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DESAFÍOS EN LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Libro prueba

 

Sinopsis

Me complace enormemente presentar la obra: DESAFÍOS EN LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, Reflexiones a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la experiencia latinoamericana, resultado de un esfuerzo colectivo de magistrados, funcionarios de varias jurisdicciones del país así como de reconocidos catedráticos e investigadores mexicanos y de Latinoamérica —entre los que se encuentran Chile, Colombia y Costa Rica—, vinculados por su interés en los temas que a la procuración y administración de justicia atañen. Los distinguidos autores anotan y analizan la problemática en torno al fenómeno probatorio y abren la mesa de discusión a varios puntos torales que tienen que ser regulados en nuestra legislación, más específicamente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El libro consta de ocho artículos a través de los cuales los autores presentan discernimientos que tienen como propósito hacer al lector reflexionar sobre la regulación de las instituciones probatorias y en este sentido se plantean temas como: ¿Cómo se regulan las presunciones?, ¿Cuál es la función de los medios de prueba?, ¿De qué forma se garantiza que los objetos presentados en la audiencia de juicio oral son aquéllos encontrados en el lugar de los hechos-hallazgo?, ¿De qué forma afecta el acopio de la prueba a los derechos humanos?, ¿Cómo se desahoga la prueba testimonial en el sistema acusatorio?, ¿Qué valor tiene el informe pericial en la audiencia de debate?, ¿Debe ser aceptada la prueba ilícita en el procedimiento penal?, ¿Qué valor tiene la prueba indiciaria?, por sólo nombrar algunos.

 

Nombre de los autores

  • Paola Iliana de la Rosa Rodríguez
  • José Daniel Hidalgo Murillo
  • Claudio Meneses Pacheco
  • José Luis Pecina Alcalá
  • Edward C.A. Worrall González
  • Armando Juárez Bribiesca
  • Francisco Javier Anaya Villegas
  • María Elizabeth López Ledesma
  • Miguel Ángel Anaya Ríos
  • José Luis Anaya Ríos
  • Jairo Parra Quijano

Características del libro

ISBN: 978-607-610-172-8
País de origen: MÉXICO
Año de edición: 2014
Número de páginas: 320
Número de tomos: 1
Tipo de producto: Libro
Presentación: Rústico
Precio: $ 300.00
Status de libro: Libro publicado

 Datos de la casa editorial

http://www.editorialflores.com/libro.php?c=978-607-610-172-8

 

EL ESPACIO FÍSICO DE LA INVESTIGACIÓN

Crime-Scene-Wallpaper

Sumario: I.- Introducción. II.- Espacio físico de la investigación. III.-Conclusiones.

 EDWARD C. A. WORRALL GONZÁLEZ [1]

ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA [2]

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos,
sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”
 José Saramago

I.- Introducción

 

El proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal ha dado pauta a una extensa reflexión sobre el mismo, y en nuestra opinión, pareciera que la atención por parte de aquellos que se ocupan de tan meritoria tarea se focaliza en el juicio oral (litigación). Al respecto se considera que, en una postura así, se omiten aspectos fundamentales que giran en torno a la propia investigación del hecho o hechos que la ley señala como delito[3].

En este sentido, la presente reflexión pretende sumarse a esos nobles esfuerzos en un intento de que el proceso de implementación no sólo arribe a buen puerto sino que también alcance los fines de justicia y equidad a los que aspira nuestra sociedad.

Respecto del Sistema Penal Acusatorio, si consideramos que el proceso en realidad comienza al enfrentarse con un hecho social, es decir, con un conflicto del que se sabe muy poco o nada, la policía (como parte de los directa y obligadamente involucrados en la investigación), al presentarse a verificar si en efecto se ha cometido o no un delito -como acabamos de referir- no cuenta con ningún elemento que le permita dar por cierto que el hecho en verdad ocurrió, y tampoco sabe si el hecho que se investiga reúne las características jurídicas necesarias que le permitan trascender en el proceso penal.

Para el caso de que a criterio de los elementos policiales intervinientes el hecho contase con las características de delito, de manera inmediata se le debe dar parte al Ministerio Público como director de la investigación, para seguir con las pesquisas que permitan corroborar si en realidad ocurrió un hecho constitutivo de delito[4]. Binder al respecto señala que si por alguna vía las autoridades, a quienes el Estado les ha confiado la investigación de los delitos, han tenido conocimiento de algún hecho, éstas deben averiguar, en primer lugar, si ese hecho conflictivo –que a la postre podrá o no ser delito- ha existido en la realidad[5].

En este tenor, precisamente a través de la notitia criminis[6]es que se desencadena el actuar de los órganos de investigación, es decir, de la referida Policía y Ministerio Público, así como también de sus auxiliares (Peritos), o en su caso, de la defensa (en un sistema adversarial), mismos que, en primer lugar, tendrán que constituirse en el lugar donde se supone fueron desplegadas las acciones que derivaron en un supuesto hecho delictivo. Una vez ahí, tanto la policía como los peritos (bajo el mando del MP) deberán ubicar, delimitar y proteger lo que se supone conforma el así llamado “lugar de los hechos y/o del hallazgo[7]”, tal como actualmente lo establece la disposición primera[8] del decreto A/078/2012 emitido por la Procuraduría General de la República, el cual a la letra establece:

 

“…directrices que deberán observar los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos…”

 

Con base en lo anterior y respecto del tema que nos ocupa, es posible observar que en nuestra legislación se equiparan conceptos, y basándose en la doctrina es que se genera un alto grado de confusión e incertidumbre[9] entre quienes tienen la encomienda de investigar. Es por tal motivo que nosotros denominamos espacio físico de la investigación a todo aquel lugar que pueda aportar datos para la investigación en curso, por ser un concepto vinculado permanentemente al hecho probablemente constitutivo de un delito, y con el propósito de evitar que surja confusión alguna[10]. De este modo, la investigación puede iniciarse sin acarrear vicios de origen, como lo es el asumir que el lugar al que se llega es siempre el “lugar de hechos”, cuando, por ejemplo, pudiera tratarse tan sólo de una simulación o meramente de un lugar de enlace[11].

