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A 10 años de la reforma al NSJP
El 18 de junio de 2008 se concretó una reforma constitucional que sentó las bases en el ámbito constitucional con miras a instaurar un Estado Social y Democrático de Derecho en el que la sociedad civil organizada adquiere un lugar relevante. Sin duda, las reformas al juicio de amparo y en el rubro de Derechos Humanos (6 y 10 de junio de 2011) complementan a la reforma penal, y en conjunto, entrañan e imponen un cambio cultural a todos los operadores del sistema jurídico.
Para lograr dicho cambio cultural, desde la vacatio legisse consideró importante establecer programas orientados a la permanente capacitación de los peritos, policías, agentes del Ministerio Público, Abogados Defensores y Jueces. Los resultados son evidentes, tenemos avances y retrocesos. Y lo anterior es así, pues comenzamos a transitar de un proceso penal inquisitivo mixto que históricamente fue matizado por la lógica acusatoria y oral (Código Termidoriano de 1795 y Código Napoleónico de 1808); y transitamos a una modalidad procesal acusatoria y oral preponderantemente matizada por las instituciones inquisitivas (decantándonos por la modalidad formal del proceso penal acusatorio).
En dicho contexto, podríamos asumir que evaluar los retrocesos y avances en la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal es un ejercicio que resulta posible y viable; la realidad es mucho más compleja y desalentadora, pues las instituciones del sistema de justicia penal se mantiene una cultura de restricción de información, particularmente en virtud de que la justicia penal y su relación con la seguridad ciudadana hacen que estos temas sean social y políticamente muy sensibles. Se mantienen criterios de reserva para entregar información. Los encargados de la información estadística deben solicitar anuencia a los altos funcionarios para atender solicitudes de información y ésta suele tardar en fluir hacia los solicitantes[1].
Luego entonces, en esta primera década ha resultado casi imposible evaluar adecuadamente la trascendental reforma procesal penal; pues, no es posible criticar objetivamente los resultados, aciertos, avances y retrocesos en general por las restricciones que hasta ahora imperan en el rubro de acceso a la información.
Lo anterior, por supuesto que impacta de manera negativa en la percepción social ya que a la sociedad se le oculta la información que le permita obtener una perspectiva respecto de la evolución del proceso acusatorio y oral matizado de la lógica inquisitiva (acusatorio formal), así como de la aplicación por parte de los operadores de dicho sistema; No obstante lo anterior, es necesario considerar las prácticas positivas interinstitucionales y que comprenden la continua capacitación, mediante la cual nos proporcionan los elementos que nos permiten obtener una retroalimentación en aras de identificar las malas y buenas prácticas en los juicios por audiencias en los que la sociedad exige un cambio cultural respecto de las formas de materializar el derecho a la verdad, el principio de oportunidad y al principio de legalidad.
En lo personal, considero que la reforma al sistema de justicia penal es una decisión histórica y positiva para nuestro país, respecto de la cual debemos seguir sumando esfuerzos en aras de lograr su consolidación pues no basta dar cumplimiento con establecer la legislación secundaria correspondiente; es necesario e indispensable, que la sociedad cuente con la información con base en la cual resulte posible identificar y evaluar lo realizado por la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias a fin de materializar el sistema procesal penal acusatorio y oral.
Entre los logros que resulta posible identificar es la expedición (principalmente) de:
a.- El Código Nacional de Procedimientos Penales;
b.- La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales;
c.- La Ley Nacional de Ejecución Penal;
d.- La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes;
e.- El Código Militar de Procedimientos Penales;
f.- La Nueva Ley de Amparo; y
g.- Los protocolos nacionales de: Primer Respondiente, Traslados, Seguridad en Salas, Policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención y la Guía Nacional de Cadena de Custodia.
Además, se reformaron (principalmente):
a.- La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;
b.- El Código Nacional de Procedimientos Penales;
c.- El Código Penal Federal;
d.- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
e.- La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal;
f.- La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro;
g.- La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
h.- La Ley Federal de Defensoría Pública;
i.- El Código Fiscal de la Federación; y
j.- La Ley de Instituciones de Crédito.
Con base en todo lo anterior, es posible aseverar que las expectativas de justicia que la sociedad anhela y en la que deposite su confianza, aparentemente no se verán materializadas por el nuevo sistema de justicia penal; y asumo como aparente porque es indispensable socializar la información que surge en este rubro de forma sencilla y objetiva (en aras de revertir el populismo penal y la gestión punitiva de la pobreza).
Muchos al advertir dichas deficiencias y limitaciones en el ámbito de la socialización del sistema de justicia penal en general , incluso se atreverían a plantear el fracaso del proceso penal acusatorio y oral en lo particular (expectativas de transformación en la averiguación de los hechos); un planteamiento simplista e inocente (el anhelo por lo inquisitivo), pues olvidan que la profesionalización y la capacitación de los operadores en el nuevo modelo de justicia es uno de los retos que los operadores (jueces, agentes del Ministerio Público, defensores, mediadores y conciliadores, asesores de víctimas, peritos, policías y personal del sistema penitenciario y abogados Defensores) asumimos en conjunto y de forma permanente para cumplir con las expectativas que nos impone la sociedad.
Por último, y a 10 años de dicha reforma -solo dos años de vigencia plena-, es dable recordar lo aseverado por el profesor Mirjan R. Damaska, en el sentido de que mientras la ciencia continúe cambiando a la sociedad, a ésta le esperan grandes transformaciones en todos los sistemas jurisdiccionales. Y, estas transformaciones pueden llegar a ser tan trascendentales como las ocurridas en la edad media, cuando las formas mágicas de prueba desaparecieron debido a los prototipos de nuevas técnicas probatorias (La voz de Dios fue reemplazada por la voz del pueblo)… Por supuesto, es imprevisible saber qué formas tendrá la nueva construcción (¿razonamiento probatorio?), mientras nosotros estemos vagando entre dos mundos (modalidades procesales), uno muerto (lo inquisitivo mixto) y el otro incapaz de nacer (lo acusatorio y oral).
[1]Zepeda Lecuona, Guillermo (octubre 2012), Seguimiento del proceso de implementación de la Reforma Penal en México. Informe general, México, Offset Rebosán, octubre de 2012, p. 17 y ss.
