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Una breve reflexión en torno al tópico de acceso a la justicia desde la perspectiva procesal penal

Les comento que hace unos meses, fui invitado a compartir algunas ideas en torno al acceso a la justicia en el Estado de Tamaulipas; en dicho evento, resultó posible que las reflexiones y experiencias compartidas, fueran nutridas por las dudas y cuestionamientos de los participantes. Lo cual, posteriormente me llevo a retomar los planteamientos del Profesor de Filosofía  Isaiah Berlin respecto del fracaso de las utopías y la nueva realidad postutópica, que a mi parecer va orientada también hacia al fracaso.

El abordar el tópico del acceso a la justicia, nos obliga a considerar lo aseverado por Cappelletti y Garth, en el sentido de que el tema a estudio no se define con facilidad, pero nos sirve para enfocar dos propósitos básicos del sistema jurídico por el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas, bajo los auspicios generales del Estado. Primero, el sistema debe ser igualmente accesible para todos; segundo, debe dar resultados individual y socialmente justos.  

Luego entonces, bajo dichos parámetros podríamos asumir el análisis del acceso a la justicia, considerando para ello la materialización de los Derechos Fundamentales de naturaleza procesal orientados por las directrices que impone el acceso a la justicia y las limitaciones que surgen a partir del derecho penal nazi instaurado en nuestra Constitución.

En dicho contexto, podríamos aseverar que el proceso penal deviene en la garantía que modula y limita el ejercicio del ius puniendi y que obliga a respetar la presunción de inocencia. Pero, no debemos olvidar, que para el Estado el proceso penal es un instrumento que le permite cumplir con sus funciones a través de las instituciones comprendidas en el sistema de justicia penal.

Ahora bien, es dable considerar que los derechos fundamentales de naturaleza procesal se definen conforme a los parámetros contenidos e instaurados por los movimientos internacionales de los Derechos Humanos que invita a repensar e interpretar el objeto del proceso penal, sus fines y límites que dan como consecuencia el modelo procesal penal garantista a partir de nuestra Constitución, así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrito en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, instrumento internacional que dio la pauta al sistema interamericano de derechos humanos y libertades fundamentales, que sin lugar a dudas impacta de manera positiva en el sistema de justicia penal.

Es necesario, comenzar a reflexionar si los textos Internacionales de Derechos Humanos han impactado de manera positiva o negativa, en los países del continente Americano pues por un lado se plantea el denominado imperalismo de los Derechos Humanos, y por el otro, el constitucionalismo de los Derechos Humanos íntimamente vinculado con el derecho penal del enemigo. Esto último, debemos entenderlo como una nueva modalidad para ejercer el poder político y la base del desequilibrio que permite potencializar el ius puniendi en aras de preservar la “seguridad”.

Lo anterior incide en el diseño de las políticas públicas, y en la forma en como se plantean los mecanismos institucionales que permiten la resolución de los  conflictos y la organización de los juzgados (lo que luego, se llamaría gestión judicial), entre otros temas. Esta problemática fue advertida por Cappelletti y Garth, quienes sobre esa base identificaron aspectosproblemáticos substanciales que incidían de manera determinante en el acceso a la justicia.

En este punto, se había percibido un vacío; es decir, un aspecto de la realidad que no coincidía con la lógica y coherencia de los cuerpos  normativos. Ya que estos planteaban que todos eran iguales ante la ley,  pero en la práctica, no todos lograban acceder a esa igualdad.  Así, tal como viene ocurriendo actualmente, al comenzar a crecer la demanda efectiva a la administración de justicia y, más concretamente, a los  tribunales en el ámbito penal. 

Con todo, es obligatorio advertir del fracaso que se avecina; materializado este por el uso indiscriminado de la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, no solo por el impacto y costo económico; pues también da la pauta a no lograr obtener los resultados esperados (principalmente la expectativas de respeto a la dignidad humana y a la presunción de inocencia). De esta manera, podríamos retomar los planteamientos que Cappelletti y Garth adecuadamente calificaron, y con base en éstos reaccionar ante el excesivo formalismo y su íntima vinculación a los parámetros propios del derecho penal de la Alemania Nazi.