Lo anterior -como se vertá en el desarrollo de la presente reflexión- tiene especial trascendencia para quienes intervienen en el proceso penal, por lo que consideramos incorrecto el empleo de términos como son: lugar, sitio o escena del crimen, del delito,  del suceso, de los hechos, de enlace, del hallazgo, etcétera[12].

Para el caso que nos ocupa, consideramos menester alejarnos de dichas posturas teoréticas[13] y explicar los aspectos que sirvan para obtener el fundamento lógico del concepto que aquí se propone, con la teleología de que la aproximación doctrinal a que se pueda arribar sea la base para permitir homologar nuestra legislación, y en consecuencia, pueda quedar (y quede) debidamente acotado el concepto pretendido, en una forma que resulte acorde con nuestro sistema jurídico, y desde luego, con nuestra cultura.

 

 II. El espacio físico de la investigación

 

Comenzamos esta somera reflexión considerando de manera general las diversas aristas que rodean al tema que nos ocupa, así, nos es posible comenzar a identificar los elementos diferenciadores que se tienen de manera específica en cada noción respecto del mismo, destacando que tanto en el ámbito jurídico así cómo en el académico, las locuciones latinas de “lugar”, “sitio”, “escena” y “hallazgo” suelen emplearse indistintamente, como si significaran lo mismo, cuando en realidad, si somos meticulosos y observamos las especificidades de cada concepto, habremos de saber que la estructura que tenemos en cada una de ellos, nos llevará de manera obvia por derroteros distintos[14].

Con lo anterior, es dable advertir un cierto desnivel conceptual en la asimilación e implementación del nuevo proceso penal acusatorio y oral[15], habida cuenta que los logros teóricos se distinguen por la notable influencia del derecho comparado y la escasa reflexión filosófico-jurídica. Ello, sin duda, al final produce un efecto negativo, ya que limita nuestro desenvolvimiento progresivo y por tanto se considera que dicha tendencia debe cambiar[16].

Siguiendo nuestra línea expositiva, es posible percibir que el tema que central no es una cuestión sencilla o intrascendente en la práctica jurídica, o que no le deba interesar a la doctrina, incluso al analizar someramente la legislación mexicana del siglo pasado en la materia. Así se puede observar que anteriormente resultaba innecesario u ocioso pronunciarse al respecto, debiéndose esto tal vez a que los expertos estaban más enfocados en que se respetaran las formas establecidas en la lógica del sistema procesal inquisitivo mixto (o quizás hasta matizado de acusatorio).

Con todo, desde resultará vital que los investigadores del hecho posiblemente constitutivo de delito recaben y encuentren todos los medios de prueba (indicio[17], dato de prueba,[18] y prueba[19]) en el espacio físico de la investigación cuando previamente éste haya sido debidamente identificado, delimitado y consecuentemente protegido[20], porque sólo de esta manera, incluso las actuaciones policiales y los informes periciales[21] tendrán un mayor grado de confiabilidad, como también contarán con una mayor posibilidad de ser correctamente desahogados[22] conforme a las reglas de juicio oral, a efecto de constituir oportunamente la prueba pericial.

 

En dicho sentido, el investigador del hecho o hechos delictivos (policía y/o perito) o la autoridad competente (Ministerio Público), e incluso, comop se dijera renglones atrás, la Defensa, deben actuar conforme a los principios[23] de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, conforme lo establecido por nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 21 CPEUM); recabando, protegiendo y aportando debidamente y en todo momento, los medios de prueba necesarios para establecer que efectivamente se ha cometido un hecho delictivo, o en su caso su descarte, así como evitar toda nulidad probatoria en el actuar[24].

Por otra parte, el espacio físico de la investigación al que nos referimos, así como los diferentes medios de prueba, son aspectos que se encuentran íntimamente vinculados con el hecho probablemente delictivo, por lo que no se debe perder de vista que estos giran en torno a la cadena de custodia, la cual, tiene como función demostrar la identidad, el estado original, las condiciones de su recabación, preservación, embalaje, traslado, licitud y autenticidad del dato de prueba (indicio), evitando su alteración, destrucción, sustracción, substituciones, etcétera, e incluso para identificar cualesquiera posible manipulación indebida a través de la cadena de posesión[25] de las personas que estaban obligadas a garantizar las debidas e importantes condiciones de preservación, así como el tiempo de almacenamiento y las personas que tienen acceso a todo esto.  

Bajo esta nueva lógica procesal, la regulación de la figura del perito en general deviene en un elemento esencial en el proceso penal acusatorio y oral que requiere necesariamente redefinir formal y materialmente dicha figura, incluso de manera coherente y de forma sistémica con base en el nuevo paradigma[26] que nos impone el Estado Social y Democrático de Derecho al que aspiramos.