EL PRINCIPIO ACUSATORIO EN LA PERSPECTIVA JURÍDICA MEXICANA
Armando Juàrez Bribiesca
La reforma de 18 de junio de 2008 realizada a nuestra Carta Magna por el Poder Reformador se concretó sin importar que un amplio sector estuviese (y sigue estando) en contra, lo anterior no fue sencillo y para entender dicho fenómeno de resistencia al cambio por parte de los operadores del sistema penal, es necesario considerar que desde la conquista nos fue impuesta la modalidad “procesal inquisitiva”, y posteriormente transitamos guiados por el colonialismo académico a la modalidad que tuvo sus orígenes en el código Termidoriano de 1795 y el Napoleónico de 1808, ambas legislaciones francesas que dieron vida al golem denominado “proceso inquisitivo mixto”.[1]
La tendencia hacia la modalidad procesal penal acusatoria y oral, no es producto de la casualidad, pues por el contrario, es una pretensión muy bien planeada desde el ámbito Internacional y que tiene sus raíces en los esfuerzos realizados por Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo; el destacado procesalista y jurista español, desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal impulsó la unificación procesal penal en Latinoamérica con miras en un modelo más evolucionado que tuviese como parámetro la lógica que impera en el common law.
En este contexto, la instauración de una modalidad procesal en nuestro país que está regida por el principio acusatorio y definido por la oralidad se concatena con el estándar jurídico comprendido en las reformas procesales penales que hasta la fecha se han concretado en Latinoamérica en este rubro, pero lo que no queda claro, es si seguimos los planteamientos propios del common law (acusatorio puro) o seguimos la perspectiva del Sistema Continental Europeo (acusatorio formal).
Con base en lo inicialmente expuesto, es necesario nunca perder de vista la utilidad que tiene el sistema jurídico para supra determinar la cultura de un país; los romanos lo entendieron, por ello era indispensable en los procesos de conquista instaurar por la fuerza su sistema jurídico como una forma de asegurar el control, de igual forma lo entendió Napoleón (por ello se instauró por la fuerza en los países Europeos en los que ejerció su control) y actualmente, las potencias también han asimilado la relevancia que tiene el sistema jurídico como forma de control y una vía para lograr los cambios culturales. Es claro que las formas (en su implementación) han cambiado al momento de implementar y concretar modificaciones a los sistemas jurídicos (mediante la coacción económica) , pero preservando los fines (sometimiento, control y cambios culturales modulados).
I.- Nuestro contexto
Debemos reconocer que, en aras de asimilar el principio acusatorio en nuestro país, actualmente hemos minimizado el Derecho Comparado, y sin éste, se dio la pauta a la confusión, al pretender definir como “acusatorio” desde el ámbito teórico a un sistema penal que en la legislación secundaria y en la práctica (como actualmente acontece), lo que en realidad impera es la lógica y las formas inquisitivas (tomando como base el Derecho Penal Nazi contenido en nuestra Constitución). Considerando todo lo anterior, es necesario responder las siguientes interrogantes:
¿El principio acusatorio realmente es supra determinante al momento de calificar un sistema de Derecho Penal?
Los procesalistas mexicanos y Latinoamericanos, toman como punto de partida para diferenciar un sistema de otro, la simple acumulación o la separación de funciones; pero debemos considerar que el principio acusatorio sólo es una característica de todo sistema de Derecho Penal moderno con base en el cual resulta posible garantizar lo siguiente:
a.- La imparcialidad de los Jueces;
b.- Un órgano distinto encargado de formular la acusación que se le va a formular al justiciable: “el que juzga no puede acusar”;
c.- Definir adecuadamente el objeto del proceso penal (Cfr. artículo 20, apartado A del texto actual de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “(…) El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen (…)”; y
d.- Que el juez no tenga facultades de dirección del proceso penal (ni aportar hechos o prueba de oficio.
e.- Lo que entendemos como principio acusatorio es bastante confuso, y desde la teoría se han producido errores conceptuales de consecuencias prácticas graves, que han llegado al extremo de aseverar que los Jueces de Control deben buscar la verdad.
En dicho sentido, habría que considerar lo planteado por Ferrajoli, quien, de modo enunciativo precisa las características inherentes al sistema inquisitivo de la siguiente manera:
- Iniciativa del juez en el ámbito probatorio;
- Desigualdad de poder entre la acusación y la defensa; y
- Instrucción escrita y secreta.
Mientras que, al sistema acusatorio, le son esenciales:
- Separación rígida entre juez y acusación;
- Igualdad entre la acusación y la defensa;
- Publicidad; y
- Oralidad.
Sin embargo, debemos considerar que en la modalidad inquisitiva mixta ya existía la separación entre juzgador y acusador, pero habríamos de preguntarnos si nuestra modalidad procesal se podía calificarse de “acusatoria”, pues las facultades del Ministerio Público y de los Jueces resultaba desproporcionada respecto del papel que se le otorgaba a la defensa pues la carga de la prueba para demostrar su inocencia la tenía el justiciable.
El cambio de sistema penal implica en nuestro contexto eliminar las ventajas que tiene el Ministerio Público y los Juzgadores y lograr que las partes no se encuentren en un plano de desigualdad, dando la pauta al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y con base en la práctica, nos hemos dado cuenta que lo que actualmente ocurre, es que los Jueces en el nuevo sistema de Justicia Penal pretenden seguir ejerciendo las facultades que tenían en el sistema inquisitivo mixto, es decir, pretenden seguir buscando la verdad. Es necesario para estar en condiciones de asimilar mis planteamientos, considerar lo siguiente:
a.- Podríamos decir que, los Jueces en el proceso penal acusatorio y oral, no tienen las facultades de buscar la verdad y en consecuencia, son Jueces de piedra; lamentablemente ocurre que, dichos planteamientos sólo son ciertos si tomamos como base el sistema penal acusatorio puro propio del common law en el que el Jurado es importante y se tiene el discurso plano de lo razonable. En este punto es dable considerar lo aseverado por Alberto Binder, en el sentido de, por un lado, que un Juez del sistema adversarial no busca la verdad sino que la exige a los acusadores; del otro, que de nada o de muy poco nos sirven las refinadas reflexiones sobre los estándares respecto de la verdad o la prueba en sistemas procesales toscos, impermeables y descuidados en el manejo de la información.
b.- Si analizamos nuestro sistema jurídico, habremos de considerar características evidentes de nuestro Nuevo Sistema de Justicia Penal en el que “los Jueces ejercen sus facultades para buscar la verdad”, para dirigir el debate, no contamos con Jurados y se decide con base en el instrumento de control denominado teoría del delito. Con lo que es posible aseverar, que seguimos la lógica del acusatorio formal propio del sistema continental europeo.