Para entender lo expuesto en líneas anteriores, es que los invito a que analicen tres momentos inherentes al movimiento internacional de acceso a la justicia:

a.- Primer movimiento de acceso a la justicia: surgido en los años 50 y 60, este movimiento se apoyó en la idea de acercar la justicia formal, es decir,  la producida en los tribunales y las cortes, a todos los sectores  sociales, ya que se planteaba la discriminación clasista y racial  detrás de las limitaciones de la posibilidad del reclamo de los  derechos constitucionales.

b.- Segundo movimiento de acceso a la justicia: se enfocó en la protección de los intereses difusos, cubriendo un aspecto desplazado por la primera. 

c.- Tercer movimiento de acceso a la justicia: se enfocó en cuestionar la utilización unilateral de la justicia formal, es decir, de los aparatos creados para la administración del derecho formal.

Desde  esta perspectiva emergieron como propuestas los métodos  alternativos de solución de conflictos como vías alternas para dirimir las controversias (redefinir el conflicto), y cuyo objetivo es acercar a las partes  para la composición del conflicto y no el cumplimiento formalista de las leyes (en nuestro país pensamos en los delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa que se impone atendiendo el tipo penal) y para dar respuesta a la excesiva  carga de trabajo de los Tribunales, como instrumentos de descongestión de los aparatos estatales (lo cual no cambiará al prevalecer los parámetros inquisitivos y neonazis respecto de la imposición de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada).

Una breve reflexión en torno a la historia y evolución de la CIDH

 

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A partir de la instauración del Estado moderno occidental, su evolución ha sido muy dinámica y ha dado la pauta a la concreción del Derecho Internacional; es dable precisar, que la legislación de naturaleza supranacional ha impactado de manera positiva en diversas regiones del mundo y principalmente en el Continente Americano.

Respecto de nuestro continente, es posible aseverar (desde una perspectiva histórica) que, la agrupación de Estados en el continente americano se consolidó a partir de la creación de la Unión Panamericana en el año de 1890, misma que se dio origen a diversos documentos internacionales orientados a la protección de lo que ahora asimilamos como Derechos Humanos, pero, sin darles a éstos un carácter vinculante y sin crear un órgano supranacional enfocado a su adecuada tutela (programáticos).

En este contexto, por una parte, es necesario no perder de vista la evolución de los conceptos de Ley natural, Derecho natural y los Derechos Humanos, pues los planteamientos impuestos en torno a éstos han sido prevalentes y estandarizados en todas las épocas y latitudes del mundo; por la otra, es indispensable considerar que a partir de la creación de la Sociedad de las Naciones y con la conclusión de las Guerras Mundiales se reconoció la necesidad de establecer un sistema supranacional de protección de los derechos humanos, que contara con un organismo con facultades y atribuciones vinculantes, mismo que se comenzó a consolidar a a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por la Organización de Naciones Unidas.

Dicha necesidad global, no pasó desapercibida en el Continente Americano e igualmente, tuvo como consecuencia en la región la creación de la Organización de Estados Americanos en el año de 1948 y la instauración de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

El desarrollo que posteriormente tuvieron, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas fue evidentemente disímbolo e incluso con ello se limitó la tutela de los Derechos Humanos en el continente americano. Pero, el panorama no fue absolutamente adverso, ya que mediante la OEA se establecieron las bases para instaurar de forma regional un órgano supranacional que estuviese encargado de la protección de los derechos humanos; encomendándosele dicha tarea, en un primer momento al Comité Jurídico Interamericano para la elaboración de Estatuto que comprendiera los fundamentos jurídicos de la primera Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es dable precisar que posteriormente se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una reunión de consulta de Cancilleres celebrada en Santiago de Chile y que fue motivada por diversos acontecimientos en el continente americano en el año de 1959, principalmente en los países de Cuba, República Dominicana y Venezuela. 

