¿El régimen de excepción: es la regla general?

3ra REFORMA4ta. REFORMA5ta. REFORMA
18 DE JUNIO 200814 DE JULIO 201112 ABRIL 2019
 Articulo 19.  Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indicado sea puesto a su disposición, sin que se justifique en un auto de vinculación a proceso en el que se expresara; el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión.   El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidios dolosos, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.  La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertar de los individuos vinculados a proceso. Artículo 19. …           El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud Artículo 19. …  El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Vivimos en un contexto en el que desde la teoría y la Constitución Federal, se adopta el derecho penal del enemigo que permite etiquetar a las personas como “enemigos” para tratarlas como no ciudadanos, y ya como justiciables, al final en el proceso penal no tienen valor en la lógica de la pretendida racionalidad punitiva.

En consecuencia, debemos considerar que es posible que se comience a dar la pauta a privilegiar a los medios de comunicación en aras de priorizar y maximizar el drama penal que es dirigida por los jueces; por tanto, los funcionarios judiciales, podrían comenzar actuar en consecuencia, con miras en agradar a la opinión pública y/o a los medios de comunicación por sobre los derechos fundamentales que deben regir el proceso penal, y por supuesto, en perjuicio de los justiciables.

Ante la inminente simplificación del proceso penal, es que no se debe perder de vista el objetivo político de pretender obligar al poder judicial a someterse a las formas populistas, y la necesidad de los Jueces por evitar los negativos efectos institucionales ocasionados por los juicios paralelos vía los más media, por lo que podría comenzar a cederse a las tentaciones y formas populista en la búsqueda de la necesaria legitimidad democrática.

En el fondo, el comenzar a ceder ante las tentaciones autoritarias por parte del Poder Judicial implica que comience alejarse del Estado de Derecho, y el régimen de excepción (derecho penal del enemigo) se torne en la regla general: expansión de la prision preventiva automática u oficiosa.