La necesidad de adoptar una perspectiva epistemológica en torno al tema de la prueba se vuelve indispensable. Lo anterior, nos obligará a distinguir los objetivos que imperaban en el proceso penal inquitivo – mixto en el que el Juez tenía como objetivo la averiguación de la verdad, llegando al extremo de su imparcialidad en la búsqueda de la “justicia”.
Lo que nos lleva a ahondar en torno a un tópico complejo en que habremos de analizar si el juez del proceso penal debe o no ser ser neutral; y si el objeto del proceso deber la búsqueda entre la verdad y la falsedad.
La imparcialidad, desde los planteamientos tradicionales nos llevaría a aseverar que el objeto del proceso penal es la búsqueda de la verdad, dichos planteamientos pueden no ser ajenos respecto de algunas modalidades híbridas en las que imperan los planteamientos propios del sistema del common law, en los que habremos de identificar que el juez tiene facultades y atribuciones inquisitivas para ordenar de oficio la adquisición y práctica de pruebas no solicitadas por las partes.
Luego entonces, estamos en condiciones de identificar las modalidades procesales por las que hasta la fecha se han instaurado en nuestro país desde la conquista hasta la fecha:
a.- Inquisitivo puro;
b.- Inquisitivo mixto matizado con aspectos propios de la lógica del common law; y
c.- Acusatorio y Oral matizado con aspectos propios de la lógica inquisitiva (Derecho Penal Nazi: en el que procede la prisión preventiva oficiosa por el sólo hecho de invocar el topo penal).
¿El concepto que entraña lo “adversarial” es lo mismo que significa lo acusatorio?
Para responder esta interrogante es necesario considerar que los términos de “sistema acusatorio”, “proceso adversarial” y “principio acusatorio” se han desarrollado en nuestro país desde el ámbito académico que no considera estrictamente el Derecho comparado, y previo a definir lo que de dichos conceptos deberíamos asimilar o entender, es necesario tomar postura respecto de qué perspectiva seguir, es decir, las bases conceptuales y la perspectiva propia del common law o aquellas que se comprenden en el proceso penal acusatorio formal propio del sistema continental europeo.
Luego entonces, habría que entender que el principio acusatorio y lo adversarial se complementan respectivamente, pero no significan lo mismo, pues desde la perspectiva propia del common law lo “adversarial” significa que las partes son las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y sus pruebas al proceso, de ahí que sean ellas quienes deban investigar los hechos conforme a su teoría del caso (tal y como se establece en el artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
Lo acusatorio, por otra parte, significa que son las partes las que tienen la responsabilidad de convencer al juzgador sobre la culpabilidad o inocencia del acusado con base en su teoría del caso, principalmente el Ministerio Público pues éste tiene la carga de la prueba (no como actualmente acontece, que algunos Jueces al solicitarles actos de investigación consistentes en entrevistas conforme al artículo 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo niegan, afirmando erróneamente que las entrevistas son pruebas y que sólo se puede interrogar hasta juicio oral y luego proceder a desechar el recurso de revocación con base en los mismos planteamientos).
Debemos entender que lo adversarial y reiterar que el principio acusatorio no se materializan ante un Jurado, pues los planteamientos actualmente se formulan ante un Juez lego que se inmiscuye en la contienda, e incluso omite los planteamientos formulados por la Defensa (afirmando que la cadena de custodia es irrelevante y que los protocolos de actuación no son ley), limitando el principio de contradicción para dar la pauta a decisiones jurisdiccionales que debemos calificar como injustas pues en nuestro país es necesario Defender los principios propios de una democracia y con base en una perspectiva jurídica cosmopolita (conforme al pensamiento de Jürgen Habermas).
¿El juez en el proceso penal acusatorio y oral es un mero espectador?
Desde la perspectiva del proceso acusatorio formal (sistema continental europeo), se llega a considerar que el juez no es un mero espectador, y debe ser un decisor proactivo ante lo que se le plantea, adoptando un mayor protagonismo, e incluso omitiendo determinadas reglas propias de un proceso penal que se concibe desde la perspectiva del common law. Pero, antes de emitir juicios equívocos, es necesario considerar los desarrollos emanados del “proceso penal adversarial norteamericano” y analizar meticulosamente los planteamientos propios “del proceso penal acusatorio formal Europeo”, para posteriormente identificar los planteamientos eclécticos que surgen al reflexionar respecto de éstas dos modalidades (debe quedar claro que estoy convencido de los esfuerzos por implementar una modalidad mas evolucionada del proceso penal).
Así las cosas, es necesario comentarles que el sistema “adversarial” norteamericano no se entienden sin el Jurado, de manera que la posición del juez deviene en mero espectador y las partes son quienes definirán el proceso, y el Jurado es quien decide de verdad.
Luego entonces, y bajo una perspectiva inquisitiva mixta, es necesario recordar que poco fue lo que aprendimos respecto al principio acusatorio, pues no hemos roto las cadenas que tenemos respecto del pensamiento envenenado por la lógica inquisitiva, en sentido estricto y clásico; y la realidad es tan crítica, que sólo podemos explicar el principio acusatorio de forma simplista, aseverando que: el acusador (Ministerio Público) y quien emite las decisiones jurisdiccionales (Jueces) no pueden ser la misma persona, y para que se emita la condena es necesario que se cuente con la acusación.
¿Por qué el principio acusatorio se toma como base para definir el proceso penal sin considerar para ello el sistema penal y el contexto institucional?