Así las cosas, en el año de 1960 posterior a la aprobación de su Estatuto que le otorgaba una limitada autonomía, así como facultades y atribuciones, entró en funciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en dicho instrumento internacional es dable destacar lo siguiente:

  1. Que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre sería el instrumento mediante el cual la Comisión dictaminaría la situación interna de los Estados parte;

  2. La forma en cómo se integraría la Comisión;

  3. La sede de la Comisión estaría en Washington, D.C., Estados Unidos;

  4. Facultaba a la Comisión para trasladarse al territorio de cualquier Estado miembro de la OEA previa autorización del mismo;

  5. La aplicación e interpretación del Estatuto actualizo la necesidad de ampliar las facultades y atribuciones de la Comisión.

Hasta 1979 la Comisión opero en un contexto continental plagado de Dictaduras que violaban en la cotidianidad los Derechos Humanos; siendo ésta realidad la que se pretendió revertir con la suscripción y entrada en vigor, el 18 de julio de 1978 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), instrumento internacional mediante el cual:

  1. Se instauró formalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

  2. Se consolida su competencia (medidas cautelares, contenciosa y consultiva);

  3. Se ampliaron sus facultades y atribuciones respecto de la protección y promoción de los Derechos Humanos.

  4. Es el primer Tribunal Internacional en su tipo;

  5. Se establecen las bases y procedimientos para su integración;

  6. Su sede se estableció en San José de Costa Rica;

  7. Se establecen las bases para definir e integrar su presupuesto; y

  8. Se preservo la facultaba para trasladarse al territorio de cualquier Estado miembro de la OEA previa autorización del mismo.

Es preciso considerar que el contexto internacional en el que se actualizó la necesidad de establecer, las bases y la posterior creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se definió por las dictaduras y las crisis ocasionadas por las violaciones a los Derechos Humanos, una realidad que hasta nuestros días lamentablemente no ha cambiado.  

Incluso los regímenes dictatoriales en nuestra región aún prevalecen, pretendiendo los Dictadores mantenerse en el poder a cualquier costo, la vìa para desestabilizar a la CIDH actualmente es la financiera, y por consecuencia, los derechos básicos de las personas siguen sin ser respetados, la sociedad civil aún se encuentra sujeta a los gobiernos en turno y el Estado social y democrático de Derecho al que todos aspiramos se encuentra severamente debilitado y amenazado.

Por último, recordemos que sin importar la grave crisis que impere en un determinado Estado del continente americano (en México duele el lamentable hecho donde murieron los 43 normalistas de Ayotzinapa), debemos estar decididos a sumar esfuerzos en aras de consolidar nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues dicho compromiso es acorde con los más altos estándares de respeto por los Derechos Humanos de las personas.

Véase:

55º Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos invitan a la comunidad jurídica nacional e internacional, a presenciar el 55º Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Del 23 al 26 de agosto se podrán seguir en vivo, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en este micrositio o en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las audiencias públicas sobre casos contenciosos sometidos a la jurisdicción del organismo regional y las actividades académicas del Seminario Internacional.

Registrese aquí: http://55pesmexico.org/#nav-registro

 

 

Barra de las Américas Colegio de Abogados: Reunión de trabajo con el distinguido Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Méxic0

El día de hoy cinco de julio de 2016, los integrantes de la Barra de las Américas Colegio de Abogados A.C. tuvimos una reunión de trabajo con el distinguido Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza, quién con especial atención escuchó las inquietudes en conjunto planteadas, y de igual forma, nos precisó los retos que se generan en nuestro sistema jurídico a partir de las reformas de 18 de junio de 2008, 06 y 10 de junio de 2011.

En este contexto, nos compartió información concreta respecto de la operación del Sistema de Justicia en el Estado de México así como las experiencias y buenas prácticas generadas en el mismo, con lo que se pretende consolidar la justicia cotidiana y el acceso a la justicia, con miras a materializar el nuevo modelo de impartición de justicia vigente en todo el país.

