acusa a otro u otros, por sí sola, no puede destruir el derecho de presunción de inocencia; por lo que, es necesario que venga corroborada por otros elementos de evidencia.

III. Conclusiones generales en torno a la declaración del testigo colaborador

Las declaraciones del testigo colaborador pueden resultar insuficientes, sino resultan mínimamente corroboradas por otras evidencias.

La presunción de inocencia nos puede llevar a realizar un obligado analisis respecto de la declaración del testigo colaborador con la finalidad de determinar:

  • ¿La declararación del testigo colaborador es evidencia legítima?
  • ¿La declaración del testigo colaborador es evidencia insuficiente?
  • ¿La declaración del testivo colaborador constituye por sí misma una actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia?
  • ¿La declaración del testigo colaborador, como evidencia de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado, se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado (estándar)?
  • ¿Cuál es el estándar mínimo de corroboración que se requiere en tratándose de la declaración de un testigo colaborador?
  • ¿La corroboración mínima de la existencia de hechos, datos o circunstancias externas son suficientes para justificar de manera genérica la veracidad de la declaración del testigo colaborador?

No debemos perder de vista que, la mayoría de la doctrina en tratándose de la declaración del testigo colaborador, ha considerado lo siguiente:

  • La denominación de confesión para los supuestos de declaración del acusado sobre su propia participación en los hechos delictivos, y
  • La definición de una autoincriminación y de inculpaciones a terceros copartícipes en el delito o delitos.
  • La credibilidad de la declaración del testigo colaborador se verifica con base en la valoración del resto de la evidencia que realice el Organo Jurisdiccional.

Cuando los coacusados que van a ser enjuiciados ostenten la cualidad de presuntos copartícipes en el hecho delictivo junto con el condenado conforme, lo cierto es que este último ha perdido su condición de coacusado respecto de los restantes copartícipes.

Partiendo de esta circunstancia, se plantea si la declaración que el acusado conforme preste en el juicio que se sigue contra los demás copartícipes posee la naturaleza de una evidencia testifical o si, por el contrario, aquel conserva, cuando menos, el derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; y si, por otra parte, está excluido de la obligación de prestación de juramento o promesa de decir verdad, y, por tanto, en cierto modo, si su naturaleza es la propia de una declaración de imputado o de coimputado.

Para tratar de resolver esta cuestión, es necesario considerar dos figuras de relevancia para el proceso penal:

a) Que, a diferencia del testigo, el coimputado no es ajeno a los hechos que se debaten en el proceso (criterio de la ajenidad al hecho).

b) Que el coimputado, a diferencia del testigo, tiene un evidente interés en el resultado del proceso (criterio del interés).

c) Que el coimputado, a diferencia del testigo, es parte en el proceso y, por consiguiente, al ocupar la posición de imputado no pesa sobre él la obligación de decir verdad propia del testigo, no puede recibírsele promesa o juramento en tal concepto y, por ende, no puede ser perseguido por un delito de falso testimonio si depone falsamente (criterio de la alteridad respecto de los sujetos que intervienen en el proceso).

En este sentido se pronuncia Miranda Estrampes para quien el coimputado no es tercero ajeno a los hechos objeto del proceso y sobre los que versa su declaración, como lo es el testigo, sino que está directamente implicado en los mismos, por lo que tiene un evidente interés en el fallo que se haya de dictar.

Su declaración no podrá, por tanto, sujetarse a las normas procesales que regulan las declaraciones testificales en lo referente a la exigencia de juramento o promesa de decir verdad, y no podrá procederse contra él por delito de falso testimonio; por el contrario, goza de los derechos de todo acusado a no declarar y a no confesarse culpable, careciendo de la obligación de veracidad exigible a todo testigo.

Asimismo, Estrampes alude a los casos en que el inculpado declara que otra u otras personas han intervenido, también, en la comisión del mismo delito por el cual va a ser juzgado, distinguiendo, a su vez, dentro de este supuesto dos situaciones: de un lado, que los coimputados sean juzgados conjuntamente y de otro, que lo sean separadamente.

Para este autor en el primero de los casos (sujetos juzgados conjuntamente) el coimputado actúa y depone siempre en concepto de imputado; mientras que en el segundo caso (sujetos juzgados separadamente) cabría distinguir, a su vez, dos supuestos diferenciados según que el imputado que vierte las declaraciones incriminatorias haya sido absuelto o condenado.

Si el imputado ha sido condenado, declarará en el proceso que se siga contra el sujeto acreedor de las declaraciones en concepto de imputado; y si hubiese sido absuelto, mediante sentencia firme, por quedar acreditada su no participación en los hechos; su testimonio adquiriría, entonces, la condición de evidencia testifical sujeta, por tanto, a las normas procesales que regulan esta última.

Es claro, que la figura del testigo colaborador da la pauta a una reflexión más profunda y que pone en evidencia las limitantes en torno a las capacidades en la investigación de un hecho probablemente delictivo por parte de las Fiscalías; precisamente que por dichas limitantes, es que el Estado tiene que recurrir a este tipo de evidencia tan criticable y negociar un criterio de oportunidad, sin perder de vista el contexto que impone la real politik.