Es evidente que, el contexto institucional resulta necesario para definir a un sistema penal como acusatorio; claro, si para ello tomamos como parámetro la práctica jurídica que de éste emana, y se contrasta con el proceso inquisitivo mixto que implica en su esencia limitar y restringir Derechos Fundamentales de naturaleza procesal.
Lo que nos llevará a identificar las amplias facultades que se le han otorgado al Ministerio Público, rompiendo con ello con la igualdad procesal y sin perder de vista el protagonismo que tienen los Jueces al defender su rol protagonista como buscadores de la verdad.
Si analizamos lo anterior, habremos también de identificar la vigencia y/o limitación de las garantías de naturaleza procesal en el proceso penal a partir del Derecho Penal del enemigo.
A efecto de avanzar en nuestro esfuerzo por identificar el impacto del principio acusatorio en nuestro sistema de justicia penal, es necesario distinguir entre la lógica inquisitiva y la lógica acusatoria, como modalidades que definen un proceso penal.
II.- Conclusiones
Como abogado postulante, considero que los académicos deberían aclarar los planteamientos previamente formulados, e ir más allá, a efectos de definir los siguientes tópicos desde la perspectiva del common law y desde la perspectiva del acusatorio formal propia del sistema continental europeo:
- En el common law qué define el proceso penal: ¿El principio acusatorio o el Due Process of Law?
- ¿El término “acusatorio” qué aporta como principio a un proceso penal?
- ¿Es lo mismo el principio acusatorio que el Due Process of Law?
- ¿Qué facultades y atribuciones tienen los Jueces en el proceso penal acusatorio y oral?
- ¿Es necesario decantarnos por Jueces que sean terceros imparciales, o es necesario, pensar que no son imparciales y que tienen facultades para dirigir el debate y buscar la verdad (lo realmente importante es precisar si estanos ante un principio que permita su confeccionamiento orgánico o procesal)?
- ¿El tratamiento que se le da a la libertad como principio debe ser el verdadero parámetro supra determinante en la calificación de un sistema de Derecho Penal?
- ¿Qué estándares debemos seguir respecto de las destrezas que imponen las técnicas de litigación oral?
- ¿Qué estándares debemos seguir respecto de la valoración de las pruebas y los parámetros de la verdad en el proceso penal acusatorio y oral?
Nota importante: Se recomienda analizar la audiencia proyectada, así como los planteamientos formulados por el grupo y expuestos adecuadamente por nuestro amigo Fernando Alpuche.
Véase:
A.- Tesis:
[1] Conf. Ferrajoli, Luigi; Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995; ver p. 566.
Conferencias:
I.- Fernando Alpuche
Presentación Penalistas. CDMX. Julio 2017
II.- Roberto Martínez Hernández
Conferencia: “La prisión: antecedentes, retos y perspectivas en el nuevo sistema de justicia penal”
“Et lux in tenebris Lucet”
A.- ¿What works?
Questions and answers about prison reform
B.- GARLAND. David. La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Trad.: SOZZO, M. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005.
C.- Antropología Cultural
Marvin Harris
D.- Las Culturas Represivas de la Humanidad, Jesus Lalinde Abadia , Prensas Universitarias de Zaragoza, 1993.
E.- Del Sistema Penitenciario en Estados Unidos y su aplicación en Francia, Alexis de Tocqueville; Beaumont. G. D., Tecnos, 2005.
F.- Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX).
G.- Mitologías y discursos sobre el castigo. Historia del presente y posibles escenarios, Rivera Beiras, Iñaki, Anthropos, 2004.
Curso: “etapa intermedia”
Recientemente, tuvimos el privilegio de impartir en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma a excelentes alumnos, el módulo de etapa intermedia y en el mismo, consideramos los acertados planteamientos formulados por Alberto Binder; autor que desde el ámbito académico, nos precisa que: “Desde el punto de vista sustancial, la fase intermedia consiste en una discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o requerimientos conclusivos. Siempre, luego de ésta discusión preliminar, se produce una decisión judicial; si el Juez o Tribunal decide admitir la acusación, se dictará el auto de apertura a juicio oral, que es la decisión propia de esta fase; si no se admite la acusación se podrá decretar el sobreseimiento”.
Con la finalidad de entender lo que acontece en la audiencia desde la perspectiva mexicana, es necesario considerar el principio de contradicción y asimilar adecuadamente el objeto de la etapa intermedia 334 establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En este contexto, igualmente es indispensable asimilar las reglas de exclusión comprendidas en el 346 del código citado; luego entonces, se deben también comprender las reglas de INCORPORACIÓN de las pruebas en JUICIO ORAL (tratándose de una documental que NO fue materia de un ACUERDO PROBATORIO), lo anterior, con la finalidad de no perder de vista la obligación que tienen las partes de controvertir la prueba documental que no fue objeto de un acuerdo probatorio ante el Tribunal de juicio oral, pues ello atiende principalmente a los principios establecidos en el acápite del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por consecuencia necesaria, mediante el testigo correspondiente, pues con ello nos acotamos a lo establecido en la legislación invocada, y además, conforme a las reglas que imponen las destrezas de litigación oral establecidas principalmente en el artículo 348, 360 y 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en el caso que nos ocupa).
Entonces, es necesario identificar lo siguiente:
A.- La documental que es materia de un acuerdo probatorio (etapa intermedia); y
B.- La documental que NO es materia de un acuerdo probatorio y que necesariamente las partes deberán controvertir, incorporar y acreditar mediante un testigo (juicio oral).
C.- Las exigencias que imponen las destrezas de litigación oral.
Finalmente, en el ejemplo del vídeo debemos partir de los extremos que se comprenden en el artículo 383 del CNPP:
Incorporación de prueba
Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, previa su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.
Sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquella que haya sido previamente acreditada.
Véase:
a.- Los actos reclamables en etapa intermedia
b.- Diagrama de flujo de la audiencia
#UNAM #CU #IUSTÓPICO
DESCUBRIR EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO:
Conocer del proceso acusatorio exige hoy conocer el derecho desde los derechos humanos; contar con una teoría constitucional, porque “cualquier dato o prueba obtenido con violación de los derechos humanos será nulo”, como reza la teoría de los frutos del árbol envenenado, aunque deban analizarse esos medios desde la teoría de la supresión hipotética, esto es, cuando “provengan de una fuente independiente, exista un vínculo atenuado, o su descubrimiento sea inevitable.