La concepción de lo anterior, cobra especial relevancia cuando nos percatamos de que tanto el Juez, como el Ministerio Público y la Defensa no son omniscientes, y por lo tanto, les es imposible que dominen con meridiana perfección todos los ámbitos del conocimiento, aunque si bien, pudieran tener estos una noción de los mismos, ello no nos permite aseverar que tengan una pericia absoluta en el ámbito del saber no jurídico.

Reconocer dichas limitaciones humanas, por tanto, nos obliga a analizar esta realidad, para que así las leyes procesales contemplen la figura de un experto (perito, e incluso un asesor técnico y/o auxiliares técnicos)[27] para que les apoyen en aquéllos puntos en los que es indispensable que se aporte su conocimiento especializado.

Con lo hasta aquí expuesto pretendemos aseverar que en la lógica del nuevo sistema de justicia penal mexicano, la etapa de juicio oral no es la más relevante o sobre la cual gira todo el proceso. Al contrario. Se debe tener una visión integral del proceso penal, mismo que debe partir desde la génesis de la notitia criminal hasta la sentencia firme por la cual se establezca la inocencia o culpabilidad de cualquier persona.

III. Conclusiones

 

Una vez que identificamos aspectos conceptuales, elementos formales y materiales, es posible establecer una aproximación del concepto del espacio físico de la investigación como  “aquél en donde posterior a su identificación, delimitación y protección adecuadas, se desarrollan actividades inherentes a la investigación forense de un hecho o hechos que la ley señala como delito, a efecto de recabar, estudiar, identificar y proteger debidamente los medios de prueba, con la teleología que nos permitan a su vez identificar:

 

a)    Si ahí, efectivamente ocurrió el hecho o hechos probablemente delictivos que originan la investigación, y

b)    Si en estos es posible identificar, recabar y proteger indicios que tengan una vinculación con el hecho delictivo que se investiga y cuya trascendencia jurídica sea vital para los fines que el objeto del proceso penal persigue.

c)    Su constitución física o virtual como dato de prueba.

 

Con esta propuesta de definición es posible identificar las siguientes modalidades que derivan del concepto:

 

-El espacio físico de la investigación orientado a encontrar medios de prueba;

-El espacio físico de la investigación orientado a definir o reconstruir los hechos;

-El espacio físico de la investigación determinado por la actividad forense, y

-El espacio físico de la investigación como enlace a otro lugar u objeto que pueda aportar datos de prueba 

 

[1] Maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

[2] Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[3] Art. 16 CPEUM; Art. 123 CFPP.

[4] Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso A, fracción I. “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

 [5] Véase: Binder, Alberto, “Iniciación al proceso penal acusatorio”, Institutos de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales, Argentina, 2000, p. 10.

[6] Dicha denominación comprende el momento en que inicia dicho proceso mediante la llegada a conocimiento del Ministerio Público de un hecho con apariencia de delito, a través de una denuncia o una querella.

[7] Véase: Machado Schiaffino, Carlos A., “Pericias”, La Rocca, Argentina, 1995, pp. 115-132.

[8] Acuerdo A/078/2012 Acuerdo del Procuraduría General de la República, por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. DOF: 23/04/2012: “PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las directrices que deberán observar los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.”

[9] Incluso en el Dictamen de las Comisiones Unidas de  Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.

[10] Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero: “(…) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (…)”

 [11]Al respecto véase Worrall y Juárez:  ¿Donde investiga el experto forense?

[12] Cómo bien lo advierte desde su punto de vista nuestro amigo el distinguido jurista José Daniel Hidalgo Murillo: “En lo personal –desde mi criterio y experiencia- no me gusta lo que he leído en materia de escena del crimen (lugar del hecho); cadena de custodia y aseguramiento, entre otras razones, porque siendo una consecuencia de otra, los actuales acuerdos distinguen y confunden y, a la vez, crean demasiados formalismos que hacen inútiles los procedimientos.” Véase: Hidalgo Murillo, José Daniel, “Hacia una teoría de la prueba para el juicio oral mexicano”, Flores Editores, México, 2013, p. 128 y 129.

