“PRÁCTICAS ACTUALES Y EXPECTATIVAS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL”

  1. Introducción

No es sencillo definir una política pública de reinserción social que tenga como base una perspectiva definida por el respeto a los derechos humanos y que se tenga la voluntad política de que se pugne por su materialización de forma integral, de forma tal que trascienda en la vida de las personas privadas de su libertad. 

Para lograr lo anterior, es necesario un trabajo coordinado entre el gobierno y la sociedad civil organizada, e instituciones academicas, con la finalidad de materializar las estrategias planteadas a corto, mediano y largo plazo

De inicio, es dable advertir de manera general la normativa que resulta aplicable a las personas privadas de su libertad, por lo que, por un lado, debemos asimilar la lógica del sistema de ejecución de la pena; y por el otro ocuparnos de esbozar el contexto actual que define los procesos en los que se realiza la reinserción social de una persona privada de su libertad y las problematicas que surgen en su ejecución.

  • Legislación Nacional e internacional

Las reformas constitucionales de 18 de junio de 2008 y 6 y 10 de junio de 2011, son de real importancia pues mediante éstas el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformó diversos artículos constitucionales, con base en los cuales se advierte una nueva modalidad del proceso penal, una nueva lógica respecto de los Derechos Humanos y la incorporación de un sistema de ejecución pena.

Legislación interna

En dichas reformas, se advierten diversos temas de mayor calado, y entre éstos es posible identificar la pretensión por cambiar la finalidad de la pena .

El cambio de readaptación social a reinserción social es trascedental.

Se incorpora el principio pro personae. 

En dicho contexto, es posible identificar que todas las personas tienen derecho al respeto y protección de los derechos humanos que se les han reconocidos tanto por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Se pretende privilegiar en todo momento la interpretación que brinde la mayor protección para la persona. 

Tales derechos humanos sólo podrán restringirse o suspenderse cuando la propia Constitución así lo establezca. 

Asimismo, se instauró en el artículo primero Constitucional que todas las autoridades tienenla obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Artículos constitucionales

Artículo 17.

Párrafo segundo 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Párrafo séptimo: 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Artículo 18 Segundo párrafo

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Artículo 21. Párrafo Tercero 

“La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.”

  • Ley Nacional de Ejecución Penal 

La Ley Nacional de Ejecución Penal instaura un sistema de ejecución penal.

  • Estándares internacionales en materia de derechos humanos 
  • Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, o Reglas Nelson Mandela, establecen en su numeral 90 lo siguiente. 
  • Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, o también llamadas Reglas de Bangkok.

El deber de la sociedad no termina con la puesta en libertad de la persona privada de su libertad para disponer de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar una ayuda pospenitenciaria eficaz conforme a las exigencias que impone la reinserción social.

  • 2. PRÁCTICAS ACTUALES 

El tema que nos ocupa, nos impone la obligación de formular la invitación a las diversas instituciones y a la sociedad civil, para realizar una investigación más acabada; que nos permita identificar de forma general y particular, las medidas que se han adoptado en cada uno de los Estados en el ámbito local, e identificar las medidas que se han tomado en el  ámbito Federal, respecto de las personas privadas privadas de su libertad en un contexto de pandemia ocasionado por el COVID-19

En consecuencia, pretenderemos esbozar y analizar las consecuencias de la crisis sanitaria en las personas privadas de su libertad.

En nuestro caso, partimos de documentar los casos en los que hemos intervenido como abogados de personas privadas de su libertad y las acciones legales interpuestas orientadas a generar medidas que permitan lograr mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad; una actividad que hemos realizado entre marzo de 2020 y abril de 2021.

Es necesario enfatizar que el Cóvid-19 sorprendió a los encargados del sistema de justicia penal en Mèxico, a nivel Federal y a nivel local; lo anterior, debido a la rápida evolución del virus, su intensidad, y la complejidad de su naturaleza. 

Lo anterior permite deducir que los gobernantes no anticiparón adecuadamente las respuestas y las acciones, se advierten más como una reacción improvisada por las circuntancias; por lo que, aún estamos lejos de una verdadera estrategia que beneficie a las personas privadas de su libertad. 

El COVID-19 representa para todas las personas una gran amenaza, pero se incrementa cuando se trata de las personas privadas de su libertad. 

Lo anterior se asevera, porque de larga data se tiene conocimiento de la falta de atención sanitaria adecuada, el hacinamiento de las instalaciones y las precarias condiciones de vida insalubres, sin duda obstaculizaban el cumplimiento de una política pública integral que permita la reinserción social. 

La falta de una autentica estrategia preventiva en torno al covid-19 y las personas privadas de su libertad ha cobrado un alto precio a los reclusos, pues una de las medidas de emergencia que advertimos fue la cancelación de las visitas y su exclusión con el mundo exterior, limitando el apoyo externo y limitando el actuar de la Sociedad Civil en dicho contexto. 

Actualmente, no se tiene conocimiento respecto de las estadisticas que nos permitan identificar el número cierto de:

  • Cuantas personas privadas de libertad adquirieron el virus, 
  • Cuantas personas privadas de su libertad adquirieron el virus y se recuperaron,
  • Cuantas personas adquirieron el virus y fallecieron; y
  • Cuantas personas privadas de su libertad aún no han contraido el virus.