Ya desde la iniciativa del Código Único del Senado se ofreció un procedimiento extraño que ha sido asumido por el Código Nacional de Procedimientos Penales que podrá ser equívoco en su interpretación y/o ambiguo en sus efectos, porque involucra erróneamente al imputado y, por ende, el derecho de defensa. Me refiero al proceso de “descubrimiento” que introduce el artículo 336 de esa iniciativa cuando dispone que “no podrá celebrarse la audiencia intermedia sin que previamente se hubiere llevado a cabo el descubrimiento probatorio entre las partes intervinientes”. Una institución que ya fue copiada en el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Me interesa mantener el argumento desde su génesis, esto es, desde la iniciativa del Senado, para conocer la figura que asume el Código Nacional y comprender, desde el inicio el error o el acierto. Los que “crean” con la norma ese nuevo “procedimiento” lo “explican” en la exposición de motivos, sin un previo estudio o análisis de estadística. Se proponen “el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa con el objeto que, entre ésta y el órgano acusador exista un previo intercambio de los medios probatorios que pretenden ofrecer para ser llevados a juicio, en términos de las reglas que se prevén para ello”.
No se ignore que se está redactando -para todo un país y para 31 entidades federativas- un conjunto de normas para facilitar el proceso penal, luego de 10 años de experiencia mexicana en el mismo. Los argumentos que “justifican” la figura procesal son contradictorios: primero atribuyen culpa a la defensa y, luego, admiten actos de deslealtad del Ministerio Público. En efecto, el procedimiento surge -según se dice-, de un “reclamo” del Ministerio Público.
“Hasta ahora, el Ministerio Público ha venido siendo la única parte obligada a realizar la entrega material a la defensa de todos los datos de prueba existentes en su carpeta de investigación, y, más aún, de aquéllos que sean beneficiosos a la defensa. Por su parte, hasta hoy la defensa no ha tenido la misma obligación, lo cual se ha traducido en una desigualdad en perjuicio de la institución persecutora de los delitos. Se trata de una fase dentro de la parte escrita de la etapa intermedia que se conoce como descubrimiento probatorio que hasta ahora no se ha previsto en los códigos procesales acusatorios que aplican en el país y, que se muestra como necesaria para garantizar un principio de igualdad de armas entre el órgano acusador y la defensa”. (Exposición de motivos)
No es al imputado –que no acusa, sino que se defiende- al que corresponde la carga de la prueba. Como bien lo indica la norma constitucional “al órgano acusador” (Cfr: Art. 20, A, V). Por eso, la institución se apoya en un criterio “ingenuo” y en un principio “falaz” que solo demuestra –con todo respeto-, ignorancia en la pragmática de la audiencia y en el desahogo de pruebas y desconocimiento de las técnicas de litigio y su fundamento procesal. Ingenuidad y falacia que conviene expresar –en este proceso de descubrimiento- para revelar, por un lado, la importancia de la contradicción en la inmediación del órgano jurisdiccional y, por otro, esa “triste” aceptación de que el proceso acusatorio es ya un proceso producto de la corrupción en muchas jurisdicciones.
Esa iniciativa descubría que “los años transcurridos y la experiencia ganada en los Estados de la República que aplican el acusatorio, acreditan que, no obstante el deber de objetividad y lealtad que rigen en esta materia la actuación del Ministerio Público, acontece que las viejas prácticas influenciadas por la aplicación del inquisitivo demuestran a la vez, que el órgano acusador en no pocas ocasiones oculta total o parcialmente al imputado y/ a su defensa datos probatorios que obran en su carpeta de investigación, o bien, no le hace entrega oportuna de los mismos afectando la defensa del acusado”.
Es común que, desde el Poder Ejecutivo los problemas se resuelvan –sin resolver- creando una comisión que los estudie. Nos pasa igual, ahora, en el proceso. Cuando hay corrupción, en lugar de hacer que las instituciones funcionen creamos otras para hacer que funcionen las que no lo hacen. En efecto, hemos exigido lealtad (Cfr: art. 128); objetividad (Cfr: art. 129). Hemos dicho que los “antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva” (Cfr: art. 259). Hemos procurado que toda prueba deba desahogarse ante el Juez que, en definitiva, debe resolver. La práctica ha considerado la entrega de una copia de la “carpeta de investigación” y, hemos podido exigir, en la propia audiencia, el tiempo requerido para estudiar la carpeta, aun cuando ese documento “no tenga valor”. Ahora producimos descubrimiento probatorio.
Se trata de una nueva figura procesal que ya es vieja y que procura lo que ya se había ordenado con fuerza constitucional. Al imputado, “le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso”. (Cfr: art. 20, B, VI). “El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa”.
No hace falta una audiencia de “descubrimiento probatorio” si el imputado y su abogado defensor han tenido acceso, desde un principio, a los registros. No hace falta si la acusación exige el ofrecimiento de los medios de prueba. Pero, si un mandato constitucional no se obedece, si dentro de la vacatio legis se admite por los “expertos” actos de corrupción en el conocimiento de los medios de prueba, no es posible admitir luego, con ingenuidad, un proceso de “descubrimiento” como el que se propone. Menos aún decir que “ante tales situaciones, la defensa no ha contado tampoco con un mecanismo de control efectivo que le garantice no sólo que el Ministerio Público le hará entrega oportuna de todos los datos de prueba que le requiera y obren en su carpeta de investigación que le permitan poder preparar con oportunidad su prueba y el ofrecimiento de sus medios de prueba”, porque solo esa frase demuestra la ausencia del Juez en el proceso y la falta de ética en el órgano acusador.
“Las reglas del descubrimiento probatorio son que, ningún dato de prueba que no se haya descubierto por las partes según corresponda, podrá ser utilizado en juicio como prueba, quedando obligadas las mismas, si pretenden su desahogo en juicio, no sólo a su descubrimiento sino a su ofrecimiento en la audiencia intermedia. Se prevé entonces la obligación del Ministerio Público de hacer entrega material a la defensa de absolutamente todos y cada uno de los datos probatorios con los que cuente en su carpeta de investigación y que no le hubiere hecho entrega anteriormente, o de aquéllos que le fueren solicitados, y de manera muy especial, los que le beneficien al acusado”.