[13] Véase: Almeyda, Escobar, Janet Rossana, y Apaza, Panuera, Maria Luisa, “La Criminalística en la Investigación Jurídico Penal”, Lima, Grijley, 2004; Arce, Gallegos, Miguel. “La Criminalística en la Escena del Crimen”, Arequipa, Adrus, 2007; Arenas, J., “Crítica del Indicio en Materia Penal”, 2ª ed. actualizada, Ediciones Doctrina y Ley, Columbia, 1993; Bennet, W.W. Y Hess, K.M., “Criminal Investigation”, 4a ed., West Publishing Co., U.S.A., 1994; Clarke, R. V., y Eck, J.E., “60 Pasos Para Ser Un Analista Delictivo”, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008; Criminalist II, “Class specification for the Class 2 F 271”, Department of Personnel Services, County of Maui, 1991; Dagdug, A., “La Prueba Pericial al Amparo de un Nuevo Modelo de Justicia Predominante Acusatorio”, 1ª ed., México, Ubijus, 2010; Del Pont, K., Luís Marco, “Manual de Criminología”, Porrúa, México, 1999; Del Pont, L., “Manual de Criminología, Un Enfoque Actual”, 3ª ed.,  México, Porrúa, 1999; Fisher, B., “Techniques of Crime Scene Investigation”, 6ª ed., New York, CRC Press, 1999; Gaspar, G., “Nociones de Criminalística e Investigación Criminal”, Universidad Buenos Aires, 1993; Guzmán, Carlos A., “Manual de Criminalística”, La Roca, Buenos Aires, 1997; Herrera, Z., Pimentel, Tarsicio y Julio; “Etimología Grecolatina del Español”, Porrúa, México, 1977; Instituto Nacional De Ciencias Penales, “Guías Metodológicas de las Especialidades Periciales”, México, D.F., 2004; “Manual Para la Investigación del Lugar de los Hechos”, México, D.F., 2003; Kirk, Paul L., Bradford, W., The Crime Laboratory, Charles C. Thomas, U.S.A., 1965; “Los Indicios Biológicos del Delito”, INACIPE, México, D.F., 2003; Lyle, Douglas P., “Forensics For Dummies”, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, 2004; Macedo, R., y Lima, M., “Guías Metodológicas de las Especialidades Periciales”, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2002; Matson, Jack V., Suha F. Dahou, Jeffrey G. Soper, “Effective Expert Witnessing”, Fourth Edition, CRC Presss, 2004; Moensens, A., y Inbau, F.E., “Scientific Evidence in Criminal Cases”, 2ª Ed., The Foundation Press Inc., 1978; O’Hara Ch., E., “Fundamentals of Criminal Investigation”, 3ª Ed. Charles C. Thomas, U.S.A., 1973; Rice, Paul, R., “Proposed Amendments to Expert Witness Rules in the Federal Rules of Evidence Results of a Judicial Survey”, University of Washington College of Law; U.S.A.,1998; Tamayo, Mario, “El Proceso de la Investigación Científica, Fundamentos de Investigación”, Limusa, México, 1986; “The Criminalist”, The Official Publication of the New Jersey Division, International Association for Identification, I.A.I, Robert J. Garret, Middlesex County Prosecutor´s Office, New Jersey, 2003; Werccs Job Evaluation Committee, “Class Specification, Senior Criminalist”, Nevada, U.S.A., 2008; Yablonsky, Lewis, “The Role of a Gang Expert”, Expert Witness, Santa Monica, CA, U.S.A., 1998. 

[14] Con base en las definiciones de lo que por “escena del crimen” se establece, nos habremos de dar cuenta que estamos hablando de un ámbito prefabricado, controlado o artificial, y lo que se pretende denominar por “lugar”, “sitio” o “escena” del hallazgo” es impreciso e ilógico, puesto que la actividad de hallar o descubrir es una función del investigador, no una característica establecida del espacio físico de la investigación.

[15] De forma tal, que al final nos resulte posible considerar la sutil advertencia de Hart, quien sostiene que la manera habitual de formular definiciones de conceptos jurídicos no es adecuada. Su uso ha creado una separación entre la ciencia y el ejercicio de la profesión, esto se debe a que los conceptos jurídicos son “anómalos”. Cuando los juristas intentan definir estas palabras no se percatan que las mismas no tienen una conexión directa con el universo observable. Tales palabras realizan, más bien, una función especifica en el marco de un orden jurídico. La función de estas palabras no es describir, ni representar “contrapartes del mundo sensible”. Estas palabras sólo las podemos entender dentro del discurso en donde realizan su función específica.

[16] El Constituyente Permanente en la reforma de 2008 incluso optó, por un parte, en mantener un control judicial de la investigación, por el otro, modificó los parámetros probatorios. Lo cual representa la supresión del sistema de prueba tasada y la libertad que tiene el juez para valorar los medios de prueba estará limitada por las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.

[17] Véase el Acuerdo 06/2012 de la Secretaria de Seguridad Pública por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del procesamiento de indicios y cadena de custodia en la SSP: “Es la acción que tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los indicios, localizados en el lugar de los hechos, sin contaminar o modificar su naturaleza, para posterior estudio o análisis”.

[18] Su génesis primigenia en la legislación secundaría, es posible identificarla en el Código Modelo de la CONATRIB, en el Artículo 304. Dato de prueba: “Dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez, que se advierta idóneo, pertinente y, en conjunto con otros, suficiente, para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado.”

[19] Para Cafferata Nores, “(…) prueba es todo elemento objetivo capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación (…)”.

[20] Lo cual deberá realizarse en cada caso de forma específica y no de forma genérica.

[21]En el nuevo sistema de justicia penal se denomina informe pericial a lo que comúnmente se conoce como dictamen pericial en el sistema inquisitivo mixto o matizado de acusatorio.

[22] Por lo que hace a los medios de prueba (el indicio, dato de prueba y prueba), ahora se contempla un nuevo sistema para la fijación, delimitación, recabación y su introducción al proceso con o sin debate así como un estándar objetivo de su valoración y desahogo.

[23] Para efectos del presente trabajo, haremos referencia al termino de principios y directrices en los mismos términos a los que refieren Juárez, Bribiesca, Armando y Medina Ramírez, Marco, “Política Criminal (México y Chile)”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, México, 2011, IIJ-UNAM, Julio-Diciembre, Núm. 18, pp. 163-214.

[24] Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso A, fracción IX. “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”

[25] Al analizar someramente, aspectos de la cadena de custodia podemos advertir que es un elemento que sirve para preservar los medios de prueba obtenidos en la etapa de investigación, desde que el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia del hecho delictivo, para tomar la decisión sobre el ejercicio o no de la acción penal. Por lo que, se debe entender que la debida preservación de los medios de prueba (indicio, dato de prueba y prueba), implica, por un lado, consolidar el derecho de defensa, y por el otro, permite integrar la carpeta de investigación. Al respecto consúltese: Worrall y Juárez, “Cadena de custodia”:

http://criminalistica.mx/areas-forenses/criminalistica/1568-cadena-de-custodia

[26] Véase: Kuhn, Thomas, “La Estructura de las Revoluciones Científicas México”, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios, No. 213, 1982.