La opacidad y el aislamiento in extremis durante la pandemia, permite inferir razonablemente que se están generando casos en los que la falta de atención médica da la pauta a violación de Derechos Humanos. 

Tener datos de las hipotesis previamente indicadas, permitiria definir técnicas y estrategias para lograr resultados en el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad orientadas a: 

  • La reducción del hacinamiento, 
  • La asignación de recursos economicos para la atención médica,
  • La asignación de medios de comunicación adicionales que con base en las nuevas teconologias permita fortalecer los vínculos con el exterior.
  • La toma de decisiones pragmáticas y decidir aquellos casos en los que se debe emitir una preliberación por razones humanitarias.

Considero, que dichas exigencias se vinculan con el respeto de las normas internacionales en este contexto de pandemia. 

El que dichas directrices no se apliquen por igual en todos los centros penitenciarios puede provocar la muerte de personas privadas de su libertad.

Una de los mayores retos que se actualiza, es el reconocer los derechos de las personas privadas de su libertad y definir la toma de decisiones orientadas por una estrategia integral a corto, medianto y largo plazo conforme a las recomendaciones internacionales.

Es necesaria una respuesta coordinada y redefinir los protocolos de actuación en el contexto del covid-19 que se aplicarán a las personas privadas de su libertad, permitir su modificación y ajuste de forma controlada conforme evolucione la pandemia. 

Es indispensable la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de lograr una respuesta que se defina conforme a las pautas que impone una política de reinserción social respetuosa de los Derechos Humanos y con estrategias de aplicación rápidas e integrales. 

Debemos decirlo claro, de forma contundente, no es posible tolerar, la falta de preparación de las autoridades y respuestas improvisadas.

Con base en la práctica, es posible aseverar que las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad son difíciles de documentar, con casi nula información, falta de diálogo con las autoridades y nula transparencia. 

Es necesaria una mejor comprensión del contexto en el que viven las personas privadas de su libertad, para identificar de mejor forma los efectos de la COVID-19 y la importancia de tener mejor información al momento de definir la toma de decisiones.  

Considero que las condiciones sanitarias y la atención médica de las personas privadas de su libertad no son satisfactorias. 

Los problemas de higiene, el hacinamiento generalizado y la falta de financiación de los sistemas de salud penitenciarios en el contexto del covid – 19 evidencia su precarización.

Hacinamiento y distanciamiento físico

El hacinamiento, un problema sistémico que dificulta el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico. 

El acceso a la atención médica es deficiente e incluso inexistente.

Los traslados de personas privadas de su libertad es un factor determinante en la propagación del virus. 

No se establecieron medidas de cuarentena y aislamiento médico de manera generalizada y no hemos advertido estrategias para las personas privadas de su libertad en retención, detención o sujetos a una medida cautelar; es decir, de las personas privadas de su libertad recién ingresados, que presentaban síntomas o daban positivo, y sobre todo, acciones respecto de los más vulnerables (personas de la tercera edad: caso Oaxaca). 

Las medidas improvisadas, orientada a restringir la comunicación y visitas con el esterio de las personas privadas de su libertad, sólo dieron la pauta a un control excesivo y con efectos perjudiciales negativos en la salud mental de las personas privadas de su libertad.

  • 3. Expectativas

El contexto del covid-19 es un muy delicado, pero podría permitir generar confeccionar programas y decisiones progresistas, así como adoptar medidas pragmáticas y extraordinarias, que permitan:

  • La liberación anticipada, 
  • La libertad condicional, 
  • La suspensión de las penas, 
  • Los arrestos domiciliarios, 
  • La vigilancia electrónica 
  • Los indultos.

Estas decisiones deben ir acompañadas de la participación de la sociedad civil organizada, las Instituciones y el Gobierno .

Debemos ser claros, el sistema de justicia en el contexto de la pandemia funciona de forma lenta, se suspenden audiencias, se difieren audiencias, y las que se programan son insuficientes nulificando cualquier esfuerzo para reducir el hacinamiento.

Considero, que se debe dar prioridad a las personas privadas de su libertad que en situación de vulñnerabilidad que ya han cumplido la mayor parte de su sentencia y discutir en torno a las personas privadas de su libertad que se encuentran privadas de su libertad por consecuencia de ser considerado enemigos y sujeto al Derecho Penal del Enemigo de cuño Nazi.

Es indispensable tener transparencia y superar la opacidad de las políticas públicas vinculadas con la reinserción social.

Tomas acciones, para que por medio de las tecnologías las personas privadas de su libertad tengan comunicación con sus sus seres queridos; es dable advertir que la falta de este tipo de medidas puede ser la causa motines y protesta de las personas privadas de su libertad.

La reanudación de las visitas, impone la obligación de diseñar protocolos sanitarios que deben ajustarse y reformularse periodicamente, pues no basta con revisar la temperatura corporal, la desinfección de la visita, el uso obligatorio de la mascarilla, etc. 

Es necesario, asignar espacios exteriores y horarios diferenciados para las visitas.