Bajo ese criterio el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales dirá que “el descubrimiento probatorio a cargo del Ministerio Público, consiste en la entrega material a la defensa, de copia de los registros de la investigación, como del acceso que debe dar a la defensa respecto de las evidencias materiales recabadas durante la investigación. La entrega de las copias solicitadas y el acceso a las evidencias materiales referidas, deberá efectuarlo el Ministerio Público inmediatamente que le sea solicitado por la defensa. Por su parte, el descubrimiento probatorio a cargo de la defensa, consiste en la entrega material al Ministerio Público de copia de los registros con los que cuente y que pretenda ofrecerlos como medios de prueba para ser desahogados en juicio. La defensa sólo estará obligada a descubrir aquellos medios de prueba que pretenda llevar a juicio como prueba”.
La norma procesal que se comenta no soporta una Teoría del Proceso ni los principios propios del proceso acusatorio; no ha admitido la realidad de que el proceso penal busca la verdad para facilitar la reinserción del imputado a la sociedad y no vuelva a delinquir. La norma procesal no soporta el principio de cadena de custodia desde una Teoría de la Prueba. No ha entendido lo que significa defensa adecuada. La norma no comprende los principios de contradicción e inmediación. La norma no ha entendido las reformas en Derechos Humanos. No se entiende que el proceso acusatorio no es un proceso de “astutos” que procuran “salirse con la suya”. Es un procedimiento donde un país procura resolver un problema –el conflicto penal- y convoca a los suyos para encontrar respuestas. Como repite el Dr. Benavente Chorres, el proceso, porque es teleológico exige –con lectura y mandato constitucional- un proceso epistémico en el esclarecimiento de los hechos.
Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.
Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas.
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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.
En materia penal lo académico no puede ser derroche
Se dice que en ningún país del mundo se puede vivir bien siendo un académico. De hecho, cuando asumimos esta realidad profesional sabemos que no saldremos de ser unos humildes pobres, pero felices y agradecidos con Dios porque conocer y expresar el conocimiento es un don y como tal un talento.
No podemos olvidar que casi todo Iberoamérica aprendió Derecho en México y/o desde México. Las instituciones, la legislación, las normas, los mismos libros de texto y los manuales surgían de los estudiosos mexicanos. No creo que haya un abogado que no recuerde, con cariño, un autor, un libro, un texto mexicano, como fuente de su conocimiento. El Derecho de México se lee, con propiedad, en todas las Universidades Latinoamericanas. Sus instituciones jurídicas han servido de modelo a la mayoría de las leyes de casi todos los países de Centro y Sur América. ¿Qué paso entonces con el derecho penal y procesal penal? ¿En qué momentos se rompió esa cadena de aciertos? ¿Por qué nos encuentra distraídos la reforma procesal penal y la justicia integral para adolescentes, sin una teoría del proceso, sin una escuela del derecho procesal, sin ideas propias?
La ausencia de un Código de Procedimientos Penales después de la reforma constitucional de 1917 consolidó unas formas procesales equívocas. Llama la atención -desde la doctrina y desde la teoría del proceso penal-, la interpretación que se dio al modelo procedimental con el código federal de 1934. La consolidación de un “juez y parte” en la averiguación previa fortaleció –para el poder político-, la naturaleza inquisitiva del Ministerio Público. No extraña en el proceso la ausencia del “principio de defensa” y, la figura de un juez complaciente tanto en la administración de justicia ordinaria como en la constitucional.
La crisis del derecho penal de este siglo, en lugar de respuestas de solución, ha encontrado en la academia argumentos erróneos sobre el concepto de participación en la teoría del delito y una solución equívoca en la teoría del proceso, lo que viene produciendo, necesariamente, impunidad. La ausencia de una pragmática procesal nos enfrasca en discusiones sin respuestas propias y sin sentido normativo en las teorías de la culpabilidad. Tal parece que la teoría del conocimiento, vista desde el derecho penal, se hace cómplice de la impunidad y de la delincuencia, peor aun cuando la teoría de los derechos humanos solo se perfila desde la delincuencia, sin considerar –como corresponde al derecho público-, a las víctimas, a los ofendidos y a la sociedad en general.
Cuando procuramos encontrar en la historia alguna respuesta a los vacíos del derecho penal, a pesar de la importancia y prestigio que tienen los Institutos de Capacitación, me encuentro hoy ante un proceso de derroche académico en tres actos. Primero. Que un investigador en materia penal y procesal penal fomente una presentación del libro por la cual le pagan por dar la conferencia y alguno de sus “achichincles” vende los libros de su producción. Segundo. Que un investigador se invite a dar una conferencia sobre el tema de un libro –para la cual cobra y por la cual le pagan-, que en la conferencia promocione el libro y que igualmente, su pasante venda los libros fuera de la conferencia. Tercero. Que un investigador viaje a clases, conferencias, seminarios, lecciones inaugurales, etc., con sus libros y busque un pequeño esclavito, para vender sus publicaciones. Ese pequeño iluso es, por lo general, alguno de los organizadores del evento que no tiene la valentía de decirle, al experto, yo no estoy aquí para vender sus libros, ese no es mi trabajo.
¿Hay algo de malo en todo esto? Cuando alguien se centra en su libro y no en la cátedra desde la cual enseña; cuando alguien está más pendiente de que se venda el libro que preparar la clase; cuando alguien abandona la sistemática de las aulas para concentrarse en la pomposidad de las conferencias; cuando alguien aburre no solo en sus clases, sino en sus foros y finalmente en sus libros, se produce casi siempre una duda sobre la rectitud de su intención o propósito. Esto nos permitió conocer que muchos de los libros que compramos y utilizamos encuentran muchas distintas fuentes, la mayoría de ellas honradas, las propias de un profesor heroico que lo da todo para aprender y todo igualmente para enseñar; pero no todas las fuentes son claras, no todas son lícitas, no todas son propias.