[27] Los asistentes técnicos se nombran para que “colaboren” en la tarea de las partes y con ese fin se les permite “concurrir a las audiencias pero sólo cumplirán tareas accesorias y por lo tanto no podrán sustituir a quienes ellos auxilian” lo que igualmente ocurre cuando “los estudiantes realizan su práctica jurídica”. Véase: Hidalgo Murillo, José Daniel, “Hacia una teoría de la prueba para el juicio oral mexicano”, op. cit., página 526.

Publicado en:

http://criminalistica.com.mx/

http://criminalistica.com.mx/areas-forenses/seguridad-publica/1567-el-espacio-fisico-de-la-investigacion

CADENA DE CUSTODIA

cadena 

 

EDWARD C. A. WORRALL GONZÁLEZ[1]

ARMANDO JUÁREZ BRIBIESCA[2]

 

 

Sumario: I.- Introducción. II.- Cadena de custodia. III. La cadena de custodia en sede policial. IV.-  Conclusiones.

 

 

“O no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba sucediendo”

 Carlos Monsiváis Aceves

I. Introducción

Resulta menester asimilar que el indicio es parte fundamental no sólo de la investigación criminal, sino igualmente lo es en todo el proceso penal acusatorio, habida cuenta que será a través de éste y de su legitimación, que se logrará el convencimiento en el ánimo del juzgador, siempre y cuando, por supuesto, dicho proceso investigativo se sujete a los procedimientos ordinarios que se refieren al registro inicial de la ubicación del indicio en sí, a su detallada y precisa descripción, marcaje numerado, fijación fotográfica, embalaje y etiquetado correspondientes, así como su posterior traslado y correcto llenado de los documentos o formatos legales que amparen tales acciones, vinculándolas con las personas involucradas en ello, procedimientos que en conjunto constituyen un requisito indispensable para el debido cumplimiento de la así llamada cadena de custodia.

 

Con lo anterior resulta importante entender que, más que una mera “acta” de cadena de custodia, el procedimiento de la cadena de custodia es una realidad del indicio mismo. Por tal motivo, la “cadena de custodia” se demuestra, no tanto se protocola.

 

Ya sea a nivel federal como también en las diversas entidades, la cadena de custodia hoy en día es más que un documento; es la realidad misma de la confianza que debe ofrecer el indicio. En este sentido incluso algunos jueces de control han  rechazado la prueba en la audiencia intermedia por carecer esta del documento que garantiza la cadena de custodia. De hecho la prueba no fue admitida por el juzgador aún sin que necesariamente hubiese tenido que demostrase que la cadena en efecto había sido violentada[1].

 

Con lo establecido hasta el momento, en términos generales podemos entender que la cadena de custodia equivale a la lista de personas que participan en la recabación del indicio, toman posesión de éste y lo tienen bajo su protección, lo que significa que dichas personas involucradas están a cargo de un medio de pruebarelacionado con un probable hecho delictivo. Conviene por lo mismo tener presente que el indicio en referencia posteriormente podrá llegar a ser considerado -como se dijera- un medio de prueba dentro del proceso penal, por tal razón es que se anticipa que si su preservación, recabación y protección no fueron de acuerdo a protocolo, las consecuencias derivarán en su ilicitud o nulidad.

 

Lo anterior se vincula plenamente con lo que establece el artículo 20, apartado a), fracción primera de la Carta Magna, en donde se establece que el propósito del proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, es decir, se obliga a los intervinientes a iniciar cualquier actuación con base en los medios de prueba y las normas. Ello habrá de orientar la etapa de investigación, de manera tal que con base en esos elementos será posible determinar qué diligencias se van a desplegar a efecto de esclarecer la notitia criminis, mismas que a su vez deberán estar registradas en la carpeta de investigación, la cual a su vez estará bajo la custodia del Ministerio Público, quien es el director de la investigación y por ende debe sujetarse a determinados principios y reglas procesales (al igual que la policía y los peritos).

 

En este contexto es posible advertir que las diligencias en la investigación, para que sean practicadas, se requiere identificar previamente si éstas requieren o no de la autorización judicial, así como cumplir con los requisitos legales establecidos en nuestro sistema jurídico. Y lo anterior se debe llevar a cabo sin perder de vista que la investigación se encuentra bajo la dirección del Ministerio Público, con la finalidad de acopiar todos los medios probatorios que demostrarán su hipótesis fáctica y jurídica, medios probatorios que serán muy importantes en la preparación del caso[2].

 

II. Cadena de custodia

 

A estas alturas resulta posible identificar que la cadena de custodia es el procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios de prueba relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de administrar justicia, y que tiene como fin el no viciarlos con el manejo que de ellos se haga, pretendiendo evitar en todo momento que estos medios de prueba sufran alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Lo anterior encuentra su fundamento en el debido proceso cuando se le identifica como “…aquel razonablemente estructurado para averiguar la verdad [3]. Pero también cuando se dice que “…es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material[4].”

 

Con base en lo dicho hasta el momento, al recolectar los medios de prueba lo importante es el significado y el valor que van a tener en el proceso penal acusatorio y oral, por lo que resulta relevante garantizar y preservar este valor por medio de la cadena de custodia, dada la trascendencia jurídica a la que pueden arribar en un momento dado.

 

Para tales propósitos resulta importante tomar en consideración que lo que en realidad se pretende es proporcionar un grado de certeza en el juzgador, en el sentido de que los indicios recolectados en el espacio físico de la investigación[5] servirán de base para dictar su resolución, y que estos indicios que están frente a él al momento del dictado de sentencia son los mismos que se identificaron, recabaron y protegieron en la etapa de investigación.