Es dable destacar la absoluta disponibilidad del Magistrado Presidente de trabajarconcentrar los esfuerzos en la evolución y el seguimiento permanente del sistema de justicia en aras de identificar los avances y retos así como las áreas de oportunidad que nos permitan en conjunto consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho al que aspiramos todos.

En síntesis, tuvimos una muy productiva reunión de trabajo. Véase: 

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Probidad y sistema acusatorio

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Casi todos los códigos, incluido el Código Nacional de Procedimientos Penales disponen que “los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte, deberán de conducirse con probidad, evitando los planteamientos dilatorios meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede”. (Cfr: art. 107)

No se trata, ésta, de una norma que deba aparecer en un código de procedimientos penales sino y, por el contrario, en una ley orgánica.  Cuando nuestra Constitución Federal dispone, en el artículo 17, como objetivo de la administración de justicia que  “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial” se presupone la probidad.

Sin embargo, con la probidad vale la pena analizar el tema del perfil, el carácter, la razón moral por la cual un Juez actúa; los criterios éticos que le hacen conducirse conforme a la virtud sin ceder a las tentaciones; el cansancio que no exige descansos para lograr un bien loable, la fortaleza por la cual se prefiere la justicia.  Diez años de implementación del proceso acusatorio permiten detectar un posible “fracaso” en el “carácter” de muchos de los Jueces, la mayoría de los agentes del Ministerio Público y un buen grupo de Defensores públicos no sólo para el ejercicio de la función sino, con mayor preocupación, para el estudio de la misma y para resolver con independencia. 

Basta ir a una audiencia u otra para percibir esta realidad que se nota en las formas, los formalismos, la nulidad por la nulidad, el rigorismo procesal y, algunas muestras claras de prepotencia. Basta escuchar a los Ministerio Públicos y a los Defensores públicos lo que dicen de los Jueces.  Es quizá suficiente lo que de ellos dicen los peritos.  Estos sin ignorar la fuerza del artículo 14 constitucional:  “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

La escritura.  Casi una mayoría de los capacitadores en el sistema de justicia penal acusatorio han sido discípulos del sistema de justicia de los Estados Unidos y, por ende, han enseñado técnicas de litigio sin contenido procesal.  Es lógico que no pueden enseñar cómo se redacta un decreto, un auto y/o una sentencia y, por ende, las teorías de la interpretación, argumentación jurídica, de los derechos humanos, de la teoría del caso y/o de la teoría del delito.  Cuando la oralidad se vuelve documento, no ha pasado de moda la copia de los documentos que vienen de etapas anteriores.  Se suma la tendencia de algunos Jueces y/o Presidentes del Tribunal que, al redactar las sentencias transcribiendo las declaraciones de testigos y peritos, hoy exigen transcribir la videograbación de la audiencia para “vaciarla” en sus sentencias. 

Un juez se preocupaba del “acta mínima”.  Le pregunte por qué un acta mínima y no supo responderme. Esta vez fue una Juez que, para dictar sentencia, se pasó toda la noche y el fin de semana trascribiendo la videograbación, la cual luego “vació” en la sentencia, casi literalmente.  ¡Y aquella pobre Juez de Control! Sólo podía celebrar una audiencia por día, porque necesitaba que el Ministerio Público le dictara mientras ella iba copiando todo, literalmente, en su computadora, para luego sentarse a resolver. ¡Duraba horas!  Lo peor fue darme cuenta que en casi todos los Despachos judiciales se piden auxiliares para trascribir las audiencias que están video grabadas, documento necesario para luego dictar los autos.  ¿Para qué oralidad?