Hay profesores que confeccionan una “antología” y la venden para que los alumnos cuenten con un texto de clase. Hay profesores que escriben un libro y lo exigen como material de clase, para que los alumnos se ayuden en el estudio de los temas. Hay profesores que traducen un libro al español, creyendo que los demás no conocen el idioma nativo, y le ponen su nombre, como si las ideas fueras suyas propias. Hay profesores que editan un libro compilando los trabajos que redactan sus alumnos en clase y, sin ninguna pena –a pesar del delito de plagio-, le ponen su nombre. Hay profesores que escriben un libro y luego otro y otro, repitiendo el mismo pero cambiándole el título. Hay profesores que escriben un libro y lo editan, con distinto título, en distintas editoriales. Hay profesores que ponen a otro profesional a escribir un libro y lo editan con su nombre. Hay investigadores que editan, como de su autoría, lo que han escrito sus pasantes. Hay profesores que escriben libros compilando los “pedacitos” de las tesis revisadas a sus alumnos de licenciatura, maestría y/o doctorado. ¿No les parece que, desde el derecho penal, se nos puede corromper la academia?
A todo esto se suma, ahora, una nueva figura del derroche académico que se podría llamar “indigencia académica”, por la pobreza intelectual que se descubre. Se trata de “expertos” que tienen una sola conferencia con distintos temas en boga. Lo importante no es la conferencia, ni si son o no expertos, sino, que el tema de la conferencia sea un tema en auge. La venden a buen precio pero nunca terminan de impartirla porque, en la introducción procuran “apasionar”; en el desarrollo, logran “ilusionar” para, en las conclusiones promocionar su libro. ¡Claro! Una conferencia así se puede repetir siempre, porque nunca termina. Es más, es posible ponerle el título que quieras. Vas a ella y no es posible enterarse de qué va, porque refiere ideas sin sentido, sin coherencia, sin un claro objetivo, sin el deseo de ofrecer conocimiento sobre un tema sino, que puedas comprar el libro si quieres saber de qué trata el tema. El problema no termina ahí. Cuando uno compra el libro y lo lee, su contenido es igual al de la conferencia.
Esta realidad la han tenido que enfrentar abogados postulantes, fiscales o agentes del Ministerio Público, jueces penales, defensores públicos, peritos, oficiales de policía, alumnos de maestría y/o especialidad, etc., en la implementación y capacitación para el Proceso Penal Acusatorio, no solo en los cursos financiados con ese objetivo por CONATRIB (2008-2009) y/o SETEC (2010-2013), sino en Diplomados, Especialidades y/o Maestrías en Institutos y/o en Universidades públicas y privadas. Programas mal elaborados, contenidos temáticos innecesarios, proyecciones académicas insustanciales, técnicas inventadas y/o copiadas de otros sistemas, que no se adecuan a nuestras necesidades; exigencias que no reúnen un mínimo de condiciones; talleres que no se adaptan a los principios que rigen nuestro propio proceso; respuestas que, en definitiva, no aclaran las preguntas ni ofrecen soluciones a nuestros problemas. ¡Claro! Sus libros, que antaño se llamaban “recetas de mi abuela” hoy se venden con el título “Mi abuela y el proceso acusatorio”. Es común que al explicar un tema a estos alumnos debamos aclarar, con la constitución en la mano -como argumento de autoridad-, que lo que les enseñaron ni es procesal penal acusatorio, ni es derecho penal, ni es teoría de los derechos humanos, ni son estrategias de litigio y menos derecho constitucional.
Desde el derecho penal y procesal penal México necesita que los académicos pongamos nuestra investigación y conocimientos al servicio de un proyecto que nos comprometa. Conviene que no se nos vaya la Nación que amamos a través de nuestras falsas letras. Que no paguemos la inversión que han hecho en nuestro desarrollo intelectual con un proyecto de mínimos. Que ningún alumno nos pueda señalar porque le hemos robado un tema. Que no tengamos que quitar la mirada a quien quiere hacernos una pregunta, porque no sabemos cómo responderla. Que no aceptemos nunca un aplauso por una línea, una página, un libro que no fue escrito por nosotros. Que nadie tenga que gastar el doble por comprarnos el mismo libro con distinto título. Que tengamos la humidad de admitir “de esto no se mucho o no sé nada” y, entonces, recomendar al que en verdad sabe.
A todos nos consta que la corrupción en México no es horizontal sino vertical. Desde la academia no nos sumemos a la corrupción que hunde las raíces de algunos pocos en este país para el que investigamos y ofrecemos nuestro criterio profesional. El conocimiento nos lleva a cambiar las cosas, nunca, a dejarlas como las hemos recibido y/o como las hemos encontrado. Si tenemos la capacidad de comprender que algo no está bien es porque igualmente tenemos la capacidad de ayudar a cambiarlo. Cuando esto escribo no ignoro que la ética no es para señalar a otro, sino, para aplicársela a uno mismo.
Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.
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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.
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40 FORMALISMOS TOTALMENTE INNECESARIOS
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Las audiencias del proceso penal acusatorio en México muestran hoy 40 formalismos que no encuentran sentido procesal y, por ende, deforman el sistema. Aún ello, los que no tienen práctica profesional en la materia y dedican su tiempo a capacitar en esto-, centran sus clases en esas técnicas y en esos defectos. La consecuencia, una generación perdida.
1. El discurso inicial. Por lo general, una o un encargado de sala introduce, con un discurso aburrido en innecesario, el inicio de las audiencias y la presencia de los jueces. Por lo general dura entre tres y cuatro minutos.
2. El uso del martillo
3. El uso de la toga
4. La constante referencia a la encargada de sala
5. La video grabación
6. Manos inteligentes y respirar con el diafragma
7. Los que han ingresado no pueden salir y los que han salido no pueden ingresar.
8. El Juez inicia la audiencia a la hora anunciada por la encargada de Sala y, vuelve a repetir la misma información que dio la encargada de Sala en su discursito.
9. El Juez solicita a las partes que hablen más claro y/o, que no se muevan del lugar, “para efectos de registro”.
10. El Juez solicita a las partes que se presenten, a quien, a la vez, deben informar de todos sus datos que ya constan en autos.