 

Ahora bien, además de lo anterior, la cadena de custodia permite igualmente conocer en cualquier estado del proceso penal, dónde se encuentra el medio de prueba, o quién lo tiene, lo cual lógicamente garantiza la seriedad y transparencia del informe pericial efectuado por el o los expertos en los diferentes laboratorios criminalísticos, entregando los resultados en forma oportuna y con la calidad exigida por las leyes a efecto de constituir adecuadamente la prueba pericial.

 

En resumen tenemos que la cadena de custodia implica, necesariamente, los siguientes pasos[6]:

 

  1. 1.    Identificación del medio de prueba,
  1. 2.    Recabación del medio de prueba.
  1. 3.    Protección y preservación del medio de prueba,
  1. 4.    Individualización del medio de prueba;
  1. 5.    Transporte apropiado;
  1. 6.    Entrega controlada.

 

En consecuencia, la cadena de custodia de los medios de prueba encuentra su fundamento en los siguientes principios probatorios:

 

– Principio de aseguramiento de la prueba.

– Principio de la licitud de la prueba. 

– Principio de la veracidad de la prueba.

– Principio de la necesidad de la prueba.

– Principio de la obtención coactiva de la prueba.

– Principio de la inmediación, publicidad y contradicción de la prueba.

 

III. La Cadena de custodia en sede policial

 

La cadena de custodia en sede policial se comprende como el procedimiento de control que se aplica al indicio desde la localización por parte de una autoridad, policía o agente de ministerio público, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión[7]. Este procedimiento  contempla cinco fases básicas que deben ser respetadas de modo que no se pierda la garantía y veracidad del elemento por utilizar como medio de prueba. Las fases básicas a que se hace mención, por su orden, se conocen como:

-Fase de hallazgo: que exige, como primer requisito, la identificación y custodia del espacio físico de la investigación, y enseguida la de los indicios.

-Fase de recolección: que demanda en primer lugar la individualización del sujeto legitimado para hacerla y, en segundo lugar, el modo técnico o científico para realizarlo.

-Fase de transporte o traslado, la cual requiere, como primer requisito evitar la destrucción de los medios de prueba; como segundo requisito evitar su contaminación, y como tercero, el sujeto encargado de realizar su traslado.

-Fase de procesamiento, que pide, como primer requisito, determinar el sujeto procesal legitimado para ordenar las pericias sobre la evidencia, como segundo la identificación del perito o técnico o científico legitimado para el procesamiento de dichos medios de prueba, y como tercero, el procedimiento o método científico o técnico de dicho procesamiento.

-Fase de custodia, que exige, como primer requisito, las formalidades del traslado de los medios de prueba entre una y otra autoridad, y como segundo el modo como deben permanecer en cada uno de los sitios en que deban ser resguardados.

-Fase de preservación, destrucción o entrega.

 

Tal como es posible dilucidar con lo asentado, resulta indispensable que para averiguar la verdad material como finalidad esencial del proceso, se garantice con absoluta certeza que los medios de prueba ofrecidos en dicho proceso penal sean los mismos que se encontraron en el espacio físico de la investigación. Por lo mismo, posterior a la identificación, recabación y protección del indicio, se debe proceder a su entrega al Agente del Ministerio Público, con la finalidad de continuar con el proceso penal con base en la información recabada precisamente en el espacio físico de la investigación. Un aspecto de enorme importancia en este sentido, es quela cadena de custodia termina siendo un mecanismo verificador mediante el cual el juzgador pueda tener certeza del valor del indicio. 

 

IV. Conclusiones

 

Al analizar someramente aspectos esenciales de la cadena de custodia, es posible advertir que se trata de un mecanismo de control que sirve para preservar los medios de prueba obtenidos en la etapa de investigación, desde el momento en que el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia del hecho delictivo para tomar la decisión sobre el ejercicio o no de la acción penal. Por tanto, se debe entender que la debida preservación de los medios de prueba (indicio, dato de prueba y prueba), implica, por un lado, consolidar el derecho de defensa, y por el otro, integrar la carpeta de investigación[8]. Así pues, a efecto de conciliar ambas exigencias, todo indicio que sea sujeto a cadena de custodia, debe incluir el o los documentos que acrediten la misma. Sin embargo, se deberá de tener especial cuidado por las particularidades de los informes periciales y la prueba pericial[9].

 

La lógica de la cadena de custodia, en consecuencia, radica en establecer y demostrar que en el proceso penal los medios de prueba no han sido manipulados, y que los principios de transferencia, relación y causalidad han sido respetados a cabalidad. Lo anterior con la finalidad de acreditar la identidad y el estado original en que fueron hallados los medios de prueba en el espacio físico de la investigación[10], así como también a efecto de dejar constancia de las condiciones y cambios hechos en dichos medios de prueba por todas y cada una de las personas que participaron en calidad de “custodios” de los mismos.

Es prudente, pues, mencionar que la relevancia de la continuidad de la posesión radica en dejar constancia escrita respecto del cuidado del indico[11], los estudios efectuados a éste, su almacenaje y traslado en general, con claridad suficiente desde el inicio de la investigación, a efecto de evitar la posible invalidación de la prueba.En tal dinámica es factible establecer que la cadena de custodia tiene como teleología demostrar la identidad, el estado original, las condiciones de su recabación, preservación, embalaje, traslado, licitud y autenticidad de los medios de prueba, evitando con ello su alteración, modificación, destrucción, sustracción, substituciones, e incluso para estar en capacidad de identificar, en su caso, cualesquiera indebida manipulación a través de la cadena de posesión de dichos medios de prueba por las personas que estaban obligadas a garantizar las condiciones debidas de preservación, así como el tiempo de almacenamiento, refiriendo quiénes tuvieron acceso a los mismos.  