No sé si saben que una Juez multó a un abogado porque interpuso un recurso de revocación.  Ella consideró que le estaba faltando el respeto.  Otro Juez de Control mandó un oficio a la Procuraduría porque un abogado cuestionó que el Juez haya impedido el desahogo de unos medios de prueba que fueron ofrecidos por el Ministerio Público.  Claro, cuando aquel Juez joven escuchó la palabra “impertinente” exigió un cambio de Fiscal, por haber ofendido a la persona del Juez.  El Procurador, para evitar conflictos con el Poder Judicial, cambio al agente del Ministerio Público.  Hay un Circuito en el cual ninguno de los Defensores públicos recurre porque, dependiendo ellos del Poder Judicial, tienen miedo de que los Jueces logren que sean revocados de sus puestos. Una Juez se inhibe de conocer, siempre que la causa corresponde a un determinado defensor público porque un día le dijo prepotente.  ¡Así vamos dentro de la vacatio legis!

¡Estamos enfrentando la pantomima de la oralidad!  Hoy como ayer los autos y las sentencias son trascripciones literales de todo el contenido de una audiencia oral, porque no hemos aprendido –ni siquiera en las Salas y en el Pleno-, que una sentencia es el análisis factico desde la prueba desahogada en la inmediación y la contradicción para dilucidar la adecuación del hecho al tipo penal del que recae una sanción penal que tiende, en último caso, a la solución del conflicto.  Y, la oralidad documentada en la videograbación ha hecho que las sentencias sean más largas y los autos extensos, por miedo a que ese nuevo documento delate la inopia. La oralidad es lectura, verbalización, farsa.

La mayoría de los Jueces de Distrito y no pocos Tribunales de Circuito consideran que “fundar y motivar” es sinónimo de cantidad de papel, es decir, copia de tesis, copia de artículos, copia de normas, copia de jurisprudencia.  ¡Como en una clase de costura!  Es que, si ya lo dijo otro, da confianza y alivio.  Entonces, no se resuelve para el caso concreto sino que se mantienen –por analogía- decisiones pasadas que concuerdan.  Cuando la forma uniforma, por lo menos permite ver a todos iguales, aunque no sean los mismos. 

La probidad exige respetar, muchas veces, los escalafones.   Al Poder Judicial le hace mucho daño la influencia externa.  Se inició con los Consejos de la Judicatura.  Hoy se procura otro tipo de controles, por ejemplo, los Servicios Previos al Juicio.  Para muestra el artículo 235 del Código para Hidalgo se lee: “En caso de aprehensión por orden judicial, o de detención por flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público notificará a la oficina de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares para que pueda entrevistar al aprehendido o detenido antes de la audiencia de la vinculación a proceso”. Cuando una persona sea citada ante el Juez, dispone el artículo 242 del código en comentario que “junto con la citación se le informará al imputado que antes de la audiencia ante el Juez debe comparecer ante la Oficina de los Servicios Auxiliares de Medidas Cautelares para una entrevista”.  Finalmente, el agorismo 255 dispone que “en la audiencia  inicial el Ministerio Público podrá solicitar la imposición de alguna de las medidas cautelares previstas en el Artículo 269 de este Código  (Medidas cautelares). El Juez de Control recibirá el informe de la Oficina de Servicios Auxiliares para Medidas Cautelares y escuchará a las partes sobre este particular para resolver lo conducente”.

Hay tanta desconfianza en el Poder Judicial, que ya es común que un Gobernador, al tomar posesión, ponga al Magistrado que va a presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado.  Lo mismo ocurre a nivel de la Procuraduría y la Defensa Pública.  Por ende, hay una única voz de mando y, consecuentemente, no hay independencia interna ni externa, porque no hay división de poderes.  No interesan, entonces, las capacidades y conocimientos de los Jueces, Fiscales y/o Abogados, sino que sepan obedecer –dóciles y calladitos- coherentes con una línea de mando. 

Todo esto es contrario a la probidad.  El artículo 17 de la Constitución Política, al introducir los mecanismos alternativos de solución de controversia dispuso, en relación con la materia penal, que se regule “su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.  No se ignore esta norma cuando el artículo 21 prescribe que “la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.

Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.

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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.

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