11. El Juez corrobora, con los carné, la personalidad de los sujetos procesales
12. El Juez toma nota de las calidades e identificación de las partes procesales, aun cuando su identificación –repito- consta en autos. Ya una Juez preguntó: “con h o sin h”; “con v y/o con b”; “cómo se escribe @”, “Fulgencio es apellido o nombre”.
13. Las partes no se pueden parar ni se pueden mover, porque deben salir en pantalla y debe video grabarse todo.
14. La pantalla plasma se mantiene encendida toda la audiencia, para que la oralidad permita comprobar la inmediación. Las personas están más pendientes de la “oralidad” de la pantalla, que la “inmediación” de las partes.
15. No es posible sacar el celular, ni siquiera, para recibir o enviar un mensaje.
16. La encargada de sala, no el Juez, mantiene la “disciplina” en la sala de vistas.
17. El Juez juega “ping pong” con las partes. Cada vez que una habla, da audiencia a la otra y, repite, aunque no hayan pedido réplica
18. El Juez, de oficio, ofrece réplica a las partes, cuando la réplica es estratégica.
19. Las partes se expresan sentadas, salvo que se les otorgue permiso para pararse.
20. Las partes no pueden caminar por la sala de vistas, salvo que se les de permiso, luego de pedirlo, para desplazarse en la sala.
21. Las partes solo pueden desplazarse en sala para enseñar un documento o evidencia, debiendo regresar al foco de su cámara, no sin antes pedir permiso y esperar que el Juez se lo conceda.
22. Nadie pone atención –en la oralidad-, porque el Juez está pendiente de su guion, la defensa de la pregunta que tiene que hacer y el fiscal repasa el discurso que ha preparado por escrito.
23. El Juez está más pendiente de tomar nota que de lo que se dice, lo que lo distrae de lo que ocurre en la sala. Se pierde el control del lenguaje corporal.
24. Se exige la “teoría del caso” para todo, cuando una teoría del caso es una estrategia y cuando cada audiencia tiene su propio tema.
25. Si una parte objeta, el Juez da audiencia a la objetante para que “fundamente” la objeción”.
26. De cada objeción, el Juez da audiencia a la parte que pregunta, para que justifique, contra la objeción, su posición “procesal”.
27. Algunos Presidentes de Tribunales de Juicio “deliberan”, con los otros miembros del Tribunal, sobre la objeción.
28. Las partes –entonces- utilizan la objeción para “medir” a la otra parte, para “cortar el ritmo” del testimonio, muchas veces para “molestar. El Juez resulta un cómplice de esta estrategia.
29. Si la parte no objeta, el Juez no corrige. El Juez cree que el control del interrogatorio y/o contra interrogatorio es asunto de las partes, a través de la objeción, no una obligación suya, como director de la audiencia.
30. Las partes utilizan preguntas capciosas, sugestivas, confusas, insidiosas, porque no saben cuestionar sobre el hecho, porque no saben de teoría del delito.
31. Cuando hay objeción, el Juez decide. Cuando no hay objeción, el Juez no decide. Cuando se ha admitido la objeción, ha quedado en la mente del testigo la insidia, la sugestión, la confusión, el objetivo del interrogador. Absurdo.
32. Las partes están más presentes de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, de lo que pueden preguntar y de lo que no pueden preguntar, que, al final, ni preguntan, ni exigen respuestas.
33. Más pendiente de lo que se puede y no se puede, las partes se sientan sin haber hecho la pregunta necesaria.
34. El Juez, luego de dar al imputado el derecho que tiene de guardar silencio, sin que su silencio signifique presunción de culpabilidad, lo interroga sobre sus calidades, tomando lentamente nota de toda esa información que ya consta en la carpeta administrativa.
35. El Juez, pregunta al imputado –que tiene derecho de guardar silencio- si le leyeron los derechos; cuando interesa que el Juez conozca si se los respetaron.
36. Cuando el imputado manifiesta al Juez que no le leyeron los derechos, el Juez se los lee.
37. El Imputado manifiesta al Juez que le han violado sus derechos y, quizá, lo han golpeado, torturado, etc., sin que encuentre respuesta
38. El Juez no tiene más guion, para la audiencia, que “lo que toca”. No logra comprender que es un Juez y, por ende, todo lo que ha ocurrido es importante.
39. El Juez, luego de que ha hablado el Ministerio Público, da audiencia al Abogado Defensor. Luego que han hablado los dos, pregunta al Ministerio Público “algo más”. Empieza otra vez el ping pong
40. El Juez le va “supliendo la queja” a las partes, conforme al orden del Código. ¿Alguno tiene algún incidente? ¿Alguno tiene alguna excepción? ¿Alguno tiene algo que decir? ¿Alguno tiene algún recurso?
Quedémonos con 40 formalismos. Si no ocurre nada de esto, ¿qué pasa? No pasa nada. El Sistema Acusatorio es algo más importante que todas estas formas innecesarias. Cada audiencia es la construcción del tipo penal, a través de la reproducción de la prueba, siguiendo, en lo posible, una estrategia de teoría del caso. Pero, es triste entrar en una Sala de Audiencias sin saber a qué hora vamos a salir; sin comprender por qué son tan casinas; para aburrirnos; para darnos cuenta -en Chihuahua, que fue la primera, y en Tamaulipas, que fue la última-, que en todas ocurre lo mismo.
Hemos aprendido formas porque las formas uniforman. Los Jueces creen que han hecho las cosas bien porque no se han salido del molde.
Nótese que no estoy analizando lo qué pasa en una Oficina de policía; en un Despacho del Ministerio Público; en la Administración de los Tribunales de Justicia; en las Oficinas de los Defensores Públicos. Tampoco estoy analizando los “problemas” en la escena del crimen, la cadena de custodia, la custodia de las evidencias, etc.
¿A qué vamos a una sala de audiencias? La respuesta debe ser: la realización de la justicia. Ante esta respuesta es posible percatarnos que, entonces, no fue a eso a lo que fuimos.
Dr. José Daniel Hidalgo Murillo.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
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Nota: Agradezco profundamente a mi amigo el permitirme compartir su interesante reflexión.