 

También se puede describir la cadena de custodia como: el sistema de control y registro que se aplica al indicio relacionado con el hecho que se presume delictivo, desde su avistamiento o incorporación al proceso penal -apegándose a los principios de control, preservación, seguridad, mínima intervención y descripción detallada- hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Por lo tanto, no huelga decir que una vez que el Ministerio Público o las policías, o aquellos funcionarios encargados de practicar diligencias de investigación en auxilio del M.P. tengan conocimiento de la probable existencia de un delito (notitia criminis), se deberán dictar todas las medidas posibles para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios del hecho delictuoso. En este sentido, la cadena de custodia viene a conformar el conjunto de etapas desarrolladas en forma legítima y científica durante la investigación, con el fin de cuidar que no se alteren, o se destruyan los indicios materiales al momento de su recopilación y posterior análisis científico, hasta su incorporación a juicio.

 

Para concluir es dable entender que, en un sistema de garantías como lo es aquel al que estamos transitando, resulta necesaria la construcción de mecanismos de legalidad que permitan garantizar un debido proceso penal, si entendemos que la preservación de los medios de prueba es parte de una garantía máxima para el imputable y para que la prueba sirva de base para su correcto enjuiciamiento, asegurando, desde luego, que éstos medios de prueba hayan sido obtenidos mediante procesos lícitos. Resulta importante señalar, por lo tanto, que garantizando la igualdad de partes y de contradicción en los dispositivos legales, se les brinda la posibilidad a los intervinientes de tener acceso al material probatorio, para que de la misma manera -y en caso de así permitirlo la naturaleza de la prueba- puedan las partes practicar los análisis que deriven en los correspondientes informes periciales, que en un determinado momento serán la base de la prueba pericial para sustentar sus pretensiones, estableciéndose además la forma de impugnación a la violación de estos derechos frente al Juez[12].


[1] Maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

[2] Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

  


[1]Véase: Hidalgo Murillo, José Daniel, “Hacia una teoría de la prueba para el juicio oral mexicano”, Flores Editores, México, 2013, p. 157.

[2] Véase: Benavente Chorres, Hesbert, “La aplicación de la teoría del caso y la teoría del delito en el proceso penal acusatorio y oral”, Flores Editores, México, 2012, p. 57.

[3]Rawls, John, “El Debido Proceso”, TEMIS, 1996, p. 4.

[4] Madrid-Malo Garizábal, Mario, “Derechos Fundamentales”, 2ª Edición 3R Editores, Bogotá, 1997, p. 146.

[5]Al área donde se llevan a cabo las diferentes diligencias investigativas, se recomienda identificar como espacio físico de la investigación hasta en tanto no quede demostrado pericialmente que el hecho que se supone constitutivo de delito, en efecto tuvo lugar allí, o bien que tan sólo fueron detectados en dicha área algunos indicios probablemente relacionados con el hecho. Al respecto consúltese: Worrall y Juárez, “El Espacio Físico de la Investigación”.

[6] Los pasos a que nos referimos son coincidentes, en todo caso, con aquellos propios de la investigación criminal.

[7] Véase: Código Federal de Procedimientos Penales, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la Policía Federal y el acuerdo 06/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para la regulación del procesamiento de indicios y cadena de custodia en la Secretaria de Seguridad Pública.

[8] Consolidar el derecho de defensa en la etapa de investigación implica que, en determinados casos las actuaciones realizadas en la misma, puedan ser reservadas a efecto de evitar su destrucción o alteración, considerando que dicha reserva no debe exceder la mitad del plazo máximo de la investigación formalizada, por lo que corresponderá al imputado mediante su defensor solicitarle al juez que se pronuncie respecto de dichas limitaciones.

[9] Conforme a las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral o bien mediante su presentación o certificado.

[10] En torno al concepto de El espacio físico de la investigación, véase nuestra opinión publicada en

http://www.criminalistica.mx/. Al respecto también puede consultarse en: ¿donde investiga el experto forense?,   de Worrall y Juárez.

[11] La palabra indicio  tiene su origen etimológico en el latín, indicium: signo aparente y probable de que existía alguna cosa. Es sinónimo de seña, muestra o indicación. De la etimología de la palabra investigación deriva la importancia del indicio, como sustento de ella, puesto que el término procede del latín investigare y este a su vez, de vestigum que significa señal o huella..

[12] Véase: Vargas Moreno, Mauricio, “Nociones Generales del proceso en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México”, Porrúa, México, 2010. p. 189 y ss. 

DESCARGAR: PROTOCOLO CADENA DE CUSTODIA

La derogación del arraigo

CELDAS

Es necesario divulgar en la sociedad, el cambio radical que afortunadamente se pretende implementar en la investigación y persecución de los delitos, así como en todas las actividades propias de la procuración e impartición de la justicia penal.

Lo anteriormente dicho, porque aún prevalece aquélla lógica tradicional que se confecciono en todo el siglo pasado por la evidente imposibilidad para investigar adecuadamente un hecho delictivo por parte de las instituciones encargadas, y en consecuencia, casi en automático el Ministerio Público solicitaba (y sigue solicitando) la imposición del arraigo para poder obtener los medios de prueba para sustentar y ejercer la acción penal (detener para investigar) lo que se pretende revertir con la instauración del nuevo sistema de justicia penal.

En otras palabras, el arraigo se traduce en la privación de la libertad arbitraria del imputado, para investigarlo y colocarlo en un estado de indefensión, susceptible a la tortura psicológica y física.

Esta “institución sui generis” se comprenden en el contexto y bajo la lógica del proceso inquisitivo puro, matizado o mixto, en el que el Ministerio Público es el encargado de investigar y acusar. Presupuesto errado, que igualmente ya ha sido corregido con la implementación del nuevo proceso penal acusatorio y oral, lo que progresivamente conllevará a la derogación del arraigo que aún tenemos en nuestra Carta Magna, lo que es incluso un compromiso insoslayable bajo la lógica internacional de los Derechos Humanos.

No olvidemos que dicha figura se consolidó porque en nuestra cultura resultaba “normal” el binomio: Privación de la libertad y Flagrancia, ya que por tradición inquisitiva han sido los pilares sobre los que subyace la lógica del proceso penal inquisitivo mixto o sutilmente matizado de aspectos de la lógica procesal acusatoria.

El debate no es nuevo y al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció su posición, previó a la reforma de 18 de junio de 2008, considerando que dicha figura implicaba una detención que transgredia plenamente los derechos fundamentales (cuya denominación entonces era la de garantías individuales), según la redacción establecida entonces en el artículo 19.

Posteriormente y en este mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó el contenido de la reforma constitucional de 2008, en lo referente al régimen de excepción y en particular a la “institución” del arraigo, como un elemento verdaderamente deplorable que atenta contra los derechos fundamentales, sin perder de vista, que además le otorga mayor margen a la autoridad ministerial y deviene en mayores restricciones para las personas.

Al respecto véanse las tesis aisladas emitidas por la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL.

La reforma constitucional a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 73, fracciones XXI y XXIII; artículo 115, fracción VII y la fracción XIII, del Apartado B, del numeral 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio de 2008, fue trascendente para el sistema de procuración e impartición de justicia en materia penal, pues establece un nuevo modelo de justicia penal para pasar del llamado sistema mixto al acusatorio u oral. Además, introduce la figura del arraigo a través de la cual se permite limitar la libertad personal bajo ciertos requisitos que la propia Constitución señala en el artículo 16 párrafo octavo adicionado. En esta reforma se establece la procedencia del arraigo única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, emitida por la autoridad judicial y a solicitud del Ministerio Público. Hay que subrayar que en la misma reforma se modificó la fracción XXI del artículo 73, en la que se establece como competencia exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia organizada, quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las autoridades federales, y su artículo décimo primero transitorio modifica temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos a los de delincuencia organizada, en un lugar específico y por un término más limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por un máximo de cuarenta días. Sin embargo, este artículo décimo primero transitorio en ningún momento modifica la competencia federal para emitir una orden de arraigo, ni permite que los ministerios públicos o jueces locales emitan estas órdenes. La racionalidad del transitorio sólo se refiere a la entrada en vigor del sistema acusatorio a nivel federal, modificando las circunstancias materiales, de tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero no modifica la competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla. Por ello, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, no puede ser considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente para emitirla, ni el ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que se solicitó fuera considerado grave y en la Federación o en el Estado no haya entrado en vigor el sistema penal acusatorio.

ARRAIGO LOCAL. EFECTOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ. EXCLUSIÓN DE PRUEBAS DIRECTA E INMEDIATAMENTE RELACIONADAS.

Dada la inconstitucionalidad de una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del fuero común, para el éxito de la investigación de un delito también local, debe corresponder en cada caso al juzgador de la causa penal, como autoridad vinculada al cumplimiento, determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo, dado que dicho valor no se pierde en automático por la declaración de invalidez de la orden de arraigo. Es por ello que para los efectos de la exclusión probatoria, el juez de la causa penal deberá considerar aquellas pruebas que no hubieran podido obtenerse a menos que la persona fuera privada de su libertad personal mediante el arraigo, lo cual comprenderá todas las pruebas realizadas sobre la persona del indiciado, así como todas aquellas en las que él haya participado o haya aportado información sobre los hechos que se le imputan estando arraigado. En este sentido, se constriñe al juez de la causa penal a que, mediante un auto que emita en la etapa procedimental en que se encuentre el juicio penal, determine qué pruebas deben ser excluidas de toda valoración, lo cual debe hacer del conocimiento de las partes en el juicio.”

Sin importar dichos pronunciamientos, actualmente en el artículo 16 y 19 de la CPEUM, refieren textualmente a esta figura, y establece las pautas para su procedencia cuando se trate de delitos graves. Con lo que se permite transgredir legalmente el principio de presunción de inocencia que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, principalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La obligación de derogar el arraigo responde a la exigencia de respetar el sistema de protección de los Derechos Humanos y atender el reclamo de la sociedad y de la comunidad internacional hacia México.

Con todo, es dable precisar que cualquier debate mediante el cual se pretenda justificar la subsistencia del arraigo sólo se comprende bajo la lógica del viejo sistema inquisitivo o del régimen de excepción, porque es donde éste se concibió para soslayar las deficiencias comprendidas en el mismo, es decir la incompetencia para investigar  y sin importar que ahora dicha “figura” sea constitucional simplemente no deja de ser inconvencional. 

Publicado por Armando Juårez Bribiesca (autor) desde WordPress para BlackBerry